La mañana de este miércoles se reinstaló en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la audiencia para continuar conociendo la acción de protección interpuesta por el exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) Fausto Murillo, para evitar que quede en firme la remoción que decidió en su contra una mayoría del pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el 23 de abril último.

La diligencia se instaló en su primera jornada el 6 de mayo pasado con la presentación de los argumentos de las partes, es decir, el Consejo de Participación y la defensa del exvocal; mientras que en esta segunda parte se espera que participen quienes presentaron los dos amicus curiae a favor de Murillo y la defensa de Murillo ejecute la réplica a lo dicho para justificar la remoción.

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Esta es una nueva carta legal que se juega Murillo luego de que el Consejo de Participación decidió separarlo de su cargo debido a que el Ministerio del Trabajo solicitó al CPCCS “resolver sobre la cesación y remoción de las funciones” del entonces vocal Murillo, por reportar un “impedimento legal” para ejercer el cargo público.

La acción de protección planteada por Murillo va directamente contra la presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida; el vicepresidente del mismo organismo, Francisco Bravo; y los cinco consejeros que completan el CPCCS.

El juez Henry Navarrete, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Pichincha, está a cargo del caso y deberá al final de las intervenciones resolver si se violó algún derecho de Murillo cuando el CPCCS resolvió su remoción del cargo.

Fausto Murillo, vocal removido del Consejo de la Judicatura, presentó una acción penal en contra de cuatro miembros del CPCCS

Murillo, quien fue propuesto por la Asamblea Nacional y no tuvo impugnado, fue designado en enero de 2019 en un concurso por terna que realizó el Consejo de Participación Transitorio. (I)