A casi un año y un mes de que la jueza de Pichincha Ana Guerrón declaró la nulidad parcial del expediente contra 27 personas acusadas, en concurso ideal de delitos, de sabotaje, paralización de un servicio público y destrucción de registros, todos hechos ocurridos como parte del ataque al edificio de la Contraloría General del Estado (CGE), en las protestas sociales de octubre de 2019, en Quito se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio de la causa.

Por problemas de energía eléctrica en el Complejo Judicial Norte, en la capital, la diligencia arrancó pasadas las 10:00 de este lunes, una hora después de la hora fijada. La gran cantidad de sujetos procesales complicó de alguna forma también la instalación de la audiencia en la que se conocerá si la jueza llama a juicio o resuelve el sobreseimiento de varios o todos los procesados.

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Al igual que hace más de un año que se dio la primera audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en esta causa, la diligencia arrancó con el recuento entregado por los acusados de los vicios de procedimiento, competencia, entre otros, que podrían generar la nulidad de todo lo actuado hasta el momento en el proceso penal contra las 27 personas detenidas el 12 de octubre de 2019 por los daños ocurridos en el interior del edificio principal de la Contraloría, en Quito.

Por once días, en octubre de 2019, la capital ecuatoriana, al igual que otras ciudades del país, registró una paralización debido a protestas sociales contra medidas económicas que adoptó el Gobierno del presidente Lenín Moreno. Las movilizaciones se derivaron en actos de violencia contra ciudadanos e instalaciones de instituciones públicas.

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En marzo de 2020, Guerrón decidió la nulidad parcial debido a que la mayoría de las defensas alegaron que existe un vicio de procedimiento de fondo que provoca la nulidad del proceso, porque dejaba en indefensión a los procesados. Se alegó la inexistencia de un “obligatorio” peritaje sociológico y antropológico de los acusados, que en su mayoría son indígenas.

Ernesto Pazmiño, abogado de Lenín Y., Segundo P. y Danny F. y exdefensor público general, aseguró que el peritaje sociológico y antropológico realizado concluye que la “huelga del 2019” hay que analizarla desde una “perspectiva intercultural”, ya que “las movilizaciones son parte de la cultura indígena como única forma de protestar ante el poder ya que el Estado no ha realizado un necesario diálogo intercultural en un Estado Plurinacional como establece el artículo 1 de la Constitución”.

Según Pazmiño, el peritaje realizado establecería que muchos de los jóvenes indígenas que ingresaron al edificio de la CGE estaban por primera vez en Quito, vinieron por la convocatoria realizada por sus dirigentes y viajaron con la familia y las autoridades comunitarias, para participar en la movilización contra el alza de las gasolinas, lo cual sería parte de la cultura de los pueblos indígenas.

“Ingresaron con agua, vinagre y leche, para ayudar a otros indígenas y personas que estaban asfixiándose y entraron a la Contraloría para protegerse de los gases. Lo hicieron por solidaridad, un principio muy arraigado en los pueblos indígenas. El perito sugiere que se decline la competencia de la justicia ordinaria, lo que implicaría que se abstengan de continuar con el juicio penal”, dijo.

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Al igual que Pazmiño, varias de las defensas, esperan que la jueza Guerrón decline su competencia, como lo sugeriría el perito, o a su vez dicte el sobreseimiento de todos los procesados ya que incluso, explicaron, está demostrado en el proceso que el incendio del edificio se inició pasadas las 14:30 y a los acusados les detuvieron en horas de la mañana del día que ocurrieron los hechos. (I)