El asambleísta Rodrigo Collaguazo (ex AP), oficializó este 31 de marzo una denuncia en contra del legislador, Fabricio Villamar Jácome (ex CREO), por supuesta obtención irregular de un carné de discapacidad, con el cual habría obtenido beneficios tributarios.
El pasado 23 de marzo, el pleno de la Asamblea Nacional mediante resolución encargó al legislador Collaguazo, presentar la denuncia contra Villamar, tras conocer el informe presentado por la Comisión de Salud que investigó las irregularidades en la obtención de carnés de discapacidad en el sector público.
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Collaguazo en el pedido de investigación a Villamar señala que es necesario dejar un precedente respecto de actos ilegítimos e ilegales por parte de los legisladores, consecuentemente solicita que se continúe con el trámite de denuncia de conformidad con lo dispuesto en los artículos 163, 164 y 165 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa reformada, y pide que el Consejo de Administración Legislativa inicie el trámite y califique la denuncia planteada, y la remita al Comité de Ética a fin de se sustancie el proceso correspondiente.
Indica que después de que se conoció que figuras públicas como el asambleísta Fabricio Villamar y el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Christian Cruz, eran beneficiarios del carné de discapacidad, el Ministerio de Salud, informó, en un boletín, que en una revisión inicial, se confirmó que más de 2 281 carnés fueron entregados de manera irregular y que los mismos se encontraban en proceso de anulación.
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Por lo tanto, la Asamblea Nacional debe dar una respuesta sobre el caso del asambleísta Fabricio Villamar, por cuanto no ha realizado descargo respecto a la obtención de dicho carné, siendo necesario un baño de verdad y justicia al interno del legislativo.
En la solicitud de investigación se afirma que una de las principales conclusiones del informe de la Comisión de la Salud indica expresamente que el Ministerio de Salud Pública remitió una nómina de los asambleístas de los dos últimos períodos legislativos, que cuentan con carnés de discapacidad, informando que entre los legisladores con carné consta el asambleísta Pedro Fabricio Villamar Jácome; donde se establece que se ha detectado presuntas irregularidades en la obtención del carné de discapacidad del asambleísta ahora denunciado.
Que de la información remitida por la Secretaría Nacional de Aduana del Ecuador en el período de enero de 2013 al 12 de agosto de 2020, han existido importaciones de vehículos en el arancel del Ecuador denominado “Bienes para uso de discapacitados” (SIC), a nombre, entre otros, del asambleísta Villamar Jácome Pedro Fabricio, en el año 2020.
De igual manera que el Servicio de Rentas Internas (SRI), remitió el listado de beneficiarios de rebajas especiales por el uso y traslado de personas con discapacidad, impuesto anual a la propiedad de vehículos motorizados e impuesto ambiental a la contaminación vehicular, en el que aparece el asambleísta Fabricio Villamar, así como el listado de beneficiarios rebaja por discapacidad, con corte del 6 de agosto de 2020, en el que igualmente consta Villamar.
En la comparecencia ante la Comisión de Salud, que investigó el caso, el legislador Fabricio Villamar, en la que debía justificar la obtención del carné de discapacidad, argumentó que remitiría la documentación, una vez que le sea entregada por el Ministerio de Salud Pública.
La Comisión recomendó se inicie, respetando el debido proceso, el principio de inocencia y el derecho a la legitima defensa, la respectiva investigación según lo contempla el capítulo XIX de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre los deberes éticos, prohibiciones y sanciones a las y los asambleístas y conforme lo dispuesto en los artículos 165 y 166, concordantes con lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución.
Collaguazo señala que como Función legislativa se debe dejar sembrado un precedente para los futuros asambleístas, a fin de que entiendan que el legislador ejerce una función pública al servicio del país, consecuentemente que tiene que actuar con sentido nacional y por el contrario, si dicho funcionario realiza acciones fuera de sus competencias, para beneficiarse ilegítimamente que asuma su responsabilidad política con el pueblo, sea sancionado, destituido y juzgado por el soberano. (I)
