Ricardo Noboa Bejarano ha sido el “abogado silencioso” de los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños del Filanbanco, en temas civiles desde el 2012. En entrevista con EL UNIVERSO, el jurista da detalles de la demanda que estos entablaron en diciembre pasado contra el Estado ecuatoriano que busca un resarcimiento económico por unos $ 2.000 millones derivado de las incautaciones de sus bienes en el 2008 por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD). Los hermanos Isaías fueron sentenciados por peculado en el 2012, pero en el 2021 fueron declarados inocentes. Residen en Miami, Estados Unidos, desde hace más de 20 años.

La querella ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte de Guayas fue aceptada a trámite el 27 de diciembre pasado; ya fue notificada a las cuatro instituciones a las que alcanza (Banco Central del Ecuador, Inmobiliar, Superintendencia de Bancos y Procuraduría General del Estado) y que tienen hasta mediados de mayo para comparecer, pues actualmente hay vacancia judicial.

¿Qué buscan los Isaías con esta demanda?

Esta demanda es consecuencia de una serie de litigios civiles que se iniciaron en el 2012. En abril de ese año, la Ugedep (Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad) emite un título de crédito e inicia un juicio coactivo (contra los Isaías) por la suma de $ 477 millones, porque supuestamente habían dejado un hueco patrimonial de esa cifra. Ahí surge la primera contradicción, porque en la resolución de Carlos Bravo (exgerente de la AGD) para dar paso a las incautaciones de los bienes en el 2008 la cifra era de $ 661 millones.

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Que se basaba en la auditoría de Deloitte al Filanbanco...

Exacto. Y de pronto bajaron a $ 477 millones. Entonces comparecimos al coactivo administrativamente y dijimos: “Yo considero que no te debo nada porque te entregué un banco abierto y en funcionamiento, pero si tú dices que te debo $ 477 millones ya te los pagué de esta manera”. E hicimos un listado de los bienes y activos incautados. Y le dijimos a la Ugedep que archive el proceso porque no hay deudas. De ahí vino, como siempre, una serie de situaciones legales con la Ugedep, cuyo presidente en esa fecha era Pedro Delgado, y de pronto, ese mismo año en agosto, la institución saca una nueva liquidación, sin ton ni son, de la imaginación, que era de $ 1.088 millones. Suben la liquidación de $ 477 millones a $ 1.088 millones. Nos opusimos, y tras dos años (2014) de estar discutiendo en el juicio coactivo, la Ugedep demandó la insolvencia de los Isaías…

La lista que presentaron en el juicio coactivo era de los bienes incautados…

Sí. En aquella época hicimos una lista porque $ 477 millones se cubrían con ocho o diez bienes de los incautados. Pero cuando ya sacaron la otra cifra decidimos litigar en el juicio de insolvencia.

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La Agencia de Garantía de Depósitos incautó bienes a los exdueños de Filanbanco, los hermanos Isaías, en el 2008. Uno de ellos era el canal TC Televisión. Foto de Archivo

¿Qué resultados hubo en esos juicios de insolvencia?

En el juicio de insolvencia tú tienes derecho, como deudor, a que se haga un balance de tu situación. Si en un juicio de insolvencia me reclaman, por ejemplo, el pago de $ 1.000 y tengo una televisión y un sofá que valen más de $ 1.000, pues me tienen que dar la diferencia. Aquí pasó igual. El juicio de William avanzó más rápido, le pedimos al juez y al síndico de quiebra que haga un balance, y ahí comenzó un proceso que duró cuatro años porque los señores de la Ugedep no tenían información. Nosotros tuvimos que dársela, les dijimos estos son los bienes que nos incautaron, estas son las valoraciones que tenemos… Con esa información, ambos elaboraron un balance, que se conoció en una junta de acreedores en el 2018, que duró doce horas, y en ella el juez concluyó que los activos llegaban a $ 1.548 millones y que eran superiores a los pasivos por $ 1.088 millones, por lo tanto no subsistía la presunción de insolvencia. El Banco Central apeló la sentencia. Dos años después se ratificó y se cerró este capítulo. Pero el juicio de Roberto seguía abierto. Como la información del Central era muy mala nosotros continuamos investigando y aportamos con otra lista de bienes inmuebles que no estaban en el primer informe. El Central pretendió decir que dicha lista no se podía modificar; le contesté: ¿Es decir que porque nosotros no sabíamos y ustedes tampoco que estos otros bienes también estaban incautados se los van a robar? La Corte resolvió el 11 de marzo de 2021 que los casos de William y Roberto eran iguales, pues tenían la misma causa y que ya era cosa juzgada. Ahí se consolidaron todas las sentencias a favor de los hermanos Isaías reconociéndoles el derecho de poder exigir la diferencia entre los activos y la deuda establecida por el Estado. Si a $ 1.088 millones le restas $ 1.548 millones te queda un neto de activos.

¿El Estado no sabía qué bienes había incautado y qué valoración tenían? En notas de prensa del 2008 se menciona que fueron 195 bienes en la primera incautación y luego hubo otras.

Nunca tuvo esos datos. Entre la primera resolución del 2008 y la última pasaron unos cuatro o cinco años con las cuales se incautaban todos los días. Hay aproximadamente 100 resoluciones de incautación de la AGD y la Ugedep, sin inventario y sin avalúo. Una arbitrariedad sin nombre. Si tú incautas bienes en el 2008 y dices que el valor es de $ 661 millones, ¿cómo es posible que no hayas hecho un avalúo para saber si habías incautado lo que tú decías que se debía? ¿Cómo es posible que hayas incautado bienes por mil y pico millones cuando decías que la deuda era de $ 611 millones?

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Pero a lo largo del tiempo hubo además resoluciones de desincautación…

Sí, sí las hubo, la mayoría son a favor de personas que demostraron la real propiedad de sus bienes. Por ejemplo, recuerdo el caso del ingenio azucarero de Ecudos, en donde los Isaías no eran los únicos dueños; de Toni y otras empresas. Los bienes de los Isaías no se desincautaron jamás.

¿Qué beneficios tuvieron con esas sentencias?

Con esos fallos de Ecuador fuimos a Estados Unidos, porque la Procuraduría mantiene desde hace más de quince años un litigio con los Isaías, pues sostiene que el valor de los bienes incautados no era suficiente para pagar la deuda y quería llegar a los que tienen en Miami. Le dijimos al juez que existía esta sentencia en Ecuador y archivó el juicio hace unos ocho meses. La Procuraduría pidió al juez que reconsidere y no lo hizo. Y presentó una apelación. A todo esto hay que sumarle la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que concluyó que el mandato 13 les bloqueó a los Isaías su derecho al debido proceso en materia civil.

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El Filanbanco pasó a saneamiento en la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en diciembre de 1998. Foto de Archivo

Esa resolución no estableció que debían devolverse los bienes.

No, no lo dijo, pero le menciono esto porque los jueces en los casos de insolvencia recogen Ginebra en sus sentencias. Y hacen suya esa resolución, pues dicen que al tratarse de un tratado internacional tiene que respetarse.

Si bien el juez en los juicios de insolvencia les da vía libre para que reclamen esta diferencia, su demanda no busca eso sino que reclaman un resarcimiento de $ 2.000 millones…

Nosotros no estamos demandando la diferencia entre los activos y pasivos porque nosotros no aceptamos que le debemos al Estado esa cifra exorbitante de $ 1.088 millones. No aceptamos que hayan inventado esa cifra y han cargado gastos administrativos, impuestos no pagados, créditos vinculados, hicieron un champú.

¿De dónde salen esos $ 2.000 millones?

Sumamos tres rubros: la lista de activos incautados que son $ 1.548 millones, los intereses que esos bienes han dejado de producir desde el 2008 y los honorarios pagados a los abogados americanos en los últimos quince años que ascienden a $ 25 millones.

Es mucho dinero en abogados…

Quisiera que le pregunte a la Procuraduría cuánto les han pagado a los abogados americanos desde el 2008 para tratar de encontrar bienes de los Isaías en Miami para incautar. Son varios millones de dólares. Esta plata es del pueblo, los $ 25 millones son de los Isaías.

¿Y esperan que el Estado les pague los $ 2.000 millones? No hay dinero…

Proponemos al Estado una mediación y estamos aceptando que como parte de ella nos puedan restituir bienes incautados.

¿Como cuáles?

No lo sé, es pronto para decir esto. Obviamente bienes no vendidos. Los que fueron vendidos a terceros y que los compraron de buena fe, no. No queremos meternos en eso para nada.

¿Podría ser TC Televisión?

La frecuencia no porque esa le pertenece al Estado. Los inmuebles son parte de activos fijos y podrían ser parte de un proceso de conversaciones. Lo medular es que la demanda acepta que podemos entrar en una mediación y que se pueden recibir bienes.

Es decir que podrían bajarse de la cifra…

La mediación es un proceso que tiene su fuente en que las partes lleguen a un acuerdo voluntario…

¿Entonces sí?

Yo no le voy a contestar lo que usted quiere que le conteste (risas). Le contesto como abogado. Cada parte puede ceder, para eso hay que llegar a ese proceso.

El año pasado, la justicia declaró el estado de inocencia de los Isaías en el juicio penal por el delito de peculado. ¿Hay otros procesos derivados de este tema?

La restitución que se pide aquí no tiene nada que ver con el tema penal. Ellos renunciaron a pedir una indemnización por ello.

¿Cuál es el estatus migratorio actual de los Isaías?

La República del Ecuador autorizó hace unos ocho o diez meses la emisión de los pasaportes de los señores Isaías. Ellos pueden regresar al Ecuador mañana si quisieran.

¿Y quieren volver?

Han pasado 20 años desde que se fueron. Sus hijos, sus nietos son americanos, hay una vida construida en Estados Unidos. Esa es una decisión personal de ellos sobre la que no voy a opinar.

En los últimos días circuló en redes sociales un oficio en el que se lo designa árbitro ante el Ciadi. ¿Esto es un conflicto de intereses porque usted fue nominado por el Gobierno, que representa al Estado, y es ese mismo Estado el que tendría que pagarle el dinero a su cliente?

No hay conflicto de intereses, eso es un error. Yo soy un árbitro nominado por Ecuador, pero estoy prohibido de representarlo en ningún conflicto arbitral en el Ciadi. Puedo representar a Brasil, México, Perú, Nicaragua… no al Ecuador. Es como en el fútbol: el partido final de la Copa Ecuador-Argentina no lo puede arbitrar un ecuatoriano sino un brasileño. (I)