Los 22 precandidatos admitidos a participar en los comicios del 5 de febrero de 2023 deben aún sortear la etapa de impugnación ciudadana, en la que la ciudadanía o la sociedad civil puede objetar la resolución de calificación aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Desde el 15 de agosto y hasta este viernes estará abierta una etapa de impugnación ciudadana a la resolución del 11 de agosto pasado, mediante la cual el Consejo Electoral calificó a 22 precandidatos que habrían cumplido con los requisitos legales y a otros 168 que no fueron calificados al haberse detectado que no acreditaron dichos requisitos.

Dicha resolución emanó de un informe elaborado por la Comisión Verificadora de requisitos e inhabilidades que revisó los expedientes de un total de 191 personas que se inscribieron para participar en este proceso electoral, en el que también se elegirá a alcaldes, concejales, prefectos y vocales de juntas parroquiales.

El artículo 31 del instructivo para la elección por voto popular de estas autoridades determina que la resolución adoptada por el pleno del CNE sobre las candidaturas “podrá ser impugnada motivadamente”.

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Las solicitudes deberán presentarse en un plazo de cinco días, que fenece este 19 de agosto; y en única instancia el CNE resolverá la solicitud de impugnación en el término de tres días.

Activistas sociales, juristas y políticos constan en la nómina de inscritos para ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana

En el caso de aceptarse impugnaciones, el trámite para resolverlas se efectuará en una audiencia pública a la que comparecerán el postulante impugnado, quien podrá presentar los documentos de descargo observando el debido proceso.

Son 168 ciudadanos que no fueron calificados para participar porque no cumplieron, según la Comisión Verificadora (integrada por funcionarios electorales), varias disposiciones legales, entre las más observadas están mantener deudas con el Estado o no haber presentado referencias que acrediten haber estado vinculados a trabajo en la sociedad civil e iniciativas de lucha contra la corrupción.

Esa comisión verificadora concluyó que de los 191 inscritos apenas 22 cumplieron requisitos y no estaban inmersos en inhabilidades. Entre ellos están cinco vocales del Consejo de Participación que aspiran a ser reelegidos, también funcionarios y abogados en el libre ejercicio.

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Del CPCCS están María Fernanda Rivadeneira, David Rosero, Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y Mónica Moreira, quienes fueron electos en los comicios del 2019.

Rivadeneira es abogada y es parte de la actual mayoría del organismo junto a Estupiñán, esta última economista y servidora del CPCCS.

Rosero es ingeniero y fue vocal del Consejo en el periodo 2010-2015 y en la actualidad es parte de la minoría del pleno con Dávalos, quien fue funcionario del gobierno de Rafael Correa.

Moreira es consejera suplente, afín a la organización Red de Maestros que se instituyó en el régimen de Correa, y actualmente se desempeña como directora regional de Educación (Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos y Guayas), designada por el Ministerio de Educación en la actual gestión de Guillermo Lasso.

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Otras tres postulantes son funcionarias del Consejo, entre ellas Mónica Argüello, especialista en la subcoordinación de Rendición de Cuentas; María Boboy, analista de Rendición de Cuentas de Imbabura; y, Pamela Troya, reconocida activista de género, que se desempeña como subcoordinadora nacional de Transparencia.

También hay abogados en el libre ejercicio como Franco Loor, que ha ejercido la defensa técnica en procesos relacionados con el exvicepresidente de la República Jorge Glas, procesado por hechos de corrupción en la gestión de su coideario y amigo el expresidente Rafael Correa.

Otros abogados como Augusto Verduga y Jorge Núñez. Este último buscó ser parte de una comisión ciudadana para designar autoridades en el CPCCS; Jaqueline Ludeña, exsubsecretaria de Educación y directiva del Colegio de Ingenieros Mecánicos del Guayas.

Roger Vallejo, exfuncionario de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y de la Vicepresidencia de la República en el 2016, en la gestión de Jorge Glas.

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Otras precandidatas son Nicole Bonifaz, quien ha laborado en el Ministerio de Producción; Johanna Verdezoto (se define de los pueblos y nacionalidades), en la Procuraduría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.

Nanki Saant, indígena de la nacionalidad Shuar, un promotor de emprendimientos; Tatiana Sampedro, que trabajó junto al exalcalde de Quito Jorge Yunda; Carlos Espinosa Cordero, que participó en las elecciones del 2019 como candidato al CPCCS y es directivo en la Universidad Metropolitana.

El Consejo Electoral tiene tres días para resolver en única instancia sobre las solicitudes de impugnación que se planteen en contra de la resolución del 11 de agosto.

Luego se abrirá un periodo para que los precandidatos o ciudadanos impugnantes puedan recurrir al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), si consideran que el Consejo afectó sus derechos.

El TCE deberá resolver los recursos que lleguen a su sede, en al menos 33 días, pues de acuerdo con el calendario electoral, el próximo 23 de septiembre debería publicarse el listado final de los candidatos que estarán en la papeleta electoral. (I)