La remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) pasó a la Asamblea Nacional y la Comisión de Justicia aprobó una resolución para que se convoque a tres funcionarios y un exministro y se solicite toda la información que sustentó su salida.

El asambleísta Fausto Jarrín (UNES) planteó que se convoque al exministro del Trabajo Andrés Isch; el actual ministro del Trabajo, Patricio Donoso; el procurador del Estado, Íñigo Salvador; y, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, para que presenten su versión y criterio legal sobre el caso Murillo. La moción fue aprobada por mayoría.

Los consejeros del CPCCS fueron convocados a comparecer ante la Comisión de Justicia. En la mesa, la presidenta del Consejo, Sofía Almeida, así como los consejeros Juan Dávalos y Graciela Estupiñán ratificaron que la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura se basó en una certificación emitida por el exministro del Trabajo Andrés Isch, en la que señaló que Fausto Murillo tenía impedimento para ejercer cargo público.

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Almeida entregó un informe por escrito que a su criterio justifica la decisión tomada por el CPCCS; en tanto que Estupiñán reiteró que ellos actuaron con respeto a la norma legal, basados en la certificación que emitió el Ministerio del Trabajo, información que al momento se mantiene en la página web del Ministerio, afirmó.

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Dávalos indicó que lo que hizo el CPCCS es atender un requerimiento realizado por el Ministerio del Trabajo de remover al vocal del Consejo de la Judicatura, de no hacerlo podrían ser destituidos por la Contraloría General del Estado. “Nosotros no decidimos el reemplazo de Murillo, el que subió fue su suplente, cuya terna nació en la Asamblea Nacional”, puntualizó.

El consejero dijo que lo único que omitió en ese proceso de remoción es no tomar en cuenta el poder que tenía el exfuncionario dentro de la Función Judicial y en sector mediático por la campaña de desprestigio contra el CPCCS, anotó.

En cambio, la consejera María Fernanda Rivadeneira narró que el exministro Isch sustentó su pedido de remoción ante el CPCCS; pero que existe un nuevo pronunciamiento del Ministerio del Trabajo respecto a que el vocal del Consejo de la Judicatura no tiene impedimento para ejercer cargo público; por lo tanto, dijo que el CPCCS debe hacer un pronunciamiento y se tendría que convocar a una sesión extraordinaria para reconsiderar la salida de Murillo.

Si el Ministerio del Trabajo es quien certifica que no tiene impedimento para ejercer un cargo, es el momento de solicitar la revocatoria de la decisión planteada en el CPCCS, dijo Rivadeneira, quien fue una de las consejeras que dio su voto para la remoción del vocal del Consejo de la Judicatura.

La comparecencia de los consejeros del CPCCS fue solicitada por el asambleísta José Chimbo (PK), pues a su criterio existe un nuevo pronunciamiento del Ministerio del Trabajo en el sentido de que la disposición de la Ley de Servicio Público no es aplicable a los vocales del Consejo de la Judicatura, por lo tanto, Murillo no tiene impedimento para formar parte de la institución.

Según Chimbo, lo que se busca es conocer la base legal por la cual el CPCCS aprobó la remoción de Murillo, tomando en cuenta que los integrantes del Consejo de la Judicatura están sujetos al control político de la Asamblea Nacional y todo servidor público solo puede hacer lo que contempla la Constitución. (I)