Para este miércoles el Gobierno de Daniel Noboa espera por segunda ocasión la visita de la titular del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, cuya agenda se mantiene bajo reserva, aunque la revisión de los acuerdos en materia de seguridad marcará el diálogo bilateral.
El jefe de Estado, Daniel Noboa, confirmó el 31 de octubre pasado que la secretaria del Departamento de Seguridad (Homeland Security, en inglés), Kristi Noem, estará en el país entre el 5 y 6 de noviembre, aunque no ahondó en detalles.
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La funcionaria estadounidense estuvo en Ecuador en julio de 2025 y suscribió un acuerdo para facilitar el intercambio de oficiales para capacitación en materia de seguridad.
Kristi Noem es la octava secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, nombrada por el presidente norteamericano, Donald Trump, y, antes de esta función, fue gobernadora de Dakota del Sur e integrante de la Cámara de Representantes de ese país.
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De acuerdo con un despacho oficial, nació en Dakota del Sur, “es ganadera, agricultora, propietaria de una pequeña empresa y orgullosa madre y abuela”.
Ella está al frente de esta entidad que en su país es “responsable de la lucha contra el terrorismo, la seguridad cibernética, la seguridad de la aviación, la seguridad fronteriza, la seguridad portuaria, la seguridad marítima, la administración y el cumplimiento de nuestras leyes de inmigración”, entre otros delitos.
Su presencia se da en tanto en el país corre una campaña electoral para promocionar el sí y el no a cuatro preguntas de referéndum y consulta popular, propuestas por Daniel Noboa y que, en una de ellas, se plantea reformar el artículo 5 de la Constitución para que se permita la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.
El mandatario aspira a que pueda funcionar una instalación en Manta (Manabí) o Salinas (Santa Elena); y hasta hace días se analizaba que se pueda instalar otra base en Baltra, en las islas Galápagos, pero luego descartó esta posibilidad.
Entre Ecuador y Estados Unidos están vigentes, entre otros, dos tratados internacionales que se impulsaron desde la administración de Lenín Moreno; y los concretó la presidencia de Guillermo Lasso, quien firmó los documentos denominados Acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas y Acuerdo relativo al estatuto de las Fuerzas.
Con el acuerdo sobre actividades marítimas transnacionales ilícitas se busca la cooperación en aplicación de la ley entre los dos Estados para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades ilícitas y se harían solamente contra buques sospechosos, incluidos los buques sin nacionalidad.
El acuerdo aclara que serán la Armada del Ecuador y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos los que realizarán acciones para prevenir, debilitar y suprimir el tráfico ilícito de drogas.
También, la delincuencia organizada transnacional; el tráfico ilícito por mar de migrantes; la proliferación de armas de destrucción masiva, químicas, bacteriológicas y tóxicas, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Sobre el Acuerdo relativo al estatuto de las Fuerzas, este permite que el personal militar y civil de los Estados Unidos pueda estar presente temporalmente en el territorio del Ecuador con relación a visitas de buques, entrenamiento, ejercicios, actividades humanitarias tales como respuestas a desastres naturales y provocados por el hombre.
En actividades de cooperación para abordar retos de seguridad compartidos, entre ellos, el tráfico ilícito, el terrorismo internacional y la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, y otras actividades mutuamente acordadas.
A raíz de estos dos acuerdos, desde diciembre de 2024 están vigentes una normativa que viabiliza el Proyecto de Seguridad Integral en la Región Insular y el Instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos.
En este articulado, aprobado por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de las Galápagos, se enumeran los requisitos que debe acreditar el personal de las fuerzas armadas, civiles y contratistas estadounidenses para ingresar a las islas, como son su pasaporte válido y vigente y la identificación de su gobierno.
Su personal, buques y aeronaves estarán exonerados de las tasas de ingreso por conservación de áreas naturales protegidas de las Galápagos y la tasa administrativa para ingreso de vehículos.
No obstante, deberán acogerse a las normas “cultura, orden público, paz y seguridad ciudadana; se respetará la soberanía nacional y el marco legal dentro del cual operan, incluyendo el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales”, detalla la resolución.
En una disposición general se establece que en el caso de que requieran adecuar o construir facilidades adicionales a las instaladas en los puertos o aeropuertos locales, las deberán coordinar con las autoridades y sujetas a la normativa.
Estados Unidos ha comprometido asignación de recursos para el Ecuador en combate al crimen organizado, como la asignación de $ 7’600.000 para la vigilancia marítima y el combate a la minería ilegal.
Ahí por ejemplo, se planteó que los fondos se destinen al equipamiento y profesionalización en los puertos de Guayaquil, Manta, Machala, Galápagos y un proyecto para combatir la minería ilegal de oro, según un convenio suscrito en el 2024.
Otro acuerdo es para establecer un Plan de Acción Nacional con el que se apoyará al Ministerio de Defensa para enfrentar las amenazas y propone aumentar las estrategias de defensa de las Galápagos.
Un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador menciona que en septiembre pasado llegó a Ecuador el almirante de la Marina de los Estados Unidos Alvin Holsey, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), para oficializar la donación de un radar para monitorear el espacio aéreo y detectar actividades ilícitas. El lugar de su ubicación se desconoce por cuestiones de seguridad nacional. (I)