La audiencia de juicio contra el informático sueco Ola Bini, amigo del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, acusado del supuesto delito de acceso no autorizado a un sistema informático en Ecuador, se reinstala este lunes en el Complejo Judicial Norte de Quito.

La vista, cuya apertura estaba inicialmente prevista en la mañana, se vio retrasada por la falta de traductor para el acusado, por lo que se reanuda en la tarde en una sala del mencionado complejo.

Su abogado, Carlos Soria, manifestó al inicio de la jornada su confianza en que “las pruebas sean las que hablen por el proceso y se dejen de hacer acusaciones sobre algo que jamás ocurrió, no hubo ni ningún delito ni ningún acceso”.

El letrado insistió en que a lo largo del caso se han producido más de un centenar de violaciones al debido proceso y así lo han constatado más de cien organizaciones nacionales e internacionales, además de un informe elaborado por ONG de la sociedad civil que dan cuenta de presuntas inconsistencias y falta de conocimientos por parte de los organismos competentes sobre la labor informática.

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Soria recordó que en las tres vistas realizadas en el marco del juicio que se inició en enero pasado, más de cien testigos han prestado testimonio sobre la labor del experto en software, y adujo que el caso ha sido conducido bajo “un desconocimiento terrible y una persecución iniciada en el gobierno de Lenín Moreno”.

Bini, de 40 años, fue arrestado el 11 de abril de 2019 cuando se disponía a abandonar Quito con destino a Japón, unas horas después de que el Gobierno de Ecuador, presidido entonces por Moreno (2017-2021), pusiera fin al asilo de Assange en su embajada en Londres.

Según la Fiscalía, Bini habría accedido sin autorización al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la petrolera estatal Petroecuador y de la antigua Secretaría Nacional de Inteligencia.

El informe elaborado por las ONG observadoras y difundido recientemente apuntó a que hay evidencias de irregularidades procesales que han afectado tanto la rapidez del procedimiento, como del debido proceso legal en general.

Este caso debió haber sido procesado en 2019, pero fue pospuesto en varias ocasiones por diferentes motivos, incluido los generados por la pandemia. (I)