Tras la revocatoria de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, en Quimsacocha (Azuay), la Alcaldía de Cuenca y la Prefectura de Azuay son las que deberán asumir la responsabilidad de la decisión que se ha tomado, señaló el Gobierno nacional.
El Ministerio de Ambiente y Energía informó el pasado 4 de octubre que se revocó la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, ubicado en Quimsacocha, en Azuay, y que se otorgó a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM).
Las consecuencias de esta decisión serán responsabilidad del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, y del prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, afirmó la vocera de la Presidencia de la República, Carolina Jaramillo, en la habitual declaración de prensa de los lunes, en respuesta a las inquietudes de los periodistas.
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Jaramillo dijo que la revocatoria de la licencia se basa en los informes de las dos autoridades locales, por lo que se pasó a la revocatoria del proyecto.
“Tienen una enorme responsabilidad de la decisión que se ha tomado”, opinó.
Sobre esos informes, el gobierno de Daniel Noboa resolvió revocar la licencia ambiental y se cumplió con lo ofrecido porque con “los cuencanos y Cuenca no se juega. Hay que estar expectantes de lo que hagan las autoridades”, agregó.
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Su mensaje también fue parte de un comunicado que se difundió días atrás por parte de la Presidencia de la República, en el que se mencionó que serán las autoridades locales las que deberán responder por la veracidad, la consistencia y la responsabilidad técnica de los informes que pusieron en consideración del Gobierno para el procedimiento.
La información que entregaron las autoridades locales darían cuenta de que el entonces Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental (Etapa) señalaron que el proyecto podría contaminar las fuentes de agua, pero estos informes fueron archivados en Quito.
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De su lado, la Prefectura de Azuay expuso hallazgos de un análisis que se desarrolló antes de la emisión de la licencia que concluiría que el proyecto es incompatible e inviable en el páramo de Quimsacocha. (I)
