No hay una normativa que explique el significado de “grave conmoción social”, de acuerdo con abogados constitucionalistas, pero sí existe un dictamen de la Corte Constitucional (CC) que expone escenarios en los cuales puede aplicarse la causal que evocó la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional.

Esta comisión, dentro de su informe sobre la investigación de los Pandora Papers y sus supuestos nexos con el presidente Guillermo Lasso, concluyó que la indagación es “un hecho de gran interés ciudadano que ha generado conmoción social”.

Y en sus recomendaciones indicó que hay inobservancia por parte del Ejecutivo al Pacto Ético, aprobado mediante consulta popular en el 2017 y a la Ley Orgánica de aplicación de la consulta popular, “lo que configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el artículo 130.2 de la Constitución, por grave conmoción social y afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales”.

Este artículo describe el procedimiento de destitución de un mandatario por parte de la Asamblea Nacional que termina, en resumen, en una “muerte cruzada”.

Publicidad

En el dictamen n.º 3-19-EE-2019 que se refiere a la minería ilegal y otras situaciones en la parroquia La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, la Corte Constitucional explica el significado de “conmoción interna”.

Esta implica, indica la sentencia, la “real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atenten gravemente en contra del ejercicio de los derechos constitucionales, la estabilidad institucional, la seguridad y la convivencia normal de la ciudadanía”.

Guillermo Lasso no está obligado a comparecer a comisiones de la Asamblea, salvo en casos de proceso de destitución e informe de labores

Y hay otro escenario: los hechos que configuran una situación de grave conmoción interna deben generar una considerable alarma social. Y que estos suelen ser reportados por los medios de comunicación de manera frecuente.

La CC emitió en el 2019 este dictamen favorable para la declaratoria del estado de excepción por la grave conmoción interna en la parroquia La Merced de Buenos Aires.

Publicidad

En ese caso, la Corte consideró que las actividades delictivas, vinculadas a la minería, configuran una situación de extrema gravedad para la integridad de los habitantes de la parroquia. Además, que tienen un alcance de tal magnitud que generan alarma al punto de alterar el orden social y ecológico de la zona.

Ahora, la investigación sobre la supuesta vinculación de Lasso en los Pandora Papers no se ajusta a esa descripción, así que no encaja en la causal de destitución “por grave crisis política y conmoción interna”, de acuerdo con los constitucionalistas André Benavides y Rafael Oyarte.

“La grave conmoción interna para efectos de la declaración de un estado de excepción (como ocurrió en la parroquia La Merced de Buenos Aires) no es lo mismo que una conmoción interna para destituir al presidente. La causal tiene dos conceptos que deben presentarse de modo simultáneo y unívoco: grave crisis política y conmoción interna. No es cualquier conmoción, como que en desorden en las calles haya causal, tiene que haber una grave crisis y a partir de eso producirse la conmoción interna”, explicó Oyarte.

Ministerio de Gobierno afirma que se está gestando un golpe de Estado en Ecuador tras informe de Comisión de la Asamblea Nacional

Ejemplificó que un caso con esas características es el derrocamiento de Abdalá Bucaram en 1997.

Publicidad

Oyarte señaló que las actuaciones de Bucaram por casos de corrupción y los desórdenes públicos que generó donde pedían su salida es un claro ejemplo de “grave crisis política y conmoción interna”.

Por eso, considera que los Pandora Papers no se acercan al numeral 2 del artículo 130 de la Constitución. Y afirmó que el informe está mal elaborado.

Con esto concuerda Benavides, quien indicó que el informe no tiene un mensaje jurídico sino político. “Lo que se está pretendiendo es allanar el camino para una eventual destitución del presidente, pero jurídicamente no se configura la causal”, dijo.

Benavides aseguró que otro escenario más cercano donde pudo aplicarse esta causal fue el 30 de septiembre de 2010, cuando se produjo la revuelta policial.

Publicidad

Por eso, Oyarte señaló que “mandar a un grupo de personas a las calles a violentar a la ciudadanía, bienes públicos y privados” no significa que se aplique la causal.

Se requiere de una consecución: la crisis política y la conmoción interna.

El informe de mayoría de la comisión tuvo seis votos a favor de José Cabascango, Édgar Quezada y Mario Ruiz (Pachakutik); Victoria Desintonio, Paola Cabezas y Fernanda Astudillo (UNES). En contra se pronunciaron Virgilio Saquicela y Gruber Zambrano (BAN), en tanto que Sofía Sánchez (Minka-Pachakutik) se abstuvo.

Bloques legislativos afinan posturas políticas frente al informe de los Pandora Papers

Saquicela presentó un informe de minoría, firmado también por Zambrano. En el documento mencionan que no existe la conmoción social. “Sorprende el uso de esta terminología cuando no se han registrado alteraciones del orden público en el país, generadas por el asunto que se presenta para investigación, ni ha debido destinarse especial atención de la fuerza pública para contener hecho alguno que se asemeje a una situación como a la que hace referencia dicha expresión”, señala el documento.

Por ello, recomendó que la comisión envíe la información a la Fiscalía y Contraloría y que se archive el proceso de investigación. (I)