El gobierno de Guillermo Lasso se mide, este 24 de marzo, frente a la Asamblea Nacional cuando se someterá a votación el proyecto económico urgente para atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital. No existen votos, pero las negociaciones se intensifican para lograr convencer a las bancadas Pachakutik e Izquierda Democrática.

Los delegados de las bancadas Unión por la Esperanza (UNES) y Pachakutik (PK) volvieron a votar en contra del texto final del proyecto urgente para la atracción de inversiones que preparó la Comisión de Desarrollo Económico y que este jueves entra a votación en el pleno cuando vence el plazo para su trámite. Las dos bancadas al igual que la Izquierda Democrática (ID) mantienen su posición de negar y archivar el proyecto urgente.

Gobierno gana tiempo para buscar los 70 votos que permitan aprobar el proyecto urgente de inversiones

En el texto final de la Comisión solo se revisaron y modificaron los textos de tres artículos: 52, 73 y la disposición transitoria decimoséptima, que tienen relación con los beneficios del proponente privado; prohibición de asociaciones público-privadas con respecto al agua; y, los plazos para nuevos concursos de méritos para la regulación del personal de salud de primera línea que no pudieron acogerse a la Ley Humanitaria.

Eso motivó a que el legislador Cristian Yucailla (PK) ratifique su voto en contra del informe, pues insistió en que la observación principal de su bancada era la eliminación del libro 1.

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Carlos Zambrano, delegado de UNES ante la mesa, manifestó que las tres modificaciones aplicadas son positivas, sin embargo, como bancada realizaron varias observaciones y se mantienen firmes en ello, principalmente, en las reformas al Código Monetario que no fueron recogidas. Que no ha existido apertura, que puede pasar el informe en la mesa, pero habrá que esperar la votación en el pleno, pues aún hay líneas rojas que atentan contra los derechos de los ecuatorianos.

La representante de la ID, María Teresa Velásquez, suplente de Wilma Andrade que está fuera del país, en Indonesia, protestó porque no fueron acogidas las observaciones de su bancada. Pero en vista del trabajo de la Comisión “voy a dar viabilidad y siendo consecuente con el Gobierno, mi voto es a favor”, dijo.

El representante de la Bancada oficialista Acuerdo Nacional (BAN), Francisco Jiménez, al razonar el voto por el texto final dijo que hay tres cosas que no se pueden negar: que el debate ha sido con las cartas sobre la mesa de cada bancada; que se ha intentado hacer el mejor texto posible con sus matices; y, que la Comisión cumplió con su trabajo con la Asamblea y el país.

El presidente de la Comisión, Daniel Noboa (EU), en cambio, señaló que con el nuevo texto se avanza, que todavía hay tiempo y que se puede llegar a consensos para contar con los votos de UNES y Pachakutik, que ojalá se logre sacar hasta 100 votos en el pleno.

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Pidió a los legisladores votar por lo que dice en el papel y no por intenciones, que eso es guiarse más por un chisme que por lo que dice el articulado.

Manifestó que la salida frente a la falta de votos para aprobar el proyecto urgente la tiene el Gobierno, pues se entiende que está conversando con algunas bancadas para ver si a último momento se logran los 70 votos.

La asambleísta oficialista Nathalie Arias (BAN) se mostró optimista de que este jueves obtendrán los 70 votos a favor de la ley urgente, que mientras se producen pronunciamientos radicales de Pachakutik respecto al proyecto urgente también se realizan reuniones.

Diez razones para el archivo

Las bancadas Unión por la Esperanza (UNES) y el movimiento Pachakutik (PK), identifican al menos diez razones por las cuales se debería archivar el proyecto de ley para atracción de inversiones, por eso plantearon a través del legislador Darwin Pereira la moción de negar y archivar la propuesta. Estos son los motivos:

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  1. No fomenta o potencializa la inversión productiva.
  2. Propicia la inversión extractivista, que impide los encadenamientos productivos y no mejora la actividad económica interna.
  3. Propende al traspaso de la propiedad de activos estatales al sector inversionista privado, nacional y extranjero.
  4. No produce las condiciones necesarias para la atracción de inversión productiva.
  5. Transforma las políticas públicas en gestión empresarial concerniente al sector privado.
  6. Posibilita la exclusión en el acceso a los servicios públicos delegados al sector privado.
  7. Genera una pérdida social ya que los pagos por los servicios públicos delegados deben incluir la utilidad del privado que antes no existía.
  8. Permite que el lucro del sector privado sea cubierto por la sociedad directamente o indirectamente a través del Estado.
  9. Posibilita la especulación financiera en banca a la sombra a través de títulos valores.
  10. Permite a los inversionistas privados, a los que el Estado les delega gestión, la especulación financiera con sus utilidades extraídas de la sociedad y del propio Estado.

Ambos sectores señalan que la propuesta del Ejecutivo busca la privatización del Estado, para la cual faculta al presidente de la República delegar al sector privado el manejo y ejecución de la gestión de la política pública, que abarca todo el sector público, en contradicción con la excepcionalidad establecida en la Constitución de la República.

Además señalan que el proyecto de urgencia en materia económica no pone límites a la rentabilidad de los proyectos que presente la iniciativa privada para participar en la delegación de la política pública, por lo que será el pueblo quien asumirá el costo que tiene cada uno de los servicios públicos más las correspondientes utilidades que ganará el inversionista.

Que el contenido del proyecto abre las puertas al inversionista privado (posiblemente extranjero) para que obtenga créditos en las instituciones financieras públicas del país, para financiar sus proyectos de inversión, produciéndose como consecuencia el lucro del inversionista privado a costa del dinero del pueblo ecuatoriano.

Según Pachakutik, el proyecto plantea el traspaso de la propiedad de los activos estatales al sector privado, facilitando que la inversión vaya por el camino del extractivismo y la especulación, no por la vía de ser una inversión productiva, ya que el inversionista privado solo explotará la estructura ya existente y no la mejorará, no fortalecerá los encadenamientos productivos porque le convendrán los monopolios.

En definitiva consideran que el articulado que compone el cuerpo normativo planteado no se adecua a varias disposiciones constitucionales, por lo que, de producirse su aprobación, la consecuencia será la vulneración de los derechos constitucionales del pueblo ecuatoriano. (I)