La noche del martes 20 de febrero el Gobierno entregó a la Asamblea Nacional la proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2024, que se fijó en un monto de $ 35.536 millones, confirmó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La proforma se envió a los 90 días de la posesión del presidente de la República, Daniel Noboa.

Se contemplan asignaciones por $ 3.519 millones para el Gabinete de Seguridad, lo que, según el Ejecutivo, representa un aumento de $ 214 millones en comparación con el presupuesto devengado.

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Para el Sistema Nacional de Salud se presupuestaron $ 4.491 millones, para educación básica y bachillerato $ 4.641 millones. Carondelet sostiene que los valores para ambos sectores cumplen con el incremento del 0,5 % del producto interno bruto (PIB).

Se destinarán $ 1.295 millones para bonos sociales y $ 3.082 millones para entidades de seguridad social: IESS, Issfa e Isspol.

Finanzas aclaró que la proforma no incluye los ingresos que se percibirán por la recién aprobada Ley para atender el conflicto armado interno, que incluye el alza del IVA y contribuciones especiales.

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Una vez que la norma sea publicada en el Registro Oficial, los valores serán incorporados en el presupuesto fiscal. Dichos recursos se emplearán en seguridad y a subir las asignaciones de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD).

En cuanto a los supuestos macroeconómicos, se establecieron de la siguiente manera:

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  • PIB nominal: $ 121.710 millones
  • Crecimiento real del PIB: 0,8 %
  • Inflación promedio: 2,1 %
  • Precio promedio del barril de petróleo: $ 66,7
  • Volumen de producción de crudo: 156 millones de barriles

Se estiman ingresos totales para la proforma en $ 24.039 millones, en tanto que los gastos se prevén en $ 28.848 millones, lo que arroja un déficit fiscal de $ 4.809 millones.

El Plan Anual de Inversiones (PAI) abarca $ 1.734 millones, con lo que se financiará la construcción de nuevas cárceles, equipamiento policial, recuperación operativa de las Fuerzas Armadas, programas de desarrollo amazónico, infraestructura educativa y hospitalaria, entre otros usos.

Según el comunicado compartido por Finanzas, la proforma se sujeta al Plan Nacional de Desarrollo, cuyos objetivos se centran en la generación de empleo, mejorar las condiciones de vida de la población, seguridad y estimular el sistema económico.

La Asamblea Nacional tiene 30 días para dar trámite a la proforma presupuestaria.

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Instantes previos al envío al Parlamento, el presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 171, con el que declaró la excepcionalidad para que los egresos permanentes de salud, educación y justicia puedan ser financiados con ingresos no permanentes. (I)