Con el fin de que el Estado ecuatoriano sea definido como víctima en un proceso penal por blanqueo de capitales abierto en Panamá y que tendría relación con los sentenciados por el delito de cohecho, ocurrido dentro de la trama de corrupción de Petroecuador, el procurador general del Estado, Íñigo Salvador, presentó, la mañana de este martes, la documentación respectiva ante el Juzgado Tercero de Causas Penales de Panamá.

La Procuraduría General del Estado (PGE) en enero de 2021 ya hablaba de que existía un aproximado de $ 4 millones congelados en cuentas en Panamá, los cuales se sospechaba estaban relacionados con la causa por cohecho que tiene una sentencia en firme y en proceso de ejecución en Ecuador contra trece personas, entre ellas, los ex gerentes de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli y Álex Bravo.

Cohecho en caso Petroecuador: 5 años de prisión para Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli

Según la PGE, las autoridades panameñas alertaron a Ecuador que, además de los $ 4 millones depositados en bancos de Panamá, Pareja Yannuzzelli, Bravo y otros enviaron $ 1 millón a ese país. En total en Panamá existirían $ 5 millones de los condenados por cohecho, los cuales, se asegura desde la Procuraduría, deben ser recuperados y repatriados, pues son recursos ‘robados a los ecuatorianos’.

Junto a los cinco años de cárcel que se determinó para los exgerentes Pareja Yannuzzelli y Bravo; Paquita de Mora, Arturo Escobar, exasesores de gerencia de Petroecuador; los contratistas Glenda Meza, Ramiro Luque, Humberto Guarderas, Andrés Baquerizo, Arturo Pinzón y Jaime Baquerizo, señalados como autores del cohecho cometido; y los dos años y seis meses para cómplices como Sonia Calero, Rosa Pareja y Carlos Pareja Avilés, el Tribunal de Juzgamiento ordeno que todos deben pagar $ 12´604.979 de reparación y $ 37´813.886 de pena pecuniaria.

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Durante la audiencia de juicio en 2017 se aseguró que el cohecho en este caso se cometió entre 2012 y 2016, cuando Pareja Yannuzzelli, Bravo, Escobar y De Mora, aprovechándose de sus cargos como funcionarios públicos, recibieron y entregaron “transferencias indebidas” de dinero a cambio de contratos en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

Para el 2017 investigaciones de la Fiscalía determinaban que entre el 2012 y el 2016, para este caso, se generaron 17 contratos principales y 18 complementarios que superan los $ 258 millones dentro del programa de rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas.

PGE pide a tribunal la "ejecución forzosa y embargo de los bienes" a nombre de los 13 sentenciados por cohecho en caso Petroecuador

Según la teoría fiscal, para concretar las transferencias de esta organización delictiva se crearon en Panamá las empresas off shore Girbra de Bravo, Escart de Escobar y Capaya de Pareja Yannuzzelli. Una vez constituidas, explicó Fiscalía, mediante cuentas abiertas en bancos de Panamá, las off shore empezaron a recibir y enviar transferencias económicas relacionadas con los hechos investigados.

Miguel Revelo, abogado de Pareja Yannuzzelli, reconoció que en una cuenta en la empresa Capaya, en Panamá, existen $ 240.000, que no son de Pareja Yannuzzelli, sino de Álex Bravo y la empresa Azul, que serían quienes hicieron las transferencias. El abogado insiste en que su cliente no tiene recursos ni para pagar a su defensa y peor para cancelar sentencias que, dice, son políticas y en las que se le ha tomado como “un chivo expiatorio”.

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En enero del 2021, como parte de la sentencia en firme por el delito de cohecho ocurrido en el interior de la estatal Petroecuador, la PGE solicitó al Tribunal de Ejecución del caso en Pichincha que inicie la ejecución forzosa y embargo de los bienes a nombre de los trece sentenciados.

El pedido se hizo una vez que la Procuraduría obtuvo de Inmobiliar, instancia pública encargada de administrar bienes relacionados con procesos judiciales, una lista de la cual se desprendería que existen al menos 20 bienes entre viviendas, oficinas, y automóviles de propiedad de los treces condenados.

En horas de la tarde de este 11 de enero, el procurador Salvador se reunió con su similar de Panamá, Enrique Caraballo, y con la canciller panameña Ericka Mouynes para establecer acciones conjuntas entre Ecuador y Panamá para recuperar el dinero producto de casos de corrupción. A Salvador le acompañó en la reunión el director de la Unidad de Recuperación de Activos de la PGE, Santiago Terán.

“La recuperación de los activos producto de la corrupción es una política prioritaria del Estado ecuatoriano”, resaltó Salvador en la cita con las autoridades panameñas. (I)