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Procesado en caso Isspol-Bonos en Ecuador coopera con la justicia de Estados Unidos y relata la trama de corrupción en la Seguridad Social de la Policía

Este lunes 17 de julio, en la tercera jornada de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Isspol-Bonos, la Fiscalía continuará fundamentando su dictamen.

Quito. 09/01/2022. En el Complejo Judicial Norte se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso por peculado denominado Isspol-Bonos. Carlos Granja/El Universo. Foto: El Universo

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Este lunes, 17 de julio, desde las 09:30, se instalará en el Complejo Judicial Norte, de Quito, la tercera jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra diez personas a las que la Fiscalía acusa de un peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol).

El fiscal Álex Castillo, la tarde del lunes 10 de julio pasado, en lo que fue la reinstalación de una audiencia que estaba suspendida desde enero último, dio a conocer su dictamen acusatorio contra los diez supuestos autores del peculado analizado.

Desde ese momento Castillo viene fundamentando su dictamen contra Jorge Chérrez, representante de IBcorp Investments y de otras de sus empresas en las que el Isspol habría invertido aproximadamente $ 70 millones; los generales (s. p.) exdirectores del Isspol Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño; Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, John Luzuriaga y Orlando Núques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente, y los empresarios Carlos Carbo Cox y Luis Álvarez.

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A todos ellos la Fiscalía los investiga por supuestamente haber sido parte de un peculado ocurrido en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos.

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Los $ 216 millones de este denominado caso Isspol-Bonos, sostiene el actual director del Isspol, coronel Renato González, son parte de un “atraco” cercano a los $ 950 millones, cantidad que bordearía el 60 % del patrimonio del Seguro Social de la Policía. Respecto a la trama de corrupción Isspol existirían hasta el momento cerca de 20 investigaciones abiertas que están en distintas etapas: de juzgamiento, llamamiento a juicio, de evaluación y preparatoria de juicio e investigación previa.

Pero la investigación de este desfalco a los dineros de inversión de los asegurados de la Policía Nacional tiene una contraparte en Estados Unidos. En ese país ya han recibido sentencia dos de los ahora procesados en el caso Isspol-Bonos: Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y exintegrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil, y John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol.

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Según el coronel González, ambos asumieron haber recibido casi $ 4,1 millones en sobornos de Jorge Chérrez.

Luzuriaga y Chérrez fueron acusados en febrero de 2021 formalmente de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, así lo informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Para esas autoridades los dos serían parte de una trama de corrupción en la que se habrían entregado de parte de Chérrez millones de dólares a funcionarios de diversos rangos en el Isspol.

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Debido a estos pagos ilícitos ocurridos entre el 2014 y el 2020, según las denuncias presentadas en el distrito sur de Florida, desde Estados Unidos se ha emitido una orden de arresto contra Chérrez. A finales de 2022 se conoció que Luzuriaga, quien aseguró que se entregó a las autoridades estadounidenses y no lo detuvieron, fue condenado por la jueza Kathleen M. Williams, de la Corte del Distrito Sur de la Florida, a cuatro años y diez meses de cárcel por conspiración para lavar activos.

Mientras tanto, la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés), mediante una notificación roja publicada el 7 de septiembre de 2022, busca a Chérrez a pedido de la justicia de Ecuador. El pedido de extradición apunta a México, pues es en ese país donde la Interpol registró un último movimiento migratorio, al haber él ingresado en calidad de residente permanente por unidad familiar, el 16 de enero de 2021, en un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá.

Hace pocas semanas, Luis Álvarez, habría accedido a una reducción de un tercio de la pena al colaborar con un Tribunal del Distrito Sur de la Florida. En el documento con el cual acepta una reducción de la sentencia ofrece el exgerente del Decevale dar información sobre la trama y relatar el esquema completo de la estafa. La cooperación de Álvarez, quien salió del país en octubre de 2020, incluyó una reunión con agentes y fiscales y la entrega de un resumen histórico del esquema que operó entre el Isspol y el Decevale.

De 26 meses de cárcel inicialmente señalados para Álvarez se le redujo a seis meses de prisión y se le definieron tres años de libertad condicional, que incluye los seis primeros meses pagando un arresto domiciliario.

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“En el escrito presentado por Luis Álvarez se ratifican dos hechos fundamentales. El primero es algo que termina de configurar esta estela de crimen organizado-político-económico-transnacional, como lo hemos denominado, y que son asesinatos. Para nosotros estos señalamientos que hace Álvarez lo único que confirman es la gravedad del caso. No tenemos conocimiento de a qué personas se asesinó. (...) Cuando nosotros hablamos de crimen organizado el aspecto de asesinatos nunca puede descartarse y ahí está demostrado”, sostuvo González, quien adelantó que pedirán a la Fiscalía que active el mecanismo de asistencia penal internacional para que la información que está en manos de la justicia de Estados Unidos pueda venir a Ecuador y se agregue a los diferentes procesos penales existentes en nuestro país.

Álvarez en el escrito presentado por su abogado Paul Petruzzi manifiesta que colaboró con la justicia estadounidense pese a que tuvo conocimiento de que una serie de personas, al igual que él, intentaron colaborar y fueron amenazadas en unos casos y han muerto en otros.

La colaboración de Álvarez, según Estados Unidos, ayudó a identificar cómplices de la trama que actualmente son acusados y otros que no lo han sido, incluidos policías de alto rango y oficiales en Ecuador. También lo señalado en la cooperación fue fundamental en la preparación de solicitud de extradición de Chérrez, para la acusación de Luzuriaga y para identificar los activos involucrados en este esquema de corrupción. Se habla de que Luis Álvarez recibió $ 3,1 millones de sobornos para ser parte de la organización que operó.

“Estos datos que van apareciendo van confirmando que todavía falta llegar a los titiriteros de estos títeres que aparecían como los actores principales. Tras Jorge Chérrez hay una serie de poderes políticos que todavía permanecen fuera del radar. No me parece raro que existan otros uniformados, porque ya no visten el uniforme, que hayan participado de estos atracos. No me sorprendería tampoco que tal vez alguien en servicio activo haya participado”, apuntó González.

Las irregulares inversiones ocurridas en el Isspol están ubicadas temporalmente entre los 2013 y 2019 y fue en julio de 2020 que la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo; el a ese momento comandante general de la Policía, Patricio Carrillo, y el hoy exdirector del Isspol, Jorge Villarroel, en una rueda de prensa alertaron de las irregularidades ocurridas en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Luego llegó la denuncia en Fiscalía, instancia que paulatinamente abrió investigaciones.

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Irene Pérez, jueza penal de Pichincha, continuará este lunes escuchando la fundamentación del dictamen acusatorio del fiscal Castillo. Luego se anunciarán las pruebas periciales, testimoniales y documentales que la Fiscalía expondrá en un eventual juzgamiento. Al terminar su exposición la acusación oficial, será el turno de los abogados del Isspol, como acusadores particulares, de plantear los argumentos que presentará si la jueza decide que hay elementos suficientes para decidir que un Tribunal debe escuchar a las partes en una audiencia de juzgamiento.

Finalmente será el turno de las defensas de cada uno de los acusados para rechazar la teoría de Fiscalía y explicar cuáles son los elementos con que cuentan para la siguiente fase, de ser esa la decisión. Se ha anunciado que la audiencia podría durar hasta el 21 de julio próximo.

Las fechas del 17 de julio y el 21 de julio para esta audiencia se han ratificado por la jueza Irene Pérez, pese a que el conjuez nacional que lleva el caso Sinohydro solicitó que pueda considerarse no reinstalar la diligencia en las fechas definidas, pues se impediría que se continúe con una audiencia sobre medidas cautelares en una causa en la que son procesadas 40 personas y está por concluir la fase de instrucción fiscal.

Una vez que concluya la audiencia de Isspol-Bonos se conocerá el tiempo que se tomará la jueza Pérez para deliberar y evaluar lo escuchado en los días de audiencia. Entre las decisiones que podría adoptar está el emitir un auto de llamamiento a juicio o sobreseer a los implicados. (I)

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