Para este jueves, 16 de octubre, desde las 08:45, la jueza Carla Olalla, de la Unidad de Violencia contra la Mujer y la Familia de Pichincha, convoca a la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio a quienes son parte del proceso penal en el que se investiga a Santiago Díaz Asque, legislador suspendido que era parte de los registros del movimiento de la Revolución Ciudadana (RC), por la violación de una niña de 12 años de edad.

El llamado a la audiencia se da luego de casi un mes de que se cerraron los 60 días de instrucción fiscal dispuestos durante la formulación de cargos dada el 22 de julio pasado. La instrucción fiscal arrancó solo horas después de que el aún asambleísta nacional Santiago Díaz Asque se entregara en el sector de Tumbaco, en el nororiente de Quito, a la justicia. La jueza Olalla le definió la medida cautelar de prisión preventiva.

Para sustentar la teoría del caso contra el ciudadano de 56 años acusado, la Fiscalía presentó 25 elementos de convicción y solicitó que se le dictara prisión preventiva, pues —se dijo— no existían garantías de que el entonces legislador compareciera a las instancias del proceso, tomando en cuenta, además, que el sospechoso evadió a la justicia durante varios días, tal como constaba en los partes policiales presentados en la diligencia.

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Asambleísta Santiago Díaz, investigado por presunta violación, y Pablo Muentes, sentenciado en el caso Purga, fueron trasladados a La Roca.

Entre los principales elementos expuestos por la Fiscalía en la audiencia consta el testimonio anticipado rendido por la niña, las versiones de su padre, de su madre y su hermana. Estos últimos relatos coincidieron con lo que la víctima expuso respecto a los hechos que habrían ocurrido en diciembre de 2024 y que son investigados por la Fiscalía.

Además, se presentaron partes policiales de los allanamientos ejecutados en la casa del procesado, en donde se levantaron como indicios teléfonos celulares, credenciales y una memoria flash.

La jueza Olalla, una vez evidenció que existían presunciones respecto a una posible conducta delictiva del imputado, relacionada con el delito de violación, dio paso al inicio de la instrucción fiscal, cuyo plazo era de 60 días.

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Ante la denuncia de la supuesta violación, la Fiscalía abrió una investigación previa y realizó, entre el 9 y el 13 de julio pasados, cinco allanamientos en los que se incautaron documentos, dispositivos electrónicos, diez celulares, entre otros indicios. Al analizarse un delito de violación y estar involucrada una menor de edad, el proceso se lleva con reserva.

Joan Paul Egred, defensa de la parte acusadora, define el caso como “complejo”, principalmente por la carga política que lo rodea. Pese a ello, explica, las pericias realizadas dentro de la etapa de instrucción social determinarían con claridad la materialidad de la infracción, es decir, la comisión del delito de violación. Además, recuerda, la víctima habría identificado con claridad al victimario. “Esperemos que se haga justicia y se dicte el auto de llamamiento a juicio”, apuntó.

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El 29 de julio pasado, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) conoció la certificación sobre la existencia de una orden de prisión preventiva contra el legislador Santiago Díaz Asque, dentro de una causa en la que era investigado por la presunta comisión de un delito de naturaleza sexual contra una menor de edad. El documento fue remitido por la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y la Familia del Distrito Metropolitano de Quito.

Con esa notificación y con base en los artículos 6 y 11 del Reglamento de Multas por Ausencias y Atrasos de los Asambleístas, que regulan las consecuencias de la ausencia injustificada, así como la suspensión de derechos en caso de privación de libertad u otras circunstancias que impidan el cumplimiento de sus funciones, el CAL resolvió suspender todos los derechos parlamentarios de Díaz Asque mientras dure la medida cautelar de prisión preventiva.

Días antes de que cierre la etapa de instrucción fiscal en este caso, el legislador suspendido fue trasladado desde la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, hasta la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de Quito. Díaz Asque y el exlegislador socialcristiano sentenciado en el caso Purga, Pablo Muentes, fueron trasladados desde la Cárcel 4 hacia La Roca el 5 de agosto pasado, debido a una alerta de amenaza contra la integridad de ambos.

Ese traslado quedó insubsistente para el legislador suspendido, quien además fue separado del bloque y del movimiento de la RC, pues el 18 de septiembre pasado, en la noche, él ya fue ingresado en la Cárcel 4 nuevamente. (I)

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