“Nosotros hicimos (la denuncia) en el proceso, justamente a la hora y media o dos horas (de) que había pasado esto (ataque a la caravana presidencial), y eso va a seguir su curso. (...) Estamos esperando el reconocimiento (de la firma en la denuncia) para comenzar a entregar, adicional a lo que hicimos, más información que tenemos”.
Esa fue la respuesta que dio la ministra del Ambiente, Inés Manzano, este lunes, 13 de octubre, al explicar el avance de la denuncia por una posible “tentativa de asesinato”, la cual fue colocada el 7 de octubre pasado, luego del ataque violento que sufrió en el cantón El Tambo, provincia de Cañar, la caravana en la que viajaba el presidente Daniel Noboa.
Manzano aclaró que la denuncia la hizo la Secretaría de Comunicación y que ella firmó como la abogada. “Nosotros hicimos la redacción dentro del Ministerio de Ambiente y Energía para apoyar en ese momento porque, para nosotros, si tiras piedras, si es con palos, con lanzas o es con proyectiles, nosotros lo que tenemos que ver es que eso es una tentativa de asesinato, para nosotros”, indicó en una entrevista en TC Televisión.
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La ministra tiene claro que la Fiscalía tiene que seguir con el curso de la investigación y refirió que la Secretaría de Comunicación estaría haciendo la parte de lo que le corresponde. Aparentemente ya existiría un llamado para reconocer la firma en la denuncia hecha.
El 8 de octubre pasado, la jueza penal del cantón Azogues Érika Álvarez resolvió que fue ilegal la aprehensión de María Ana Ch. Q., Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. C. y Luis Humberto Y. G., quienes fueron detenidos un día antes, luego de lo ocurrido con la caravana en la que viajaba el presidente Noboa en Cañar.
La fiscal de la Unidot Martha Villamarín Paredes, luego de conocer la decisión de la jueza Álvarez, la cual incluía la inmediata emisión de boletas de libertad para los sospechosos, dejó sentado en la audiencia que la decisión tomada por jueza impidió que se active el órgano jurisdiccional. Pese a ello, aclaró, la Fiscalía continuará con la investigación previa para que el caso no quede en la impunidad.
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En la audiencia contra los cinco sospechosos se discutió sobre la legalidad de la aprehensión, pero no se formularon cargos desde la Fiscalía contra ellos por ataque o resistencia en concurso real de infracciones con el delito de daño a bien ajeno, que eran las infracciones penales, como lo preveía la Fiscalía.
Álvarez declaró como ilegal la aprehensión debido a que habrían existido violaciones al debido proceso al no leerles sus derechos en el momento adecuado o al mantenerlos incomunicados de sus abogados o sus familiares, entre otros hechos. (I)
