En un comunicado público, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura se refirió a la aprobación del llamado “Protocolo de acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para el reconocimiento de la identidad de género en la comunidad educativa”.

El documento está en vigencia desde el pasado 27 de octubre, cuando se publicó en el Registro Oficial. Y plantea entre sus disposiciones que los centros educativos deben implementar medidas que “garanticen y respeten el uso del ‘nombre social’ de los niños, niñas y adolescentes”, así como “promover los baños como un espacio seguro y respetuoso ‘para todos’” y hasta “promover el uso del uniforme escolar de manera homogénea para todos los estudiantes”.

El ministerio señaló que este protocolo se elaboró en cumplimiento de la sentencia 95-18-EP/24 de la Corte Constitucional (CC).

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“Este instrumento, que responde a una obligación legal dispuesta por la Corte, se desarrolló con enfoque técnico, pedagógico y humanista, sin promover ideologías de género ni agendas doctrinarias. Su objetivo es fortalecer entornos educativos seguros, la convivencia armónica y el rol fundamental de las familias”, se mencionó en el comunicado.

Agregó: “El Gobierno nacional y el ministerio mantienen una posición firme e inquebrantable en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en el respeto a los valores y convicciones de las familias ecuatorianas, núcleo fundamental de la sociedad”.

“Se rechaza toda imposición ideológica que distorsione el sentido humanista, científico y técnico de la educación. El compromiso institucional es garantizar una educación de calidad, libre de adoctrinamientos, que promueva la dignidad humana, la inclusión y el respeto mutuo”, concluyó el texto.

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Este protocolo generó cuestionamientos de grupos de activistas profamilia que pidieron al presidente Daniel Noboa que sea derogado.

El 24 de noviembre de 2024, la CC se pronunció respecto a una acción extraordinaria de protección relacionada con el caso de una niña, de 5 años, que fue discriminada en una escuela de Santa Elena.

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Los hechos se produjeron desde octubre de 2017, cuando la Defensoría del Pueblo, en representación de una pareja (padre y madre), impulsó una acción de protección en contra de una unidad educativa de esa jurisdicción porque no acompañó a la niña “en su proceso de congruencia de género”. Esta se admitió a trámite en 2018.

Los jueces constitucionales consideraron que la escuela adoptó medidas de tipo abstentivo, como rechazar el empleo del nombre social, le impidió utilizar el baño de las niñas, le prohibió que utilice el uniforme consonante a su identidad de género y requirió informes de “transexualidad” para poder reunirse con los padres. Esto “impidió que la niña pueda ejercer su derecho a la identidad de género”, según el fallo.

Una de las medidas de reparación fue que el ministerio elaborara, en un plazo de seis meses, una “guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el sistema educativo nacional”. (I)