Unos 7.023 casos de violencia sexual se han cometido dentro del sistema educativo ecuatoriano. Así lo revela el Gobierno Nacional, en su proyecto de enmienda parcial al artículo 393 de la Constitución de la República, con el fin de permitir la castración química en los casos de violación.
La propuesta fue enviada a la Corte Constitucional la noche del viernes, 11 de julio de 2025, e incluye la pregunta y los argumentos que sustentan la iniciativa del Ejecutivo.
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En el documento, el Ejecutivo detalla que en la Fiscalía General del Estado se identificaron 7.023 casos de violencia sexual cometidos dentro del sistema educativo.
De estos, precisa el texto, en 3.214 denuncias se atribuyen la responsabilidad a docentes; en 109 casos a las autoridades; en 100 al personal administrativo; en 163 al personal de limpieza; y en 3.437 casos a compañeros de aula.
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El proyecto, firmado por Daniel Noboa, señala que estos casos de violencia sexual “pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las barreras de ingreso y permanencia de agresores en entornos con presencia infantil”.
Adicionalmente, reza el documento, pese a que el 97% de los casos han sido denunciados, los niveles de revictimización son preocupantes.
“Esto muestra la necesidad de implementar medidas estructurales en relación a los delitos de índole sexual”, agrega.
Asimismo, en 12 puntos, el Gobierno expuso que “Ecuador atraviesa una crisis estructural de seguridad y derechos humanos que ha expuesto de forma alarmante a niñas, niños y adolescentes a múltiples formas de violencia, entre ellas, la violencia sexual”.
Además, dice que de acuerdo con la información disponible en el sistema informático del Consejo de la Judicatura (SATJE), entre el 10 de agosto de 2014 y 31 de mayo de 2025, la Función Judicial registró 71.270 procesos ingresados por delitos sexuales, de los que el 22% fueron cometidos contra niños, niñas y adolescentes.
En tanto, el documento detalla que, de acuerdo con cifras del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía General del Estado, de cada 10 víctimas de violación, 6 corresponden a niñas, niños y adolescentes.
A pesar de que el 97% de los casos de violencia sexual registrados han sido denunciados ante la Fiscalía General del Estado, los patrones de reincidencia y revictimización persisten, indica la propuesta.
Con estos antecedentes, el presidente Daniel Noboa envió la pregunta para enmendar el artículo 393 de la Constitución. La interrogante plantea:
¿Está usted de acuerdo con que se enmiende el artículo 393 de la Constitución, a fin de que la Asamblea Nacional, a través de la ley, implemente un mecanismo de castración química para personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación; y, que también contemple la creación de un registro de aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sexuales, el cual será de carácter confidencial, y cuya única finalidad será la de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes?
El Gobierno Nacional busca modificar este artículo de la Carta Magna, que, actualmente, dice:
“El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos”.
¿Qué pide el Ejecutivo a la Corte Constitucional?
En el proyecto de enmienda, Daniel Noboa, solicita al organismo constitucional que “efectúe el control previo, en un primer momento del proyecto de reforma parcial a la Constitución que se presenta y que, a través de un dictamen se pronuncie respecto de la vía a través de la cual se lo debe tramitar”.
En caso de que la Corte Constitucional, tras realizar un control previo de constitucionalidad, emita un dictamen de admisibilidad, la propuesta de enmienda parcial pasará a la Asamblea Nacional, que deberá tramitar la iniciativa.
El titular del Parlamento, Niels Olsen anticipó que se respaldará “toda acción que ponga fin a la impunidad”.
La idea de enmendar la Constitución para permitir la castración química en casos de violación se generó en el marco de la denuncia en contra del asambleísta Santiago Díaz, por un presunto caso de violación a una menor de edad.
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