En el marco de la formulación de cargos contra cuatro sospechosos de ser los autores intelectuales del crimen del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, el miércoles, 3 de septiembre de 2025, sus hijas Amanda y Tamia Villavicencio anunciaron que han pedido ser parte del Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Amanda Villavicencio contó que se hizo este pedido porque han sido víctimas de hostigamiento y amenazas por parte de aquellos que fueron señalados como posibles culpables: el exministro José Serrano, el exlegislador Ronny Aleaga, el ciudadano Xavier Jordán, procesado en el caso Metástasis, y Daniel Salcedo, sentenciado en varios casos de corrupción judicial y de la salud.
Actualmente, según el último informe de rendición de cuentas de la Fiscalía, que corresponde al periodo de enero a diciembre de 2024, más de 1.200 personas son parte del Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT).
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¿En qué consiste este sistema?
Dicho sistema fue creado en la Constitución de la República, en donde se dispuso que sea la Fiscalía General la que lo dirija aplicando enfoques de derechos humanos, dignidad humana, no discriminación, interculturalidad, género y territorialidad. De acuerdo con información de la Fiscalía, “el SPAVT tiene la potestad de coordinar la obligatoria participación de las entidades públicas afines a los intereses y objetivos del sistema y articular la participación de organizaciones de la sociedad civil”.
El SPAVT tiene como misión salvaguardar la integridad física y psicológica de la víctimas, testigos y otros participantes que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de su participación en una causa penal de acción pública, en todas sus etapas, incluida la fase preprocesal.
Asimismo, es un proyecto desconcentrado en las 24 provincias del país y cuenta con un equipo interdisciplinario en las áreas técnicas de psicología, trabajo social, jurídica y para la protección con el apoyo de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Policía Judicial.
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Según el informe de labores de la Fiscalía, hasta el 31 de diciembre se registró en el SPAVT a 1.225 personas protegidas activas.
De este total, detalla el documento presentado en la Asamblea Nacional, 976 son víctimas directas, 119 víctimas indirectas, 68 testigos y 62 en calidad de otros participantes en el proceso penal.
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De las 1.225 personas que constan en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y otros Participantes, 824 son mujeres y 401 son hombres.
En este marco, Manabí es la provincia con más protegidos activos, con 147; le sigue Guayas, con 137; en Los Ríos existen 100 personas activas; en la provincia de Pichincha hay 90 registrados; y en El Oro, 70. Son las provincias con más personas dentro de este programa.
Entre los delitos de mayor incidencia en las personas protegidas están extorsión, por el cual 241 han tenido que ingresar al programa; por el delito de violación, 208 personas; por abuso sexual, 126; intimidación, 168; por asesinato, 70 personas están protegidas; por violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar hay 60 personas registradas; por secuestro extorsivo, 50; femicidio, 36; por delincuencia organizada, 33; por el delito de robo, 26; de secuestro, 22; y por varios delitos, 185.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado informó que a través del SPAVT se ha brindado atención a 2.781 personas, a escala nacional, hasta el año pasado, coadyuvando su participación durante las diferentes etapas del proceso penal.
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Como parte de las acciones de este programa, la Fiscalía precisó que se mantiene permanente comunicación y trabajo interinstitucional, lo cual ha permitido concretar proyectos relevantes, que contribuyen a fortalecer el accionar operativo y aumentar la capacidad de respuesta. (I)
