Más de 1.000 efectivos de la Policía Nacional participarán en el operativo de seguridad previsto para la ceremonia de posesión de Daniel Noboa Azín y María José Pinto González-Artigas, presidente y vicepresidenta electos, que se realizará este sábado, 24 de mayo, en el salón plenario Nela Martínez de la Asamblea Nacional, en Quito.
El jefe de la escolta legislativa, coronel Roberto Santamaría, informó que se desplegarán tres círculos de seguridad a cargo de la Policía Nacional, dentro y fuera del Palacio Legislativo, y un cuarto anillo en las inmediaciones del parque El Arbolito, bajo responsabilidad del Distrito Metropolitano de Quito.
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Además, se realizarán controles electrónicos, revisión de explosivos y operativos de inteligencia desde el viernes 23 de mayo, cuando empezará el cierre vial a partir de las 00:00.
El dispositivo incluye 40 cápsulas de seguridad para delegaciones extranjeras, entre ellas algunas de rango presidencial o vicepresidencial, coordinadas con la Cancillería. Las autoridades comenzarán a llegar al recinto desde las 07:00 del sábado y el acto oficial está previsto entre las 10:00 y las 14:00.
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Según Santamaría, también habrá presencia de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para un acto castrense y el acompañamiento en el ingreso protocolar de autoridades, aunque la responsabilidad del control interno corresponde exclusivamente a la Policía Nacional.
La posesión de Noboa se dará ese día en cumplimiento del artículo 120 de la Constitución, que fija el 24 de mayo del año de la elección como fecha oficial de inicio del mandato presidencial.
“Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: posesionar a la presidenta o presidente y a la vicepresidenta o vicepresidente de la República proclamados electos por el Consejo Nacional Electoral. La posesión tendrá lugar el veinticuatro de mayo del año de su elección”.
El jefe de Estado ejercerá un periodo completo de cuatro años, luego de haber sido electo en noviembre de 2023 para completar los 18 meses restantes que dejó el expresidente Guillermo Lasso tras implementar la “muerte cruzada”. (I)