Este viernes, 10 de octubre de 2025, se cumple el decimonoveno día del paro nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en contra de la eliminación del subsidio al diésel. En esta jornada se desarrolló una marcha en Cotacachi, provincia de Imbabura, epicentro de las protestas, mientras que en Quito, la capital, hubo un gran despliegue militar y policial para reforzar la seguridad.
Cerca de las 10:40, habitantes de este cantón e integrantes de la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) marcharon hacia el centro de la ciudad con varias consigas, como la exigencia de un diálogo transparente con las autoridades del Gobierno, la derogatoria del Decreto Ejecutivo n.º 126 con el que se eliminó el subsidio al diésel, el rechazo a una nueva asamblea constituyente, que se haga justicia ante la muerte del comunero Efraín Fuerez y la liberación de las doce personas detenidas en Otavalo.
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“¡Esto no es pagado, es pueblo organizado!“, ”Cotacachi por el diálogo” y “Justicia para Efraín” fueron las consignas que acompañaron la marcha pacífica, que llegó hasta la plaza central de la ciudad.
Mientras tanto, algunas vías de la provincia de Imbabura, como el tramo Otavalo-González Suárez, Ibarra-Imbaya-Urcuquí, Otavalo-Selva Alegre, vía Antonio Ante-Ibarra, Otavalo-Cotacachi y otras, permanecieron cerradas con escombros.
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En tanto que, en la provincia de Pichincha, la carretera que conecta Quito con Cayambe también estuvo cerrada por las manifestaciones.
Sin embargo, el bloqueo de vías se ha reducido en comparación con las primeras dos semanas del paro nacional, que en este feriado nacional lleva diecinueve días.
En medio de esto, el Municipio de Otavalo resolvió insistir en un llamado al diálogo a la gobernadora de Imbabura, Elsy Landeta; a Alexander Pérez, intendente de Policía de Imbabura; a dirigentes del movimiento indígena, a miembros de la Iglesia, a empresarios, transportistas y autoridades de las carteras de Estado de esta provincia.
En el Distrito Metropolitano de Quito, en cambio, hubo un fuerte despliegue policial y militar, como parte de un operativo conjunto de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
En horas de la mañana, el comandante general de la Policía, Pablo Dávila, estuvo en el bulevar de la avenida de los Shyris, en el norte de la urbe, donde informó que preparan un operativo en el Distrito Metropolitano de Quito “no solo por las manifestaciones, sino también para devolver la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad ciudadana”.
Asimismo, Pablo Dávila sostuvo que Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a través del Bloque de Seguridad, están preparando un operativo que se aplicará en Imbabura y en Quito, ante posibles escenarios ante amenazas, en el marco de las protestas.
Y es que para este domingo, 12 de octubre, Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad, se convocó a una gran marcha en la capital, que partirá desde el sector de la Villaflora, en el sur de Quito, y prevé llegar hacia el parque El Arbolito, en el centro.
La movilización fue convocada por organizaciones de mujeres, estudiantes, artistas, artesanos, delegaciones barriales, comunidades y pueblos indígenas y más sectores sociales.
Por otro lado, en San Miguel del Común, que es uno de los accesos a Quito por el norte, este viernes se realizó una minga comunitaria, luego de una jornada de protestas.
En la víspera, los manifestantes cerraron parcialmente la Panamericana norte, que tras la intervención policial fue habilitada. No obstante, en horas de la noche se registraron enfrentamientos. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador denunció “infiltración” de elementos de la Policía Nacional en San Miguel del Común.
La organización indígena alertó de que “agentes infiltrados de la Policía actúan para generar disturbios, provocar violencia y fabricar falsos positivos, con el fin de justificar la represión y criminalizar al pueblo movilizado en el paro”.
A la vez, la Conaie alertó de que la Policía destruyó cámaras para borrar las evidencias de la represión en esta zona.
Por su parte, la institución policial aclaró que se trató de un “allanamiento autorizado por la autoridad competente”.
La Policía Nacional precisó que los servidores policiales pertenecientes a la Policía Judicial realizaban un allanamiento autorizado tras una alerta sobre el presunto almacenamiento de material pirotécnico y explosivos en un inmueble del sector.
Como parte de este allanamiento, la entidad informó que una persona fue aprehendida con explosivos. De acuerdo con la institución, el sujeto tenía en su poder artefactos pirotécnicos, bombas molotov, colchones y tablas que eran utilizados como barricadas y escudos. (I)