Marcela Aguiñaga -exministra del Ambiente, exasambleísta y actual presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, con el que buscará la Prefectura del Guayas en las próximas elecciones- anunció, a través de una transmisión en sus redes sociales, que se anuló la glosa que la Contraloría General del Estado ratificó en su contra en 2018 por $ 41 millones por pago excesivo en la compra de terrenos al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), en los que se construyó el Parque Samanes en Guayaquil.

“Hoy luego de casi más de cuatro años ha brillado la justicia. Finalmente hoy el Tribunal Contencioso Administrativo en Guayaquil ha resuelto anular la glosa, indebida, ilegal, ilegítima, injusta por $ 41 millones que se impuso por la obra del Parque Samanes”, manifestó.

Con este fallo, que por ahora solo ha sido oral y su defensa está a la espera de la sentencia por escrito, Aguiñaga subrayó que “queda demostrado que nunca existió ni antes ni ahora un perjuicio para el Estado”.

“Los $ 41 millones siempre estuvieron en arcas estatales, nunca jamás ni en bolsillos de Marcela Aguiñaga ni en los bolsillos de su familia”, subrayó, y dijo que esta glosa hizo que estos años hayan sido muy duros por todos los señalamientos e injurias de parte de “pseudoanalistas políticos, supuestos defensores de la verdad y pseudoperiodistas”.

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Aseguró que la supuesta persecución que vivió fue “por ser una mujer fuerte y valiente y haberse enfrentado al gobierno del expresidente Lenín Moreno y su brazo ejecutor de la persecución, el excontralor Pablo Celi”.

“(A Pablo Celi) como siempre digo no le deseo ningún mal, yo sí deseo que él tenga un juicio justo”, apuntó.

Con la voz entrecortada, subrayó que nunca se arrepentirá de haber hecho la obra del Parque Samanes y agradeció a su defensa, su familia y militantes por haber creído en ella y aseguró que sigue creyendo en la política de servicio.

En tanto, la glosa corresponde al informe del examen especial n.° DAPYAF-0007-2016 hecho a la compraventa de 66 lotes de terreno de propiedad del Issfa.

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Cuando la Contraloría impuso la glosa se determinó que correspondía considerar el avalúo del Municipio de Guayaquil, que equivalía a $ 7,1 millones, mientras el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) sostenía que el costo de los terrenos era de $ 43,8 millones. En el informe del organismo de control se señaló que el pedido del avalúo al Miduvi fue solicitado por Aguiñaga.

Junto a la exministra fueron señalados, en su momento, otros ocho funcionarios. (I)



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