Nueve funcionarios constan como “presuntos sujetos de responsabilidad” en el examen especial que realizó la Contraloría General del Estado al contrato de compraventa de 66 lotes de terreno para el parque Samanes, que se dio entre el Ministerio del Ambiente y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa).

El 22 de noviembre de 2010 se suscribió este contrato por un valor de $ 48’220.391, avaluado así por la Dirección Nacional de Avalúos (Dinac), del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Pero este procedimiento, según el ente de control, debió hacerlo la Dirección de Catastros del Municipio de Guayaquil, con lo que se determinó que hubo un pago ‘en más’ de

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$ 41’090.491.

Según las conclusiones del informe, que fue divulgado ayer por los involucrados, la Contraloría estableció una glosa por ese monto en contra de nueve funcionarios; a ellos también se los sancionó con el pago de una multa de $ 4.800 por predeterminación de responsabilidad administrativa culposa.

Como responsables directos están la actual vicepresidenta de la Asamblea y exministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, y Mercy Borbor, que era delegada del Ministerio del Ambiente.

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La predeterminación de responsabilidad civil culposa ‘solidaria’ recayó en Homero Altamirano, como subsecretario de Gestión de Marina; Patricia Serrano, directora jurídica del Ministerio, y los servidores de la Dinac, Marco Ramos, Marco Regalado y Luis Trujillo; Paúl Sotomayor, director de Avalúos del Ministerio de Vivienda, y José Noritz, exdirector general del Issfa, quien firmó el contrato por resolución del Consejo Directivo de la institución.

Ellos aún tienen posibilidad de presentar pruebas de descargo, reseñó el informe.

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Ayer, el ministro del Ambiente, Daniel Ortega, enfatizó que hubo “un error de buena fe” por parte de las autoridades en la realización de la compra.

Aunque el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, y el presidente Rafael Correa informaron que estos recursos habían sido “debitados” al Issfa, Ortega dijo que los dineros están en la “cuenta única” del Gobierno y “se utilizarán para el parque los Samanes”.

En tanto, el Frente de Defensa de las Fuerzas Armadas, integrado por militares en servicio pasivo, suscribieron ayer un comunicado en el que declaran a Patiño “enemigo de las Fuerzas Armadas”. (I)