De tener un perfil bajo en los últimos meses, en los que eran sus ministros los que ‘frenteaban’ temas como el aumento de los casos de muertes violentas o la crisis de la salud, el presidente Daniel Noboa es, por estos días, el rostro visible de la comunicación de su Gobierno en torno al paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la eliminación del susidio al diésel y que este domingo, 28 de septiembre, entra a su séptimo día.
Las manifestaciones se han concentrado principalmente en tres provincias de la Sierra norte, Imbabura, Cotopaxi y Pichincha, pero los dirigentes de otras de la Sierra centro y la Amazonía han anunciado que se sumarán.
Teniendo como base Latacunga, a donde movió la sede de su Gobierno el pasado 13 de septiembre, entre el lunes 22 y el martes 23 de este mes, Noboa participó en eventos públicos dentro de Cotopaxi para entregar los bonos para agricultores planificados como compensaciones por el incremento del subsidio al diésel, como el llamado Raíces, además de otros insumos agrícolas y hasta tractores.
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Luego, de manera sorpresiva, el miércoles 24 llegó hasta Otavalo, ‘epicentro’ de las protestas, también para entregar bonos.
Y la mañana del pasado jueves 25 estuvo en Tungurahua, el mismo día en que el movimiento indígena de esa provincia anunció que iba a adherir a las protestas. En la tarde, en la Gobernación de Cotopaxi, grabó una entrevista con el canal de televisión Ecuavisa.
Y en todos esos espacios, Noboa reiteró que no cederá ante las exigencias de los dirigentes del paro y les advirtió claramente que si cometen excesos irán presos acusados por el delito de terrorismo, cuya pena máxima es de 30 años de cárcel. Y de hecho, así ocurrió con los primeros doce procesados, a los que la dirigencia indígena llama los ‘Doce de Otavalo’.
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También ha dicho que prefiere morir antes que retroceder, porque si lo hace se repetiría la historias de los paros del 2019 y del 2022; y que está seguro de que detrás de las movilizaciones hay dineros de la minería ilegal y hasta del Tren de Aragua, grupo criminal de origen venezolano catalogado como terrorista por Washington y su Gobierno.
Es él quien ha marcado las líneas discursivas. Y estas han sido desarrolladas, a la par, por tres ministros de Estado, principalmente.
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Se trata de Zaida Rovira, de Gobierno; John Reimberg, del Interior; y Gian Carlo Loffredo, de Defensa.
Las semanas previas al paro también los ministros de Infraestructura y Transporte, Agricultura y Ganadería, y Desarrollo Humano, Roberto Luque, Danilo Palacios, y Harold Burbano, en su orden, se reunían con transportistas y sectores sociales para hablar sobre las compensaciones, y daban declaraciones en medios de comunicación.
Rovira es quien se ha encargado de hablar sobre los controles de precios, los acercamientos con las comunidades indígenas y la entrega de las compensaciones por el aumento del precio del diésel. Asimismo, lideró la Marcha por la Libertad, que organizó el oficialismo en Latacunga, el primer día del paro, para contrarrestar a la llamada “Toma de Latacunga”, anunciada por el Movimiento Indígena y Campesino (MICC) de Cotopaxi.
Ella ha formado parte del equipo de Noboa desde noviembre del 2023, en el mandato de transición de 18 meses, primero como ministra de Inclusión Económica y Social (ahora de Desarrollo Social) y luego como gobernadora del Guayas. Es abogada y activista de derechos humanos.
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Mientras que Reimberg es quien ha estado comandando los operativos policiales y a diario, en entrevistas en medios, ha hecho el balance de los detenidos y heridos, así como también ha denunciado la presencia de ciudadanos extranjeros en las protestas. Incluso ha señalado a dos venezolanos como miembros del Tren de Aragua, organización criminal que ha sido declarada por Estados Unidos y Ecuador como “terrorista”.
Consultor en seguridad, riesgos e inteligencia, fue designado por Noboa como director del ECU911 en enero del 2025 y, al mes siguiente, lo nombró ministro del Interior.
Y al igual que Reimberg, Loffredo ha dado entrevistas en medios para hablar sobre el trabajo de las Fuerzas Armadas y el Boque de Seguridad en la contención de las protestas sociales y el despeje de vías.
Este funcionario también ha acompañado a Noboa desde noviembre del 2023, siempre en el mismo cargo.
¡EL BLOQUE DE SEGURIDAD LIDERA EL PUESTO DE MANDO UNIFICADO ENCARGADO DE MONITOREAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA SITUACIÓN VIAL EN TODO EL PAÍS! 💪
— Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) September 23, 2025
➡️En #Quito, las principales autoridades de seguridad del país se reunieron para fortalecer la coordinación interinstitucional. Con la… pic.twitter.com/gO86HkYAZe
En tanto que Luque, Palacios y Burbano se encargaron de explicar a los transportistas, campesinos y a los grupos sociales las compensaciones ideadas por Noboa por el incremento del precio del diésel.
Luque, ingeniero civil, está en el mismo puesto desde noviembre del 2023, pero unos meses del 2024, de abril a agosto, durante el estiaje, asumió temporalmente el Ministerio de Energía y Minas.
Palacios, quien es ingeniero agrónomo, es ministro de Agricultura y Ganadería desde el inicio del primer mandato de Noboa.
Burbano estuvo como ministro encargado de dicha cartera de Estado desde febrero del 2025; y Noboa lo nombró como titular al asumir su mandato de cuatro años. Es abogado y activista de derechos humanos.
Otro personaje completa el equipo de vocería del mandatario en esta crisis política: la portavoz de Carondelet, la comunicadora Carolina Jaramillo, que todos los lunes da una rueda de prensa haciendo dos o tres anuncios de la gestión del Gobierno, pero luego responde las preguntas de los periodistas de los temas de coyuntura. Las últimas dos semanas ha dado declaraciones desde la Gobernación de Cotopaxi, en Latacunga.
Asimismo, Noboa se ha apuntalado en la acción de otras entidades estatales para desactivar el paro indígena.
Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos congeló las cuentas de los principales líderes de la Conaie y sus colaboradores más cercanos. Según ellos, esto fue sin ninguna orden judicial ni debido proceso, y consideran que el objetivo es la intimidación.
“(...) Se hicieron varios bloqueos de cuentas (bancarias) de diversas fundaciones, entre comillas, que financian este tipo de marchas. (…) Ahora hay más trabas para eso (para hacer las protestas); el tema de las cuentas (de bancos) que no lo esperaban", explicó Reimberg en estos días.
También la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) suspendió por quince días la señal del del medio de comunicación comunitario fundado por el MICC.
Esto que se habría resuelto con base en un informe calificado como secreto elaborado por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIE), en el que se argumentó que hay “aspectos que perjudican a la seguridad nacional en virtud de transmisiones emitidas por el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi”.
Y desde la Fiscalía General del Estado se ha anunciado el inicio de una indagación previa por enriquecimiento privado no justificado contra al menos 50 supuestos dirigentes de las manifestaciones. (I)