El expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) Leonidas Iza habría sido denunciado el último miércoles, 20 de agosto, por el delito de secuestro aparentemente cometido en contra de los tres uniformados que están retenidos desde el 18 de agosto pasado en la comunidad de San Ignacio, en la parroquia de Toacaso (Cotopaxi). Según dirigentes indígenas locales, los tres uniformados fueron retenidos por supuestamente intentar atentar contra la vida de Iza.
La denuncia por secuestro existente contra Iza la confirmó Carolos Poveda, abogado de Iza, al salir de una audiencia de habeas corpus convocada la madrugada de este jueves, 21 de agosto. La acción de carácter constitucional ha sido colocada en contra de Leonidas Iza y de los dirigentes de la comunidad de San Ignacio y busca la libertad de los tres uniformados que están a la espera de la resolución de la justicia indígena.
Por el momento no han trascendido detalles de la denuncia como quién la colocó, bajo qué términos o contra quién más va dirigida.
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“Tenemos entendido que sí (existe una denuncia contra Leonidas Iza). Me parece que el día de ayer han presentado una noticia de secuestro en horas de la mañana ante la Fiscalía, tendrá que desarrollarse igualmente de manera normal. Lo que siempre esperamos es que se permita el derecho a la defensa, en virtud de que en estas situaciones siempre, de alguna forma, se desconoce cuál es la dinámica de la justicia indígena y a veces se cometen errores bastante crasos”, explicó Poveda.
Respecto a la respuesta dada por la Fiscalía de que los uniformados retenidos realizaban trabajos dentro de una investigación previa, el abogado Poveda refirió que en la audiencia de habeas corpus dada entre las 03:00 y las 07:00, hasta que se suspendió, no estuvo personal de la Fiscalía presente ni tampoco se habrían exhibido documentos de que hayan abierto una investigación previa o existen órdenes fragmentarias de decisiones de seguimiento.
Poveda reconoce que existen situaciones dentro del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que pueden hacer seguimientos con agentes encubiertos, entregas vigiladas, pero en el actual caso, dice, no existe ninguna constancia de ese tipo de circunstancias. “Por lo tanto, creemos que se actuó al margen de la ley y eso también es un delito. La persecución, el espionaje, también es un delito, así sean funcionarios públicos, es mucho más grave teniendo una potestad del Estado”, agregó. (I)
