La Sala Penal de la Corte Nacional cerró el 2021 con fallos de inocencia en casos con procesados que pasaron años detenidos

La inocencia declarada para el exlegislador Galo Lara y su pareja, Carolina Llanos, luego de nueve años de un proceso judicial por el delito de asesinato, o la ratificación del estado de inocencia de cuatro expolicías sentenciados a doce años de cárcel por el delito de intento de magnicidio contra el expresidente Rafael Correa en el denominado 30-S, son dos de los casos que marcaron los últimos tres meses de los diez que lleva en funciones una reestructurada Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En febrero pasado y luego de un concurso de méritos y oposición de siete meses en la Corte Nacional fueron posesionados los jueces titulares Enma Tapia, Alejandro Arteaga, Fabián Racines, Milton Velásquez, Gilda Morales, Felipe Córdova, Byron Guillén, Walter Macías y Luis Rivera, y los conjueces titulares Adrián Rojas y Mercedes Caicedo.

Los jueces Córdova, Guillén, Macías y Rivera, así como los conjueces Rojas y Caicedo se sumaban a la sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado en el que únicamente quedaron los jueces nacionales Iván Saquicela, hoy presidente de la CNJ, Daniella Camacho y Marco Rodríguez y el conjuez Javier De la Cadena.

Jueces y conjueces titulares se posesionan en la Corte Nacional de Justicia en medio de voces para fortalecer la independencia judicial

Días después de la posesión, Saquicela fue elegido presidente del más alto órgano de justicia del país y en su discurso él afirmaba que esa Corte tenía la misión fundamental de otorgar seguridad jurídica y una tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos. Destacaba que quienes componen la Corte Nacional garantizarían imparcialidad, ética e independencia judicial.

“La independencia judicial no es un favor para los jueces, es una garantía para los ciudadanos”, decía Saquicela.

A finales de septiembre pasado a Carolina Llanos los jueces Guillén, Rojas y Caicedo le aceptaron el recurso extraordinario de revisión que presentó. Ellos, de forma unánime, dijeron que “no se ha comprobado conforme a derecho la responsabilidad” de Llanos en el delito por el cual se la condenó y por el que estuvo presa ocho años, hasta que accedió a la prelibertad.

Dos meses después, el propio Tribunal de Revisión declaraba la inocencia del exasambleísta Lara al indicar que la calidad de cómplice señalada por otros jueces para él no podía sostenerse en el delito de asesinato si no existe el vínculo que lo une con la autora intelectual (Carolina Llanos), a quien se le atribuía que participó en el triple crimen ocurrido en Quinsaloma, Los Ríos.

El exlegislador, que pasó recluido en una cárcel más de cuatro años, de los diez que recibió como cómplice del triple asesinato, sostuvo que contra él y su familia existió una persecución política liderada por el expresidente Rafael Correa y llevada a la práctica por jueces de diferentes niveles, fiscales y otros miembros de ese gobierno.

Paúl Ocaña, director de la organización sin fines de grupo Inocencia Ecuador, cree que la decisión de los nuevos jueces de la CNJ en casos calificados como emblemáticos ha podido develar que, en efecto, la justicia falló equivocadamente y al aceptar prueba y fundamentaciones nuevas se determinó que personas estuvieron indebidamente condenadas.

Para él, eso es positivo porque se puede entender que este tipo de fallos llegan porque se está despolitizando la justicia, porque los jueces pueden fallar sin ninguna presión política o mediática.

“El sueño de quienes hacemos parte del sistema judicial es que haya una justicia verdadera, real, donde se puedan tomar los argumentos que existen como parte probatoria en los procesos y con ello los jueces puedan fallar en debida forma. Una sentencia bien fundamentada aleja toda duda respecto al comportamiento de un juez, sentencias bien fundamentadas generan confianza”, sostuvo Ocaña.

Según Óscar Ayerve, presidente del colectivo Asociación Víctimas del 30-S, estos diez últimos meses han visto una notoria diferencia en las actuaciones judiciales, en especial, dice, en casos “emblemáticos vitales” para los procesos y casos que se desprenden de los hechos ocurridos el 3 de septiembre de 2010.

Ayerve no solo destaca de esta Corte Nacional la resolución adoptada por los jueces Byron Guillén, Walter Macías y Luis Rivera para declarar inocentes del delito de intento de magnicidio a los expolicías Luis Guanotasig, Geovanny Laso, Eduardo Mullo y Jesús Jetacama, quienes pasaron recluidos en la Cárcel 4, de Quito casi seis años.

También resalta la resolución de inocencia adoptada a favor de la coronel Patricia Santillán y otros, en el caso radio patrulla; la inocencia del suboficial Miguel Samaniego, dentro de un proceso en la provincia de Pastaza; y la ratificación del estado de inocencia de cuatro miembros de la CTG que fueron condenados a cuatro años de cárcel.

Luego de la sentencia favorable a los expolicías acusados de intento de magnicidio, la CNJ en un comunicado señalaba que esta decisión se suma a la lista de procesos penales en los que se ratificó el estado de inocencia de expolicías que fueron sentenciados por los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. La Corte ratificaba su compromiso por actuar imparcialmente en defensa de los derechos de los ciudadanos y garantizar una administración de justicia que resuelva con base en lo que la Constitución y la Ley establecen.

En estos últimos cuatro casos resueltos en el tema 30-S se dio paso al recurso extraordinario de revisión y se espera que en 2022 seis casos más que han sido presentados bajo esta misma figura en la Corte Nacional tengan el mismo fin de inocencia que los presentados y respaldados por la Asociación de Víctimas 30-S.

Galo Lara: ‘El precio de fiscalizar al correísmo lo pagué en la cárcel’

“Iván Saquicela al frente de la CNJ le ha dado un giro de independencia y de mayor respeto al debido proceso y fundamentalmente a los derechos. Las instituciones jurisdiccionales igual todas tienen que coadyuvar para que la justicia sea independiente, que respete el debido proceso, los derechos, pero fundamentalmente que sea transparente”, refiere Ayerve, quien aclara que pese a que existen avances, aún hay mucho por hacer para desterrar la metida de mano a la justicia del correísmo y alcanzar así una justicia independiente y despolitizada.

En el 2022, esta misma conformación de Sala Penal de la Corte Nacional deberá, entre otras causas, dar respuesta a la apelación planteada por los siete sentenciados por peculado en el caso Singue, entre ellos el expresidente Jorge Glas; resolver la apelación que el exdirector de Inteligencia (Senain) Pablo Romero interpuso a la sentencia de nueve años por el plagio a Fernando Balda, así como también decidir si llama o no a juicio al excontralor Pablo Celi y a doce procesados en el caso Las Torres, por el delito de delincuencia organizada. (I)