La próxima semana será clave para definir la situación legal, política y de permanencia en el cargo del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, que se analizará en tres escenarios: la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Carrión cumple una medida de prisión preventiva desde el 17 de mayo, investigado como presunto autor del delito de abuso sexual. A la par, en el Legislativo se sustanció un enjuiciamiento político por incumplimiento de funciones.

La acción penal y el juicio político se desprendieron después de que el 15 y 16 de mayo la autoridad se vio inmersa en un escándalo público, cuando acudió a una reunión en el departamento del exministro de Salud Mauro Falconí.

Fiscalización recomienda al pleno del Legislativo enjuiciar políticamente al defensor del Pueblo, Freddy Carrión

Esa reunión terminó con una riña entre Falconí y Carrión, en medio del estado de excepción por los efectos de la pandemia del COVID-19, que limitaba los encuentros sociales y el consumo de bebidas alcohólicas. Además de la denuncia de la pareja del exministro de que hubo un abuso sexual.

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Ayer por la mañana, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, junto a otros legisladores, ingresó por Gestión Documental de la Asamblea el informe final en el que se recomienda el enjuiciamiento político a Freddy Carrión, por presunto incumplimiento de funciones.

Villavicencio afirmó que el trámite está dentro de los plazos “para evitar cualquier desliz”, y comentó que este no es un juicio político más, sino que alerta “sobre el perfil que debe ostentar un defensor del Pueblo”.

La mesa legislativa concluyó que al revisar documentos y testimonios se corroboró que Carrión “incumplió las funciones propias de las cuales estaba investido para ser el representante de velar por el respeto irrestricto de los derechos humanos de los ciudadanos”.

Ello se confirmó cuando “de las comparecencias aportadas por el propio defensor del Pueblo” los testigos no pudieron justificar que esa reunión con Falconí haya sido en cumplimiento de sus funciones y para la que se haya usado bienes públicos como el vehículo institucional y la seguridad asignada.

Una vez que este expediente sea notificado a la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori, ella tendrá dos días para distribuirlo a los 137 legisladores y a Carrión. Luego, correrán otros cinco días de plazo para que Llori incluya en el orden del día para discusión del pleno la interpelación, y se resuelva con el voto de mayoría de legisladores su censura y destitución del cargo, o se archive el proceso.

Este escenario se consumará solo si la Asamblea actúa antes del 17 de septiembre, cuando el CPCCS resuelva sobre una posible ausencia definitiva del funcionario.

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Freddy Carrión enfrentará audiencia de juzgamiento por el delito de abuso sexual el próximo 17 de septiembre

Carrión está ausente de sus funciones por los últimos cuatro meses, lo que se ha considerado como ausencia temporal, y en su remplazo actúa Zaida Rovira, como defensora subrogante.

La Ley de la Defensoría del Pueblo establece que durante la ausencia temporal asuma la vicedefensora. Pero cuando se cumplan los tres meses de ausencia, esta se convertiría en definitiva.

Dicha ley contempla como causales del cese de funciones de un defensor del Pueblo la destitución por juicio político y la ausencia definitiva.

Y en caso de configurarse esta ausencia definitiva (incluso por destitución en un juicio político) será el Consejo de Participación Ciudadana el que nombrará a una persona encargada que asuma las funciones, mientras se desarrolle el proceso de selección de una nueva autoridad por concurso público.

Esos tres meses se contabilizarían este 17 de septiembre, pues Carrión solicitó un mes de vacaciones.

Según el presidente subrogante del Consejo, David Rosero, internamente se está realizando un informe jurídico que evalúe justamente ese periodo de vacaciones y otros plazos para analizar si la “ausencia temporal” pasa a ser definitiva.

Extraoficialmente se conoció que el CPCCS podría conocer ese informe jurídico el 17 de septiembre.

Rosero ha mencionado que propondrá al pleno del organismo que sea una “tercera” persona en lugar de Castillo la que asuma ese cargo, para evitar las pugnas de poder.

Freddy Carrión podría volver a ocupar el cargo si logra que antes del 17 de septiembre la justicia ordinaria revoque la prisión preventiva y disponga medidas alternativas.

No obstante, recién ese viernes un Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) instalará la audiencia de juzgamiento y resolverá si dispone su liberación en el caso de que concluya que es inocente de los cargos por presunto abuso sexual. (I)

Fiscalización pide a Fiscalía investigar otros delitos descubiertos tras escándalo en la reunión de Carrión y Falconí

El informe final que aprobó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, en el marco del juicio político a Freddy Carrión, titular de la Defensoría del Pueblo, incorporó en sus conclusiones que sea remitido a la Fiscalía General para que se investigue la sospecha de delitos como peculado, entre otros.

Según las declaraciones que Carrión hizo en su defensa ante la Comisión, se reunió con el exministro de Salud Mauro Falconí porque este le contó sobre la existencia de una “lista de vacunación contra el COVID-19 V.I.P.” y dentro de los “arqueos en la contabilización de vacunas realizados por el Ministerio de Salud se encontraba un faltante”. Por ello, acusaba a la exvicepresidenta de la República María Alejandra Muñoz de la “pérdida de miles de lotes de vacunas”.

La Comisión recomendó que se investigue a la exautoridad del gobierno de Lenín Moreno, por un presunto peculado.

Se sugiere que se investigue por presunta usurpación y simulación de funciones públicas a los abogados defensores de Carrión, “Stalin Raza, Juan Carlos Salazar, Francisco Dávalos y a su esposa, Priscila Schettini”, por haber usado la firma electrónica de la autoridad para emitir una resolución con la que se cesó en funciones a Zaida Rovira, como defensora subrogante y se nominaba a Tania Castillo.

Carrión dijo que él autorizó que hagan uso de ella, pues no podía introducir a la cárcel dispositivos electrónicos.

Finalmente, piden que la Comandancia General de la Policía Nacional proceda con investigaciones a los miembros policiales que acudieron al domicilio de Mauro Falconí, pues habrían aplicado un “mal manejo de protocolos” al no disponer la detención a Carrión, Falconí y su pareja por haber violado el estado de excepción. A la Fiscalía le solicita que se los investigue por incumplir decisiones de autoridad competente. (I)