La pugna por la designación de Raúl González Carrión como superintendente de Bancos convocó a los cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ante la Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional, dominada por una mayoría de legisladores del correísmo.

A más de dar a conocer el proceso que siguió el CPCCS para designar a la autoridad que el pasado 11 de agosto fue posesionada en la Asamblea Nacional, cuando mediaban medidas cautelares, también fue el momento para revelar la pugna interna que mantiene ese consejo encargado de designar a las autoridades de control.

El consejero David Rosero tildó de mentiroso al titular del CPCCS, Hernán Ulloa; también le dijo que se arrogó funciones, porque inició un nuevo proceso de designación de superintendente de Bancos sin que la supuesta terna remitida por el Ejecutivo haya sido conocida oficialmente por el pleno del organismo.

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Hernán Ulloa Ordóñez, presidente del CPCCS, dijo que, a pesar de votar en contra de la designación de Raúl González como superintendente de Bancos, fue leal con el voto de mayoría. Afirmó que el proceso cumplió con todas sus fases, incluida la impugnación, y se procedió a comunicar a las autoridades sobre la resolución.

Que después cambió la situación, cuando se presentó una acción de protección; y que, más allá de que le agradara o no, su deber fue someterse a la justicia constitucional, y que todas las entidades del Estado están obligadas a observar y respetar.

Además, aclaró que la interposición de un recurso de apelación no suspende la sentencia de la jueza que declaró nulo el proceso de designación. Por eso, hay que llevar adelante un nuevo proceso; y la jueza ha ordenado, a través del presidente del CPCCS, que se solicite una nueva terna para la designación de la nueva autoridad.

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También dijo que apeló la sentencia de la jueza de primera instancia, pero que continuó con el proceso de designación basado en la nueva terna remitida por el Ejecutivo. “El proceso debe continuar, sea de mi agrado o no. Yo no me puedo apartar o ponderar, sino respetar lo que la sentencia ha dispuesto”.

Dijo que, una vez que se ha recibido la nueva terna para superintendente de Bancos, ordenó el traslado mediante Quipux a cada uno de los consejeros y al equipo técnico para que hagan la valoración y revisión de si cumplen o no con los requisitos, o si tienen impedimentos legales. Luego pasará al proceso de impugnación, antes de una decisión del pleno.

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Ulloa afirmó que su cargo lo debe al voto popular y no a Guillermo Lasso, al movimiento CREO ni al Gobierno nacional.

La vicepresidenta del CPCCS, María Fernanda Rivadeneira, afirmó que las decisiones tomadas respecto al concurso de superintendente de Bancos se realizaron apegadas a derecho y tomadas por mayoría del pleno del Consejo.

Que, tras la acción de protección por la designación de la autoridad, se acogió lo resuelto por la jueza; que se apeló la decisión y que el CPCCS ha defendido la postura.

La consejera Sofía Almeida afirmó que respecto a la designación del superintendente de Bancos se cumplieron todas las fases; y aclaró que la persona que impugnó la designación nunca participó como veedora y no podía argumentar que se vulneraron derechos, porque el Consejo convocó a las veedurías.

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La exposición del consejero David Rosero resaltó que el presidente del CPCCS tiene una capacidad única para mentir, y que es una vergüenza todo lo que ha señalado ante los legisladores, tratando de tergiversar los hechos.

Que la terna para el superintendente de Bancos fue enviada por el Ejecutivo en abril, y que el proceso concluyó el 20 de julio con la designación de Raúl González.

Dijo que de manera oficial no existe ningún proceso de terna que el Consejo de Participación Ciudadana haya iniciado; es decir, que “a su cuenta y riesgo el señor Hernán Ulloa ha iniciado el trámite de un nuevo proceso de terna, cuando la máxima autoridad del Consejo, que es el pleno, no ha conocido ningún trámite de nueva terna ni ha convocado a ninguna veeduría ciudadana”.

Comentó que, si la jueza de Samborondón señaló la nulidad del proceso de designación de Raúl González como superintendente de Bancos, lo que cabe es efectuar nuevamente un proceso de selección desde cero, pero designando una veeduría ciudadana; y que debería ser el pleno, y no Ulloa, quien nombre al equipo técnico de cinco personas.

“Estamos frente a una disyuntiva: o paramos el abuso de poder desde Carondelet para evitar que se concentren todas las funciones en una sola persona, o prácticamente los demócratas estamos sujetos a una serie de violaciones”, dijo.

El consejero Juan Javier Dávalos comentó que, cuando se presentó a la audiencia por la denuncia presentada por Dominic Guerra en contra del CPCCS, por la designación de Raúl González como superintendente de Bancos, le quedó claro que este tema no era legal, sino político. Que le dio vergüenza que la justicia se la maneje como se la ha manejado en este tema, porque está claro que en el proceso de designación no se vulneró ningún derecho de Dominic Guerra; por el contrario, se vulneró el derecho de González de ejercer el cargo de superintendente.

Afirmó que es claro y evidente que el Gobierno está metiendo la mano en la justicia para definir la designación de autoridades de control.

Ferdinan Álvarez reveló que la mesa que preside inició el proceso de fiscalización al proceso de designación del superintendente de Bancos. Asimismo, que se pusieron las alertas acerca de que Rosa Matilde Guerrero era muy amiga del presidente de la República, Guillermo Lasso, porque había conformado el comité del feriado bancario. (I)