Son cinco documentos sobre supuestas comunicaciones de Apawki Castro Vaca con la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y con el exasambleísta y asesor de esta, Virgilio Hernández, sobre apoyo logístico para el paro nacional organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Castro Vaca, de 31 años, se encarga de la comunicación de la Conaie. En dos de las comunicaciones filtradas, fechadas el 7 de junio, en las que estaría copiado Leonidas Iza, se lee: “Estimada Paola, agradezco su colaboración para nuestra gente, yo coordino para tener todo listo y la logística que se necesitará para el lunes 13″. Y luego le envía un listado con los nombres de los líderes, la ruta que cubrirían y el costo de la movilización desde varios puntos de la Amazonía hasta Quito. Ese día, lunes 13 de junio, fue cuando comenzó el paro indígena.

Las restantes son de la tarde de ayer, viernes 24 de junio, a partir de las 16:50, luego de que el presidente Guillermo Lasso anunciara que no había posibilidad de diálogo con la Conaie y que autorizaba a la fuerza pública al uso progresivo de la fuerza. Eso significaba el desalojo del parque El Arbolito y de la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que efectivamente se dio horas después y que fue muy violento.

Pabón, Hernández y Castro han negado el contenido de estos mensajes que han sido filtrados a través de la cuenta de Twitter del mismo Castro Vaca, quien posteriormente anunció que había sido hackeada en la madrugada de hoy.

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Las comunicaciones de la tarde de ayer intentaban reubicar a los manifestantes indígenas que estaban en Quito. En una de ellas, Virgilio Hernández habría indicado lo siguiente: “Hay una gran posibilidad para ocupar la Senagua, entre otros ministerios, como Ministerio de Telecomunicación; este último es más probable para Ud., no como ministro, porque puede crear alboroto. El Ministerio del A. también se puede conversar; ahí entraría mucha gente aprovechando el momento. Con ID y los trabajadores se les puede ubicar en Ministerio del Trabajo y Educación; nadie lo notará, pues es el momento oportuno”.

Casi al mismo tiempo, Castro Vaca habría enviado un correo electrónico a Hernández y Pabón para llamarlos por WhatsApp y luego hacer una conferencia por Zoom, por ser más seguro.

Imagen de un correo electrónido hackeado a Apawki Castro, dirigente de la Conaie.

Minutos después, a las 16:58, Castro les habría pedido: “Apóyenos lo más rápido posible con recursos económicos. Nuestros pocos fondos que teníamos se nos están terminando, de las ONGS también”. Y le habría dado cuenta de que los $ 33.500 que les habían enviado “se utilizaron para movilización de dirigentes de la Sierra norte; eso se fue la gran parte en gasolina y alimentación”.

“Vamos a solicitar otros fondos a la FES-Ildis Ecuador, Fundación Swift, entre otros, pero nos toca hacer proyecto. No nos han de aprobar enseguida; tal vez nos den unos USD 8.000 anticipadamente, pero no es seguro. Espero atento tus respuestas, Virgilio. Ya les paso las cuentas para que nos envíen”, consta en el archivo filtrado.

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Esas instituciones mencionadas son la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), una organización alemana “comprometida con los valores de la democracia y la justicia social”, y que está presente en más de cien países alrededor del mundo. La otra institución citada es la Swift Foundation, de origen estadounidense, que promueve los valores y principios de los pueblos ancestrales.

Casi al mismo tiempo en que ocurrían estas conversaciones, Castro habría recibido una copia de una carta enviada por otro miembro de la Conaie a la fundación Land Is Life, el 13 de mayo pasado. En esta carta se pide ayuda para dirigentes indígenas por un accidente en una camioneta y porque uno de ellos se encuentra gravemente herido. Se adjunta una foto del accidente. Esta organización se encuentra en Nueva York y promueve la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Como parte de los documentos filtrados, aparecen los del proyecto “Derechos políticos y ambientales de mujeres y pueblos indígenas mediante el apoderamiento y la comunicación propia para la defensa y ejercicio de derechos colectivos y la atención integral a defensoras y defensoras indígenas víctimas de criminalización”. Este es financiado por la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo, la Generalitat de Catalunya y las fundaciones AlteNativa y la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas (Clacpi).

Según esos documentos, que datan de reuniones de mayo pasado, el costo del proyecto de la Clacpi era de casi 102.000 euros (unos $ 106.000), con la participación de comunidades en varios países latinoamericanos y varias reuniones, de las cuales una iba a ser en Ecuador. No se hace mención a ninguna actividad específica relacionada con el paro de la Conaie. Lo mismo ocurre con otras comunicaciones de las Naciones Unidas.

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Castro reconoció que su cuenta de Twitter y su correo electrónico personal fueron hackeados la madrugada de este sábado. También manifestó que el contenido de la filtración es falso.

El hacker creó una cuenta de Google llamada “Conaie leak” y ahí subió 566 archivos; la mayoría son PDF con el contenido de los supuestos correos electrónicos. Luego, compartió esos documentos a través de Google Drive. Hasta el momento, nadie se ha adjudicado la filtración.

La prefecta de Pichincha y Virgilio Hernández también desmintieron esa información. “Quien esté fabricando estas mentiras solo busca hacer más daño en momentos de crisis y dolor”, afirmó ella en su cuenta de Twitter.

Apawki Castro es asesor del asambleísta Peter Calo

Entre los otros documentos que se subieron a Google Drive se incluye la reactivación de la cuenta de Castro Vaca en la Contraloría General del Estado, el 29 de marzo pasado, para subir su declaración patrimonial jurada. Esta declaración la deben realizar todos los funcionarios públicos del país, en el portal de la Contraloría.

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Este Diario confirmó que Castro Vaca realizó una declaración porque ocupa el cargo de “asistente de asambleísta” desde el 1 de abril de 2022. En ese documento señaló que su patrimonio es de $ 2,25 depositados en una cuenta de ahorros. El comunicador es asesor de un asambleísta de Cotopaxi, Peter Calo Caisalatín, y tiene un sueldo mensual de $ 1.394.

La reactivación de su cuenta en Contraloría se debe a que comenzó a ser funcionario público en 2018, cuando ingresó como asesor 4 en el Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito. Su gestión fue entre el 23 de noviembre de 2018 y el 17 de octubre de 2019, con un sueldo que bordeaba los $ 2.400. Su jefe inmediata era Diana Atamaint, en ese entonces vicepresidenta del CNE transitorio.

Asimismo, entre los documentos de la filtración consta un correo de la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional que le da la bienvenida al sistema de servicios en línea.

De acuerdo con el SRI, Castro comenzó a pagar impuestos desde el 2015; siempre ha pagado cero, excepto en 2019, cuando tributó $ 971,94. Tampoco registra impuesto a la salida de divisas. Tiene un Registro Único de Contribuyentes desde julio de 2014, con dirección en Quito.

El 11 de abril y el 16 de junio existen algunos mensajes de alerta desde las cuentas de Twitter, Facebook, Netflix e Instagram de que Castro se conectaba con un nuevo dispositivo o porque había cambiado de clave. (I)