Tres años después de que se hicieron públicos los débitos que varias instituciones financieras hacían a sus clientes, sin autorización expresa, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para Defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional y evitar cobros indebidos y servicios no solicitados.

La sesión 737 del pleno se desarrolló por treinta minutos, la tarde del 14 de diciembre, dando continuidad al segundo debate del proyecto, el cual se inició el 4 de noviembre. La norma obtuvo el respaldo de todas las bancadas políticas, se registraron 131 votos a favor.

El proyecto de ley unifica seis propuestas impulsadas por varios parlamentarios, desde 2018. El asambleísta Pabel Muñoz (UNES), ponente de la norma, expuso los puntos más relevantes y destacó que hubo “un debate político de altura”.

“El cuerpo legal tiene un conjunto de beneficios para los clientes del sistema financiero, que fortalece las sanciones si en algún momento se cometen abusos por parte de las instituciones financieras”, explicó.

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La ley está compuesta por tres capítulos: en el primero se hacen reformas al Código Monetario y Financiero; en el segundo se incorporan cambios a la Ley de Defensa del Consumidor; y el tercero modifica la Ley de Telecomunicaciones.

Entre los derechos que contiene la legislación está la facultad de elegir con libertad productos ofertados por las instituciones financieras. Que la aprobación del cliente sea expresa y exista el resguardo de la aceptación, ya sea una grabación telefónica, un mensaje de texto, un correo electrónico o una carta.

“(Los clientes) somos parte también de un acoso y hostigamiento de oferta de servicios que no los hemos pedido. Ni siquiera sabemos cómo tienen nuestros teléfonos, pero nos llaman mañana, tarde y noche, muchas veces con la impertinencia de que, a pesar de que nos negamos, volvemos a recibir una llamada. Es claro que hay que fortalecer la protección de nuestros datos y a tener información veraz”, criticó Muñoz.

Se obliga a las entidades financieras a notificar a sus clientes cuando se haga un débito o cobro. Se prohíbe contratar y ofrecer servicios a través de cajeros automáticos.

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Se otorga a la Junta Financiera la facultad de establecer tasas de interés, niveles de crédito especiales para actividades económicas, con el fin de estimular la economía del país.

La ley también dispone fomentar el uso de medios de pago electrónicos, telemáticos o similares, y reducir los costos de estos y otros servicios financieros.

Un elemento importante es que se impone un horario para que las empresas puedan comunicarse con los clientes. Esto será permitido de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00; está prohibido hacerlo fuera de ese tiempo, así como en fin de semana o feriados.

Que cuando un servicio financiero esté próximo a renovarse automáticamente, se informe al cliente con 15 días de anticipación.

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No se podrá obligar al usuario a realizar de manera presencial el trámite para finalizar un servicio. Las compañías deben implementar mecanismos telemáticos para estas gestiones.

En lo referente a telecomunicaciones, la ley dispone que no exista un cobro a los clientes que cambian de plan de datos o telefonía dentro de la misma operadora. Tampoco se podrá impedir la cancelación de saldos pendientes para finiquitar un contrato de servicio.

Además, Pabel Muñoz detalló que los prestadores de telefonía celular estarán obligados a acumular, a favor del cliente, los saldos de planes pospago, telefónicos o de datos, que no hayan sido utilizados en el mes.

La ley aprobada por los legisladores ahora pasará a conocimiento del Ejecutivo. La sesión 737 fue la última del pleno en este año, ya que a partir del jueves se inicia el período de vacancia legislativa, que termina el 31 de diciembre. (I)