La administración de justicia está tomada y no se puede hacer nada si no se reforman la Constitución y las leyes, dice Roberto Gómez, expresidente de la Corte Suprema de Justicia

La Función Judicial del país atraviesa una crisis escandalosa. Así lo afirma Roberto Gómez Mera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para quien lo más importante y que no se debe repetir en el 2023 es que los muchos jueces corruptos que están en el sistema sigan actuando con libertad, lo que dice lleva al país al abismo. Además, subraya que el presupuesto de este poder del Estado tiene que aumentarse, porque se trata de la instancia más importante y de la que depende todo para un buen funcionamiento del país.

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Según encuestas de este año, el 83 % de los ecuatorianos no confía en la justicia. ¿Qué cree usted que ha ocurrido para tener esta cifra tan preocupante?

Las reiteradas y constantes resoluciones y fallos que han beneficiado a grandes y poderosos criminales y narcotraficantes, desconociendo leyes, prohibiciones. Y el clamor ciudadano por la inseguridad, el irrespeto a la vida, integridad física, al domicilio, comercios y dineros y bienes públicos y privados.

¿Es correcto decir que la Función Judicial atraviesa una crisis? ¿Qué es lo más importante que no debe volver a suscitarse en el 2023?

Sí, es correcto, la crisis está a la vista; es innegable y escandalosa. Lo que no debe ocurrir en el 2023 es que los jueces corruptos, que desgraciadamente son muchos, no pocos, como dicen, sigan haciendo lo que les da la gana, desvergonzadamente, por dinero, por amenazas, por exigencias políticas o por el irresistible afán de enriquecerse, todo lo cual lleva a este país al abismo.

Se ha cuestionado mucho el abuso en la admisión de acciones de protección y habeas corpus que han favorecido la liberación de criminales. ¿Qué ocurre en la justicia ecuatoriana para que tengamos estas situaciones con tanta normalidad?

La nueva constitución (2008) creó varias acciones de protección y el habeas corpus de manera amplia, que se prestan siempre a ser interpretadas por abogados de delincuentes a favor de estos, con la complicidad de jueces y quemeimportismo de organismos de control. Prácticamente se han tomado la administración de justicia, especialmente la penal. Si no se cambian o reforman la Constitución y leyes, no se puede hacer nada.

También se cuestiona a los jueces de turno. ¿Qué hay que mejorar para poder contar con profesionales competentes y honestos?

Los jueces tienen que ser designados por sus conocimientos jurídicos, experiencia profesional, pero, fundamentalmente, por sus antecedentes éticos, comportamiento honesto y convicción de que van a prestar un buen servicio a la comunidad; y no como gran oportunidad de tener varias casas, oficinas, negocios, carros de alta gama y jugosas cuentas bancarias. Eso sí, se les debe garantizar una carrera judicial vitalicia y de ascensos, sueldos decorosos y suficientes y buenas condiciones para desempeñar su ministerio. Tiene que haber un eficiente e imparcial control de sus sentencias y desempeño laboral, decorosos despachos y asistencia humana y cibernética. El presupuesto de la Función Judicial tiene que aumentarse racionalmente, porque se trata de la primera función del Estado, de la cual depende todo.

Las pugnas internas entre la CNJ y el CJ, como la que derivó en la suspensión del presidente Iván Saquicela, ¿cree que han debilitado aún más a la institución?

La han debilitado terriblemente y seguirán debilitándola, porque el mal está en la creación constitucional del Consejo de la Judicatura, con un manejo político de la Función Judicial. Por ello, eliminaron la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional como el supremo ente de justicia en el Ecuador, también para ser manejada dentro de un proyecto político para 50 años o más: el socialismo del siglo XXI.

Ante la crisis que vive el sistema judicial, ¿qué se debe hacer?, ¿por dónde se debería comenzar para ver cambios profundos?

Se tienen que cambiar o reformar, urgentemente, la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Judicial, la Ley Orgánica de Control Constitucional y Garantías Jurisdiccionales. Se tiene que restablecer la Corte Suprema de Justicia, con las atribuciones y facultades de la Constitución de 1998. El Consejo de la Judicatura tiene que ser solamente gerencial o administrativo, de control y examen y crítica imparcial y científica de sentencias, y sancionatorio. La Corte Constitucional tiene que limitarse a la jurisdicción constitucional, y el garantismo no puede ser a ultranza de tal manera que disloque el ordenamiento jurídico legal y constitucional, como está ocurriendo actualmente. (I)