El juicio político al excontralor del Estado Pablo Celi de la Torre enfrenta a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, con el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, por no cumplir con formalidades y solicitar dentro del plazo una prórroga para presentar el informe.

Llori, ante la prensa, tildó de negligente a Villavicencio, por no requerir a tiempo la ampliación del plazo para presentar el informe sobre el juicio contra Celi; en tanto que Villavicencio dijo que hay sectores interesados en que el juicio político se caiga, y que “negligentes son los que no dan la cara y dicen quiénes tienen las glosas, pues el excontralor sabe quiénes son. Espero que lo diga en el día de la interpelación”, anotó.

Advirtió que un grupo de parlamentarios quiere sacar a Villavicencio de la Comisión de Fiscalización, quiere echarse abajo el juicio político a Celi; pues aquí se están investigando cosas de fondo, como los 65 casos de corrupción, y porque “hay interpelantes que son accionistas de empresas corruptas que tienen informes de responsabilidad penal, por supuesto Ricardo Vanegas (Pachakutik), que está vinculado a la compañía Oro Negro, y puedo dar diez nombres”, anotó.

Esta es la tercera confrontación que tienen los dos asambleístas, la primera se produjo por los criterios antagónicos en el juicio político al exministro de Energía René Ortiz respecto de los plazos para presentar el informe sobre la solicitud de interpelación, que al final el pleno de la legislatura terminó en el archivo.

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La segunda vez fue cuando Villavicencio alertó de que la presidenta del Parlamento abrió un proceso de compra de vehículos de alta gama para la entidad en medio de una crisis económica.

Más plazos

La presidenta de la Asamblea afirmó que el plazo para que la Comisión de Fiscalización presente el informe venció el 31 de julio, pero que el presidente de mesa, Fernando Villavicencio, solicitó fuera de ese plazo una prórroga para la entrega del informe, es decir, el 2 de agosto.

Comisión de Fiscalización olvidó notificar pedido de prórroga para el informe del juicio político al excontralor Pablo Celi

En vista del incumplimiento no se concedió la extensión del plazo por contravenir lo establecido en la Ley de la Función Legislativa; pero se aplicará el artículo 82 de la LOFL, para que en dos días remita a la presidencia de la Asamblea un informe que detalle la posición de los asambleístas miembros de la comisión, para que sea el pleno el que resuelva el juicio.

Insistió en que la Asamblea que preside asume la responsabilidad política con el país de no dejar en la impunidad el juicio político al excontralor “pese a la negligencia cometida por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, será el pleno de la Asamblea el órgano que resuelva el proceso sobre las causales planteadas por el interpelante, Juan Cristóbal Lloret (UNES)”.

Según Villavicencio, está listo el informe del juicio que recomienda la censura de Celi, pero que la responsable de no haber notificado a tiempo el pedido de prórroga es la secretaria de la Comisión, Sharon Jiménez.

Villavicencio aclaró que en esto no existe ninguna responsabilidad del presidente de la Comisión ni de ningún miembro de la Comisión de Fiscalización, pero que por una formalidad no se dejará en la impunidad al excontralor.

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La concesión de 48 horas dadas por la presidenta de la Asamblea, para que se presente un informe de las posiciones de los asambleístas frente al juicio a Celi, está contemplada en el tercer inciso del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se afirma que de no aprobarse el informe dentro de los plazos previstos, el presidente de la Comisión remitirá, en el plazo de dos días, a la presidenta de la Asamblea Nacional las actas de votación correspondientes y un informe que detallará las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión para que sea el pleno el que resuelva ya sea el archivo o el juicio político.

Villavicencio insistió en que los nuevos integrantes de la Comisión de Fiscalización coincidirán en el criterio de censurar a Celi, y que el 80 % de la información que consta en el informe que sirvió para valorar y consolidar la acusación del asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES) provino de la Comisión.

Bruno Segovia, exmiembro de Pachakutik, dijo que un error formal no puede contribuir a dejar en la impunidad al excontralor, pues insistió en que no tienen interés alguno de tapar la corrupción; que más bien hay personas interesadas que tienen terror de verle a la cara a Pablo Celi.

Aunque no quiso revelar nombres, Segovia dijo que hay muchos asambleístas que tienen glosas y “rabo de paja”, y tienen temor de enfrentar al excontralor, y que hacen que no avance este proceso. “Hay asambleístas que son glosados y eso es público”, insistió.

Alejandro Jaramillo, coordinador de la Izquierda Democrática, apoyó la postura de Llori y sugirió que se pida a la Comisión de Fiscalización remitir las actas y posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión, para que todo el trabajo realizado en largas jornadas no se bote al tacho de la basura.

Indicó que la actuación del presidente de la Comisión de Fiscalización trae muchas dudas. “No sabemos si lo hizo a propósito o es un error involuntario. Nosotros desde el pleno de la Asamblea vamos a hacer el trabajo que el presidente de la Comisión de Fiscalización no lo hizo; vamos a continuar con el juicio político en contra del excontralor Pablo Celi”, puntualizó.

El coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, precisó que la Asamblea no permitirá que quede en la impunidad el caso del excontralor Celi, por ello, en el pleno insistirá en que se avance hacia la censura. (I)