El juicio político a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se aproxima a ser tratado en la Asamblea Nacional, una vez que la interpelación al procurador general del Estado, Íñigo Salvador, que impulsaba la bancada correísta de Unión por la Esperanza (UNES) fue archivado en la Comisión de Fiscalización.

La moción de archivo en la Comisión la planteó la legisladora Gabriela Molina (UNES) durante una plenaria de este 3 de mayo, con el argumento de que no contaba con el número de firmas necesario para continuar con el proceso.

Se resolvió con el voto afirmativo de seis legisladores: Comps Córdova, Gabriela Molina y Roberto Cuero de UNES; Bruno Segovia y Marco Troya (independientes); Soledad Diab del Partido Social Cristiano (PSC). Pedro Velasco (independiente) y Ana Belén Cordero (CREO) en contra; y Fernando Villavicencio (independiente), presidente de la Comisión, se abstuvo.

En el pleno de la Asamblea Nacional del pasado 21 de abril se resolvió devolver el juicio político a la Comisión para que se determine el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 81 y 131 de la Constitución para continuar con el trámite.

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Esto se produjo luego que el asambleísta Ferdinan Álvarez (UNES) decidió retirar la solicitud de juicio político, para priorizar el tratamiento de la interpelación de los vocales del CPCCS.

Entre las observaciones consta que los asambleístas Roberto Cuero, Gisella Molina y Comps Córdova firmaron la solicitud, por lo que habrían adelantado criterio violentando el “principio de imparcialidad”, pues son parte de la Comisión de Fiscalización.

El asambleísta Pedro Velasco cuestionó que la figura del retiro de juicio político no está contemplada en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y el efecto es sentar un “grave precedente” en el tratamiento de estos procedimientos legislativos.

Lamentó que el objetivo de las bancadas es la “conveniencia” política, detrás de la cual hay una intención de acelerar la interpelación al CPCCS. “No puedo avalar con mi voto, porque es una resolución ilegal”, dijo, y alertó que en esta resolución se permite que puedan presentar un nuevo proceso contra Salvador, pese a que la ley lo prohíbe.

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Villavicencio aclaró que este martes era el último día de plazo que tenían para resolver sobre la decisión del pleno de la Legislatura, y exhortó a la Función a resolver sobre un ‘vacío legal’ al no determinarse en la LOFL la figura del retiro de una interpelación.

Después de esta resolución, la Comisión de Fiscalización debe dar trámite a las solicitudes de juicio político -de acuerdo con el orden de prelación- en contra de los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los miembros del Consejo de la Judicatura, para así continuar con el de los vocales del CPCCS. (I)