Rechazar la acción de protección planteada por el exlegislador Andrés Páez, contra la resolución con la que la Asamblea Nacional otorgó en paquete 268 amnistías, fue la decisión que adoptó, el mediodía de este martes, la jueza constitucional Lucila Soria, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quitumbe, ubicada en el sur de Quito.

Para Soria, la acción interpuesta no era la vía idónea para impugnar el control de constitucionalidad. La decisión de la jueza llegó luego de dos horas de audiencia en las que intervinieron los abogados de Páez, el procurador del Legislativo, Santiago Salazar, y varios terceros interesados a través de amicus curiae.

El exlegislador y excandidato a la Vicepresidencia de la República Páez no asistió a la diligencia, pues, a decir de Alberto Palacios, uno de sus abogados, era una medida de seguridad ante las amenazas que habría recibido luego de interponer el recurso constitucional.

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Páez y sus abogados buscaban con la acción de protección que se suspendan todos los efectos jurídicos de las amnistías entregadas, pues aseguraban que en la aprobación, respaldada por 99 votos de asambleístas de UNES, Izquierda Democrática (ID), Pachakutik (PK), parte del BAN e independientes, se violó la propia Constitución que prohíbe que sean amnistiados delitos como el secuestro.

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El exlegislador sostenía que la Asamblea al no analizar caso por caso y aprobar una resolución en paquete lo que hizo es otorgar de forma indiscriminada el beneficio de la amnistía. Para Palacios, en cambio, esta era una posibilidad para que se enmiende esta vulneración de derechos constitucionales, como el derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, al haber concedido amnistías en forma general a 268 personas sin analizar las diferencias entre delito político y delito común.

QUITO (29-03-2022).- Alexandra Vela, ministra de Gobierno, entregó en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra las amnistías otorgadas por la Asamblea Nacional. Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo

Carlos Alvear fue uno de los abogados que intervinieron en la audiencia con un amicus curiae planteado a favor de Christian González, uno de los amnistiados que fue procesado por el delito de rebelión junto con la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el parlamentario andino Virgilio Hernández. Los tres tenían un llamado a juicio y recibieron el beneficio de la amnistía.

Aunque no se presentaron a la diligencia todos quienes anunciaron que llegarían con los amicus curiae, en la audiencia se habrían expuesto los amicus curiae presentados por Virgilio Hernández, por asambleístas de UNES, de PK y Leonidas Iza, presidente de la Conaie y quien también fue amnistiado.

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Alvear cree que la resolución adoptada por la jueza Soria es la correcta, pues el rechazo se dio por la improcedencia del recurso usado. Para el abogado, una resolución legislativa no puede tener un control directo de constitucionalidad a través de una acción de protección.

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Frente a las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en la Corte Constitucional (CC) contra la resolución de amnistías, una del colectivo Quito Levántate y otra, la mañana de este martes, de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, el abogado Alvear cree que esa vía es más idónea para realizar el control de constitucionalidad, sin embargo resalta que hay pronunciamientos en otros casos de la propia CC que señalan que no se pueden interferir las atribuciones constitucionales que tiene la Asamblea para el otorgamiento de amnistías.

Antes de la diligencia, el abogado de Páez adelantó que si se les negaba el recurso, ellos acudirían a todas las apelaciones que están respaldadas por la ley para este tipo de casos. (I)