Con un voto de mayoría, el pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) negó la acción de queja planteada en contra del juez Ángel Torres Maldonado por la reunión casual que mantuvo con el excandidato presidencial de Pachakutik (PK), Yaku Pérez Guartambel, el 3 de marzo pasado.

Después de tres meses de trámite, el TCE se pronunció este 10 de junio, en una sentencia que no fue unánime y con argumentos distintos, pero que negó la acción de queja en contra del magistrado: dos votos para negar la acción de queja, un voto concurrente (que se adhiere al proyecto de sentencia de mayoría, pero expresa discrepancia de los hechos fácticos sin que implique desacuerdo con el fondo de la decisión); y dos votos salvados (voto en contra) de negar la queja.

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Torres mantuvo una “reunión casual” el pasado 3 de marzo con el excandidato, quien se alistaba en el marco de las Elecciones Nacionales del 2021 a presentar un recurso subjetivo para que se revisen más de 20.000 actas de escrutinio en las que reclamaba que se le hizo un fraude electoral en la primera vuelta electoral.

El denunciante fue el abogado Manuel Pérez Pérez, quien reclamaba que Torres incurrió en el artículo 12 del Reglamento de Trámites del TCE, sobre la prohibición de que los jueces “mantengan reuniones con las partes procesales”.

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El magistrado accionado aseguró, en sus alegatos de defensa, que la “supuesta reunión no fue clandestina ni secreta, tampoco fue acordada en forma previa, por lo que ninguna persona sensata puede asumir que un funcionario acuda a una reunión “clandestina o secreta”, acompañado de un miembro de la Policía Nacional que forma parte de su seguridad personal”.

Insistió en que no hubo dolo en esta supuesta reunión, porque fue un “evento imprevisto o fortuito, es decir, no acordado en forma previa”.

En ese entonces, el medio digital La Posta reveló fotografías de que dicha reunión se había llevado a cabo en el departamento del exsecretario del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio Darwin Seraquive, ubicado en el norte de Quito; sin embargo, Torres declaró que ello “no es más que una mera especulación” y que “no existe prueba alguna que lo acredite”.

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La sentencia aprobada con dos votos a favor de Arturo Cabrera y Guillermo Ortega, que niega la acción de queja, argumenta que si bien la reunión del 3 de marzo fue un “hecho cierto”, la condición de “clandestina, premeditada y generadora de conflicto de intereses debe fundamentarse en elementos probatorios precisos”.

Por lo que el denunciante, Manuel Pérez, “no ha demostrado ante este Tribunal la afectación de sus derechos subjetivos y tampoco ha puesto en evidencia los elementos de convicción suficientes de los hechos que afirma y que procura atribuir a la responsabilidad del juez Ángel Torres Maldonado, presupuestos específicos que deben ser efectivamente probados”.

Por lo que “cualquier acusación” debe estar “revestida de pruebas documentales, testimoniales o periciales necesarias e indispensables de tal contundencia que no dejen duda sobre la veracidad de los hechos”.

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En el contexto del trámite de esta causa, Torres recusó a varios de los jueces, incluido al presidente Arturo Cabrera, acusándolo de que tenía una “enemistad manifiesta” hacia él. Cabrera le respondió que no es su enemigo y que le es “indiferente” pero, finalmente, votó en contra de sancionarlo.

La jueza Patricia Guaicha tuvo un voto concurrente, que niega la acción de queja, pero por falta de legitimación activa del denunciante.

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En cambio, los magistrados Joaquín Viteri y Fernando Muñoz salvaron su voto. Es decir, aceptan la acción de queja y sancionan a Torres con una multa de 20 salarios básicos.

El fallo de los dos jueces concluyó que su colega observado “incurrió en transgresión” del reglamento de Trámites del Tribunal y también el Código Orgánico de la Función Judicial, sobre el principio de independencia.

Esgrimen que la reunión casual con una de las partes procesales “sin consideración de lo que hayan conversado, genera una duda y pérdida de confianza de los electores en los jueces con jurisdicción electoral, es un desmedro a la integridad del Tribunal Contencioso Electoral”.

Y agregaron que la actuación de Torres “constituye una transgresión de la normativa electoral (…) y pone en entredicho su imparcialidad”. (I)