El concurso público para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado volvería a la fase de admisibilidad de los postulantes, por la decisión de un juez del cantón Rumiñahui que tramitó una acción de protección.

A este recurso constitucional acudió una ciudadana de nombre Andrea Medina Bachmann, que consta como funcionaria de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), quien había argumentado causales como la inseguridad jurídica, falta del debido proceso y la ausencia de una medida de acción afirmativa para promover la participación de las mujeres.

Ella no consta como inscrita en el concurso público que lleva a cabo una comisión ciudadana, que al momento se encontraba en la etapa de calificación de méritos de 103 postulantes que aspiran a ser contralor.

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El recurso lo admitió a trámite un juez de la Unidad de la Familia, Niñez y Adolescencia del cantón Rumiñahui (Pichincha), Juan Gómez Guayasamín, quien había resuelto “retrotraer todo lo actuado” por la comisión ciudadana a la fase de admisibilidad, que es el primer filtro del concurso público y que consiste en la revisión de los requisitos legales que deben cumplir los participantes.

La decisión del juez se conoció de forma oral en una audiencia a la que convocó este 26 de abril, por lo que el fallo escrito aún no era notificado a las partes y tampoco constaba en el portal de la Función Judicial.

La recurrente Andrea Medina Bachmann había reclamado inseguridad jurídica, afectación al debido proceso y que no había paridad de género en la selección. Según se explicó, que en el reglamento para elegir a esta autoridad no se incluía una puntuación de acción afirmativa por ser mujer.

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El juez Juan Gómez acogió los argumentos de Medina y aceptó la acción de protección y durante la lectura de su decisión no había desestimado dictar medidas cautelares para suspender el concurso, relató el vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Carlos Figueroa.

“Es terrible lo que está viviendo el Ecuador. Están destruyendo todos los concursos, apelando a que se paraliza una fase porque las comisiones ciudadanas hacen una consulta y alegan inseguridad jurídica. No reflexionan sobre todo lo que se está gastando en llevar a cabo estos procesos y se quiere tirar abajo el concurso”, expresó indignado Figueroa.

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La asambleísta del correísmo (UNES) Victoria Desintonio increpó a los consejeros por no responder a las inquietudes de la comisión ciudadana, relacionadas con la puntuación de los títulos de tercer y cuarto nivel de los postulantes.

Esto, porque el CPCCS hizo la consulta a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt) y la respuesta que recibió la trasladó a los comisionados sin absolver las inquietudes.

Ahí, la presidenta Gina Aguilar reconoció que se equivocaron, que cometieron un error y que esperan subsanarlo durante una sesión extraordinaria que se realizaría la tarde de este 27 de abril.

En ese espacio, los legisladores les consultaron sobre la resolución del juez Gómez que retrotrajo el concurso a la etapa de admisibilidad y Aguilar pidió tiempo para responder, pues el organismo aún no ha sido notificado con la sentencia escrita para determinar las acciones a seguir. (I)

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