El proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, aprobado con 75 votos por la Asamblea Nacional, ha causado un profundo rechazo en los gremios de medios de comunicación y periodistas del país, que exigen al presidente Guillermo Lasso vetarlo totalmente. Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, se suma a este pedido y dice que para poder sustituir la norma vigente los legisladores deben empezar por analizar a fondo sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en casos en los que se llegó penalizar la opinión, para así empezar por mejoras para la protección a los periodistas.

Diferentes sectores de la comunicación y el periodismo sostienen que el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación es agresivo, ¿concuerda usted con esta postura?

Por supuesto, es el retorno de la ley mordaza lamentablemente en nuestro Estado ecuatoriano. Lo único que busca esta normativa es de manera camuflada penalizar la opinión y nos preocupan muchos artículos.

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¿Cuáles son estos artículos que más preocupación causan?

Artículos como el 11 y 12, que hablan sobre la responsabilidad ulterior, pero abren la posibilidad a las acciones penales porque reza el artículo que sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole. Cualquier jurista o cualquier ciudadano sabe que al decir “otra” podrían ser acciones penales, me parece que es algo muy complicado que va en contra sobre todo de estándares internacionales. El artículo 17 también nos hace ruido, queda prohibida la difusión de toda información falsa a potestad del Estado, que se va a convertir en quien defina qué noticia es verdadera y qué noticia es falsa, esto está fuera de contexto y del respeto al trabajo periodístico.

Las reformas plantean la creación de un defensor de audiencias, ¿esto convierte a la Defensoría del Pueblo en un organismo controlador de la comunicación?

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Otro de los temas que nos preocupa es el rol que se le quiere dar a la Defensoría del Pueblo, quieren volverla una defensoría de la mordaza o, en este caso, de guillotina. Al son de defensores de audiencias serán los funcionarios de esa institución los que tengan la potestad de decidir sobre el tema de contenidos, cuando entendemos que la Defensoría es justamente un ente que defiende al ciudadano. Actualmente, con la Ley que se reformó en el 2019 se tiene toda la potestad de que el ciudadano que se siente vulnerado pueda con una acción de protección poner en análisis el derecho vulnerado, por eso de ninguna manera podemos tolerar que se convierta la Defensoría en una Defensoría de la mordaza.

Entonces, ¿cómo se puede construir una Ley de Comunicación democrática y que garantice la libertad de expresión?

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Primero se debe entender algo y es que la ley es construida desde la revancha. Hay una deuda con el asesinato de los colegas de El Comercio, tenemos un pasado muy complicado donde se ha judicializado a los periodistas por opinar como la sentencia del caso Palacio Urrutia y otros versus Ecuador, claramente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos conduce al Estado ecuatoriano a no penalizar la opinión. Estos son temas que nos hubiese gustado que la Asamblea debata a profundidad, que analice las sentencias para mejorar el quehacer desde el Estado para la protección a los periodistas.

Como Consejo de Comunicación, ¿cómo afectan estas reformas?

Nos parece totalmente fuera de contexto el artículo 5 de la reforma en el que se establece como competencia del Consejo de Comunicación el establecer mecanismos y reglamentos para controlar la existencia de códigos deontológicos en todos los medios de comunicación. Quieren convertir al Consejo en uno moralista, que tengamos la facultad de reglamentar, por ejemplo, si Diario EL UNIVERSO cumple o no las normas de un periódico. Es un tema que no tiene un análisis a profundidad, que no tiene un respeto a la Constitución ni a los derechos y convenciones internacionales.

¿Su pedido al Ejecutivo es que aplique el veto total?

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Sí, exigimos el veto total. Nosotros entendemos que un Estado democrático debe obtenerse con una prensa independiente, con el respeto a la libertad de expresión a darle mejor entorno para que se pueda responder de acuerdo a la profesión que es el trabajo periodístico, pero hay que entender algo también, en el artículo 37, se legaliza la existencia de medios gubernamentales que tengan el objetivo de difundir el accionar de los funcionarios públicos, en lugar de garantizar, por ejemplo, la comunicación e información de la ciudadanía.

En caso de que el veto no sea total, ¿qué acciones plantea tomar el Consejo de Comunicación?

Nosotros estamos en espera de que exista el análisis del Ejecutivo y en lo posterior seguiremos defendiendo, sobre todo, el sistema de protección a los periodistas, pero también a los organismos internacionales que bien recomiendan al país una norma que pueda garantizar el trabajo periodístico.

¿Como exlegisladora considera que este tema siempre va a depender de mayorías de turno en la Asamblea Nacional?

Primero hay que entender que cuando logramos la reforma en el 2019, abrimos la posibilidad de que todos los sectores se involucren para poder finiquitar y aportar en la normativa de ley mordaza, aprobada en el 2013. Esto conlleva una participación mucho más representativa desde los gremios, colegios de periodistas, academia. Entiendo que en el pleno de la Asamblea existen pesos y contrapesos, pero cuando uno tiene una madurez política y entiende que el Estado democrático tiene que tener el debido respeto a los derechos y entendemos que la Asamblea tiene que actuar con madurez, por eso reitero que los legisladores deben partir por revisar las sentencias de la Corte IDH. Sugerimos trabajar este año con un reglamento para la Ley reformada en 2019 y que sean los actores principales de esta normativa quienes puedan proponer. (I)