Las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) tienen oposición al pedido de archivo de la investigación previa por el delito de peculado dentro del caso denominado Ambiensa y anuncian que, una vez que sean notificados por el juez respectivo, apelarán la decisión.

El 19 de enero pasado, el fiscal Martín Navarrete solicitó al juez de la causa que disponga el trámite para el archivo de la investigación previa, según él, al no haberse podido demostrar la existencia del delito de peculado y menos aún la participación de tres exdirectores y un exasesor del Isspol y de un funcionario privado.

Esta indagación era parte del megacaso de corrupción Isspol, que analiza la Fiscalía a través de casos que se encuentran en investigación previa y otros seis en los que ya se han formulado cargos y están a puertas de audiencias preparatorias de juicio. Fiscalía sigue la pista del manejo irregular en inversiones de aproximadamente $ 950 millones que pertenecen al Isspol.

Fiscalía pide se archive investigación previa que analizaba el delito de peculado dentro de otro caso Isspol

La investigación del delito de peculado en el caso Ambiensa arrancó por la denuncia presentada por el general Jorge Villarroel, entonces director del Isspol. En la denuncia se señalaban irregularidades que habrían existido en la compra de bienes inmuebles como inversión del Isspol, lo cual preocupaba a esas autoridades “por el uso de fondos de las pensiones de los servidores policiales en actos jurídicos que no cumplirían con los requisitos establecidos en la ley y en normas reglamentarias, existiendo de por medio presuntos ilícitos contra la Administración pública”.

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El actual director del Isspol, coronel Renato González, recuerda que la institución presentó en una sola denuncia hechos relacionados con los bienes Anchamaza, Mapreco y Ambiensa. Al avanzar las investigaciones, y por decisión de la Fiscalía, se dividieron en casos individuales: Anchamaza quedó radicado en Quito, por su ubicación geográfica; Mapreco fue trasladado a Guayaquil, porque está en el sector de Petrillo, en la vía a Nobol; y Ambiensa, que está en la vía a Chongón, fue trasladado a Guayaquil, pero se mantuvo finalmente en Quito.

En el caso Ambiensa, explicó González, se habrían dado algunas acciones dentro de esta investigación previa, entre ellas, un peritaje que hablaba de que el Isspol adquirió ese terreno en $ 17 millones y que en la actualidad el perito valoró el terreno en $ 19,9 millones, justificando que no hay ninguna afectación.

Además se habría señalado en ese informe pericial, mencionó el director del Isspol, como para darle fuerza a la teoría del perito, que el avalúo catastral pasó de $ 1,7 millones en el 2014 a $ 4,1 millones en el 2015, es decir, un crecimiento del 143 % en el avalúo catastral.

“Nosotros no estamos de acuerdo. Consideramos que se trata de una afectación grosera al patrimonio del Isspol, porque en las etapas que se le vendieron al Isspol, de la 5 a la 9, por la mitad del terreno pasa el gasoducto de Chongón, por lo tanto, tenemos una afectación a cada costado de 20 metros; además, este terreno tiene un desnivel con el terreno colindante”, refirió el coronel González, quien piensa que no solo se tenía que recurrir a un peritaje, sino recurrirse a un segundo y tercer peritaje para tener mayor claridad.

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“Los elementos de convicción recabados en la fase de investigación previa, y como lo afirma el perito de avalúos, quien determina que el bien inmueble tiene en la actualidad un valor de $ 18,9 millones, valor más que el adquirido, esto implica que no existe daño patrimonial a la institución estatal por la compra del bien inmueble. Al ser este un requisito del tipo penal, no se podría entender la configuración de un delito de peculado sin que exista de por medio perjuicio a las arcas del Isspol”, explica el fiscal Navarrete en su pedido de archivo.

‘El caso Isspol es un claro ejemplo de crimen organizado político-económico transnacional’

El director del Isspol cree que, al ser el Isspol una institución pública, se tenía que analizar el proceso contractual por el cual el Isspol llegó a tener ese terreno y no siguió para nada las normas establecidas por el Sercop. “Por todo esto, nuestro pronunciamiento de oposición a ese dictamen de archivo”.

La apelación a ese pedido de archivo ya estaría lista, pero se esperaría en el Isspol a ser notificados por el juez para presentarlo formalmente. Lo que se buscaría es que el superior del fiscal Martín Navarrete, es decir, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, revise esta solicitud de archivo.

La investigación previa en el caso Ambiensa se inició en contra del general de Policía (SP) Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del Isspol; de dos exdirectores de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, respectivamente; de Santiago Duarte, ex asesor jurídico del Isspol; y de Humberto Ramírez, representante legal de la compañía Ambiensa S. A.

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Justamente, la semana pasada, dentro del caso Isspol-Peculado, el fiscal Santillán revocó los dictámenes abstentivos realizados por Navarrete a favor de Espinosa de los Monteros y de Luis Domínguez, representante legal de Rusticussi S. A.

Con la revocatoria, estos dos procesados se sumaron a la lista de ocho personas que ya tenían un dictamen acusatorio del proceso que investiga un peculado en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones efectuadas entre 2017 y 2019 por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa. (I)