En la localidad de San Jacinto, cantón manabita de Sucre, fue detenido la noche del martes último Banny Rubén Molina Barrezueta, juez de la Unidad de Garantías Penitenciarias de Portoviejo (Manabí), que transformado en juez constitucional concedió el 5 de agosto pasado un habeas corpus solicitado por Christian Araujo, sentenciado por asesinato a 13 años de cárcel, y extendió ese beneficio al exvicepresidente Jorge Glas y a Daniel Salcedo.

La detención con fines investigativos se dio como parte de la investigación previa abierta horas antes por la Fiscalía contra el juez por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas.

Molina habría actuado sin competencia en la acción de habeas corpus, pues, según el Consejo de la Judicatura (CJ), el mismo 5 de agosto último, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí revocó un sobreseimiento a su favor y ordenó que sea llamado a juicio dentro de un proceso penal por prevaricato. Ante esto el director general de la Judicatura, Santiago Peñaherrera, interpuso una denuncia penal contra el juez.

Sombras de irregularidades rodearían nuevamente a un ‘habeas corpus’ con el que resultó beneficiado el exvicepresidente Jorge Glas

El caso por prevaricato se desprende de hechos ocurridos en diciembre de 2018, cuando el juez Molina ordenó que una persona, luego de ser declarada culpable por un delito de peculado y sentenciada a 2 años de prisión, debía cumplir la totalidad de su pena privativa de libertad en su domicilio, sin que se cumplan las condiciones necesarias para otorgar ese beneficio.

Publicidad

Por esta causa fue llamado a juicio Molina el viernes último a las 12:10. En ese momento, asegura Fausto Murillo, presidente del CJ, por disposición legal él perdió su jurisdicción como juez o lo que es lo mismo, todo lo que actuó posterior a las 12:10 del 5 de agosto pasado no tiene validez.

Pese a conocer de la decisión oral de ser llamado a juicio, el juez Molina horas más tarde, a las 16:46, decidió otorgar el habeas corpus pedido por Araujo y que les fue extendido a Glas, quien mantiene dos sentencias en firme por delitos relacionados con corrupción y una pena de primera instancia por peculado en el caso Singue; y a Salcedo, sentenciado a 13 años de cárcel por el delito un peculado ocurrido en el contexto de la pandemia y a 3 años por el ingreso de artículos prohibidos a la cárcel.

Ni la investigación de Fiscalía, ni la pérdida de su competencia como juez les son ajenas a Banny Rubén Molina Barrezueta, quien ingresó a la Función Judicial el 21 de mayo de 2015 como juez de primer nivel de la Unidad Penal de la ciudad de Manta, luego se lo trasladó al cargo de juez de primer nivel de la Unidad Judicial Penal de Portoviejo y finalmente se lo posesionó como juez de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Portoviejo.

El 4 de marzo de 2020, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, Alfredo Pinargote Alonso, dictó auto de llamamiento a juicio en su contra en el proceso penal por el delito de asociación ilícita. Para ese momento la Fiscalía investigaba dentro del caso llamado El Rodeo a una “red delictiva” que operó entre 2015 y 2019 y estuvo integrada por funcionarios públicos, que habría solicitado dinero y botellas de licor para tramitar las garantías penitenciarias de las personas privadas de la libertad, a las que tienen derecho a acceder por ley y sin costo alguno.

Publicidad

Ocho de nueve procesados, entre ellos Molina, fueron llamados a juicio por asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones. Las pericias de extracción de información de chats, las interceptaciones telefónicas, junto con versiones de testigos y víctimas fueron parte de los 97 elementos de convicción que el entonces fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, presentó para acusar.

El nombre de Molina saltó en el proceso en una versión de María Isabel Romero. Ella dijo que acudía a la cárcel El Rodeo, en Manabí, porque mantenía una relación con un privado de la libertad y que un doctor le dijo que para el trámite que ella requería “se necesitaban $ 800 para que el juez Banny Molina atendiera la carpeta” de su pareja.

Fiscalía abre investigación previa por usurpación y simulación de funciones contra Banny Rubén Molina, juez que otorgó un 'habeas corpus' a Jorge Glas

En la audiencia preparatoria de juicio, Santillán dijo que la red exigía a los familiares de los detenidos una “gratificación, cuota o contribución de entre $ 500 y $ 3.000″, además de dos o cuatro botellas de whisky, cuyos precios debían oscilar entre $ 19 y $ 45, como mínimo. Si se negaban, los expedientes se extraviaban en el Centro de Rehabilitación o se tramitaban mucho tiempo después

Dentro de la acusación fiscal, Banny Molina aparecía como uno de los tres jueces penales con funciones en garantías penitenciarias que recibían parte del dinero que se exigía para cometer la ilegalidad.

Publicidad

Nueve meses después de ese dictamen acusatorio y de las pruebas que se dijo desde la Fiscalía existían, el mismo fiscal Santillán en audiencia de juicio se abstuvo de mantener la acusación, argumentando que no se encontraron elementos suficientes para continuar con los cargos penales.

Esa abstención se extendió a otro juez procesado y una funcionaria del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Solo se acusó en calidad de autores a cinco personas.

El 20 de julio pasado, Alberto Santillán dejó de ser fiscal provincial de Pichincha y actualmente es parte del concurso público para designar a catorce jueces especializados en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Él es uno de los 53 postulantes que en este momento rinden la prueba práctica, parte de la fase de oposición del proceso liderado por el CJ.

Murillo reconoce que en ese caso Molina fue suspendido del cargo sin remuneración, pero fue reintegrado a sus funciones una vez que la Fiscalía no continuó con la acusación. Respecto a la postulación de Santillán al concurso para jueces anticorrupción, el presidente encargado de la Judicatura señaló que el proceso de designación tiene fases claras y existe la etapa de impugnación ciudadana para cuestionar idoneidad, inhabilidades, entre otros requisitos que no cumplan los aspirantes. (I)