La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) alertó que la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa en contra de más de 50 dirigentes sociales, entre ellos, contra su presidente, Marlon Vargas, por presunto enriquecimiento privado no justificado, en el marco del paro nacional que inició la Conaie, desde el lunes, 22 de septiembre.

La noche de este viernes, 26 de septiembre de 2025, a través de su cuenta en la red social X, la organización indígena compartió la notificación de la FGE, en la cual se solicita la dirección electrónica para proceder con las respectivas notificaciones.

“Denunciamos la persecución masiva de la Fiscalía contra más de 50 dirigentes, entre ellos Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, presidentes de nuestras regionales, equipos técnicos y defensores de DDHH y de la naturaleza”, denunció la Conaie.

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Además, la organización indígena consideró que esta notificación es parte de un “mecanismo más de criminalización y persecución política y judicial del gobierno de Daniel Noboa en complicidad con la Fiscalía, para frenar el paro nacional 2025 y deslegitimar nuestras demandas con falsas acusaciones”.

En este marco, la Conaie ratificó las acciones de hecho, en el marco del paro nacional. “Nos mantendremos firmes y agotaremos todas las instancias frente a este gobierno dictatorial. Protestar no es un delito, es un derecho”, escribió la organización.

Además de Vargas, entre los notificados con el inicio de este proceso judicial está Paolina Vercoutier, viceprefecta de Imbabura, Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), Ángel Cartuche, subcoordinador del Movimiento Pachakutik del Azuay, Pacha Terán, líder indígena de Otavalo y excandidata a la Presidencia, Nayra Chalán, exvicepresidenta de la Ecuarunari e integrante del Frente Nacional Antiminero y más dirigentes sociales.

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El artículo 297 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años a quien obtenga para sí o para otra, en forma directa o por interpuesta persona, incremento patrimonial no justificado mayor a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general será sancionada.

Esta denuncia se suma a la ya presentada por presunta instigación, incendio y terrorismo contra Marlon Vargas, Guillermo Churuchumbi, coordinador del movimiento político Pachakutik (PK); y, Leonidas Iza, expresidente de la Conaie, que ingresó Manuel Peñafiel Falconí, que preside una agrupación denominada Corte de Justicia Indígena Iberoamericana, afín al gobierno de Daniel Noboa, en la Fiscalía de Riobamba. (I)