Con 88 votos afirmativos el pleno de la Asamblea Nacional resolvió la conformación de la comisión especializada ocasional para el tratamiento de los proyectos de ley de la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024.

La moción fue presentada por el legislador del Partido Social Cristiano (PSC) Vicente Taiano la mañana de este martes 21 de mayo.

Dicha comisión legislativa estará conformada por los siguientes asambleístas: Carlos Vera Mora, del PSC; Steven Ordóñez, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN); Patricia Mendoza, de la Revolución Ciudadana; Lucía Posso, legisladora independiente; y Catalina Salazar, del movimiento Construye.

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Vera dijo que aspira presidir la Comisión que tramitará los proyectos tras la consulta popular y señaló que el presidente no puede crear desconfianzas en la conducción de la mesa, que hará respetar el pronunciamiento popular.

Según consta en el artículo 3 de la resolución, los plazos de duración de esta será de 45 días y se podrá prorrogar por el mismo plazo previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional, conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Los proyectos remitidos por el Ejecutivo esperaban la conformación de esta comisión ocasional, pues debe ser el CAL quien defina el envío de los textos a la mesa. Los proyectos reforman el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley reformatoria a la Ley de Extinción de Dominio.

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Los cambios legales planteados al COIP se refieren a incrementar las penas en los delitos de terrorismo, producción y tráfico ilícito de drogas, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividades ilícitas de recursos mineros.

Dentro de los temas aprobados y que deben ser reformados por el Parlamento consta la disposición de que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de las penas en el interior de los centros de rehabilitación; que se tipifique como delito la tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las fuerzas del orden; y destinar las armas, explosivos y otros usados en delitos a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas. (I)

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