Con la incorporación de las últimas observaciones, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se prepara para votar este miércoles 16 de marzo el informe para segundo debate del proyecto de “Ley urgente económica para la atracción de inversiones, fortalecimiento del mercado de valores y transformación digital”, propuesto por el presidente Guillermo Lasso.
Los nueve asambleístas que integran la Mesa redactaban ayer el informe con temas aún pendientes sobre regulaciones al Código Monetario, por ejemplo, aunque sin la certeza de que en el pleno del Legislativo logren los votos para aprobarlo, en una sesión que deberá realizarse el fin de semana, que es cuando concluirá el plazo para su trámite.
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Esto, en el contexto de la conformación de una nueva mayoría que dio paso a las 268 amnistías a actores políticos y que la integran las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), varios asambleístas de Pachakutik (PK), otros de la Izquierda Democrática (ID) y de la Bancada por el Acuerdo Nacional (BAN), los cuales hicieron reparos a la propuesta durante el primer debate por las suspicacias de que se buscaría “privatizar” servicios públicos mediante la figura de la delegación por las alianzas público-privadas.
La legisladora del oficialismo Nathalie Arias (CREO) negó que la propuesta tenga ese objetivo; pero, para evitar la oposición al proyecto, se planteará un “candado”, anticipó.
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Hay un “consenso” para implementar estos “candados constitucionales y evitar la privatización en sectores que son responsabilidad del Gobierno, para que no vaya a malentenderse y no quepa duda de que este esquema va a ser bien utilizado”, subrayó Arias.
Recordó que las alianzas público-privadas existen en el sistema ecuatoriano desde el 2015, y con la norma en trámite se plantea únicamente que los procedimientos sean “más expeditos”.
La legisladora se mostró confiada en que saldrá un proyecto que aglutine las propuestas de las diferentes bancadas; y, en esa línea, desestimó que haya —por el momento— mociones de archivo o informes de minoría.
El presidente de la Comisión, Daniel Noboa (independiente), lamentó que no se debatan ideas, conceptos o artículos, sino “posiciones políticas”. Aseguró que, por pedido de la bancada de UNES, se aclaró en el artículo 7 que “no se puede delegar ni cobrar al usuario directamente” un valor relacionado con la salud, educación y seguridad, porque la Constitución lo impide. “Sí, ha habido gente que se queja de que esta es una ley para privatizar los bienes de los ecuatorianos, pero hay candados puestos”, insistió.
El legislador John Vinueza (independiente) recalcó que este miércoles se resolverá si los legisladores votan a favor o en contra; o, de lo contrario, si se define un informe de minoría.
Anotó que el debate se concentra en el libro 1, que es el “más complicado”. A él le preocupa la “delegación al sector privado de la administración, construcción, planificación de proyectos del sector público”.
Pero, para evitar que los servicios de educación, salud y seguridad se deleguen a lo privado, la Comisión estaría poniendo “candados y límites para que no se cobren tarifas a los usuarios, sino que el Estado reconozca esos valores”, apuntó Vinueza.
La vicepresidenta de la Comisión, Wilma Andrade (ID), insistió en que los cambios que se están planteando se enfocan en cerrar una posible privatización por esta delegación. “Si bien se puede delegar la participación de los privados en educación, salud, seguridad, ninguno de esos servicios podrán cobrarse, ninguna contribución, ninguna tarifa de ningún orden, por lo que se mantiene la gratuidad establecida en la Constitución”, ofreció.
Su aspiración es que se recojan las observaciones de las bancadas de UNES, de Pachakutik y de algunos legisladores de la ID para “ir con un solo informe, para que el pleno lo pueda debatir y aprobar”.
Para Andrade, aprobar este articulado hará que al presidente de la República, Guillermo Lasso, “no le quede pretexto de decir que esta Asamblea está dando la espalda a su potestad, que es legislar”; además, para que el régimen ejecute su proyecto de gobierno y que “no le ponga pretexto a la Asamblea de la ‘ineptitud’ o de no priorizar los proyectos para el país”.
Comisión de Desarrollo Económico procesará el proyecto de Ley de Inversiones
Cristian Yucailla (PK), quien es parte de la mesa de Desarrollo Económico, explicó que espera que el texto detalle con minuciosidad en qué áreas económicas del país el sector privado podrá intervenir, pues temen las suspicacias de una privatización del agua.
Añadió que el movimiento político analiza internamente si sus propuestas serán incluidas en el informe final. De darse esto, votarán por el proyecto; si no, pensarían en su archivo.
El primer debate de este articulado se llevó a cabo el 13 de marzo. Con él, el Ejecutivo espera atraer inversiones por $ 30.000 millones, con estas denominadas alianzas público-privadas, el desarrollo de las zonas francas y el fortalecimiento del mercado de valores. (I)