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Inestabilidad política, la marca del Consejo de Participación Ciudadana elegido en las urnas en el 2019

El cambio en la forma de elegir a sus miembros, la injerencia de otras funciones del estado y la crisis institucional afectaron al organismo.

QUITO (24-11-2022).- Exteriores del edificio en donde funciona el Consejo de Participación Ciudadana. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

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De quedar en firme la censura y destitución por juicio político de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y luego concretarse la posesión de sus reemplazos, el pleno del organismo habrá sufrido casi una decena de cambios a lo largo de tres años y medio de gestión.

En marzo del 2019 se realizó por primera vez la elección de estos funcionarios por votación popular luego de una enmienda constitucional a través de una consulta popular impulsada por el expresidente Lenín Moreno en el 2018. Fueron escogidos José Tuárez, Christian Cruz, Walter Gómez, Victoria Desintonio, Sofía Almeida, María Fernanda Rivadeneira y Rosa Chalá. Se posesionaron en mayo de ese mismo año.

Apenas tres meses después, en agosto, Tuárez, Gómez, Desintonio y Chalá fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional con un juicio político por incumplimiento de funciones, ya que conformaron una comisión para la revisión del proceso de selección y designación de los miembros de la Corte Constitucional, algo que había sido bloqueado por ese mismo organismo para proteger las decisiones del Consejo de Participación transitorio, que estuvo presidido por Julio César Trujillo.

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José Tuárez fue el primer presidente del Consejo de Participación Ciudadana elegido en las urnas en el 2019. Foto de Archivo

En su lugar se posesionaron Juan Javier Dávalos, David Rosero, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo, los siguientes en votación.

En agosto del 2020, Cruz también fue censurado y destituido en un juicio político en el Parlamento. Se lo acusó de incumplimiento de funciones por la obtención del carné de discapacidad supuestamente de manera ilegal, uso de documentos presuntamente falsos y obtención de licencia tipo E. Lo reemplazó Hernán Ulloa.

El 22 de noviembre, los consejeros destituidos, Ibeth Estupiñan (i), Hernán Ulloa, Francisco Bravo (d) junto con el abogado, Diego Chimbo, llegaron al Complejo Judicial Norte para presentar una Acción de Protección. Carlos Granja Medranda / EL UNIVERSO Foto: El Universo

La semana pasada, nuevamente, la Asamblea Nacional resolvió censurar y destituir a cuatro vocales del CPCCS por supuesto incumplimiento de funciones al revisar el reglamento para el concurso de contralor general: Ulloa, Bravo, Rivadeneira y Estupiñán. El trámite de este juicio político fue cuestionado porque no hubo de por medio un informe de la Comisión de Fiscalización, que previamente siguió el proceso contra todos los integrantes del Consejo, pero que no entregó sus conclusiones en el plazo que da la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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La posesión de sus reemplazos en la Asamblea, prevista para el pasado 24 de noviembre, no se concretó, porque un juez constitucional concedió una medida cautelar que dejó sin efecto la decisión legislativa. Les correspondería asumir los puestos a Carlos Figueroa, Karina Ponce, Mónica Moreira y Jaime Chugchilán, del banco de suplentes. El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, ha convocado al pleno de la Asamblea este 27 de noviembre para insistir en el tema.

Si finalmente ellos se quedan, la única sobreviviente del pleno original sería Sofía Almeida.

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El actual Consejo es el que más inestabilidad ha tenido desde la creación de este organismo con la Constitución de Montecristi, que entró en vigor en el 2008.

La activista Mónica Banegas, que fue integrante de CPCCS, indica que esto es resultado del cambio en la forma de elegir a sus vocales. En el texto constitucional original estos funcionarios se seleccionaban a través de un concurso de oposición y méritos, con veeduría e impugnación ciudadana, que era organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE); ahora, con la enmienda del 2018, son elegidos por voto popular, pero los nombres que van a la papeleta son elegidos previamente por el CNE, que actúa a manera de “filtro” de las hojas de vida que presenten los aspirantes.

Banegas refiere que “fue erróneo” este cambio. “El espíritu de elegir consejeros a través de un concurso público de oposición y méritos, con veeduría e impugnación ciudadanas, con procesos en los que tenían que demostrar probidad pública y notoria, era precisamente tener la certeza de que estas siete personas tenían experiencia en participación. Tenía que demostrarse con la carpeta que había liderado iniciativas en territorio, cara a cara con la ciudadanía, convencidos de la participación ciudadana y el control social. Al dar el examen demostraban que conocían la legislación ecuatoriana sobre los derechos y los mecanismos de protección de estos. Y, por último, al pasar por la veeduría y la impugnación ciudadanas, les tocaba demostrar que eran personas con actuar transparente. Todo eso se omitió con la elección en las urnas”, señala.

En el actual proceso, los aspirantes presentan sus carpetas con sus hojas de vida, pero el CNE solo verifica cuestiones de forma, no les da calificación; y la impugnación ciudadana se da sobre esa documentación, indica.

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Banegas recuerda que el argumento que se dio para hacer este cambio fue que la elección de estas autoridades por el voto popular les daba más legitimidad, pero “cuando les exige que sean electos por voto popular y al mismo tiempo les dice que no pueden hacer proselitismo político, es un absurdo. Eso es antinatural. Y el proselitismo político se hace cuando se tiene una organización política detrás que lo respalda. Con esta decisión parche no se logró el objetivo”, reflexiona.

En tanto que el legislador correísta Fernando Cedeño, que fue presidente del CPCCS, manifiesta que la inestabilidad en el interior del organismo se ha generado por la intromisión del Ejecutivo en sus funciones.

“A Moreno no le gustaron los consejeros que fueron elegidos en el 2019 con su fórmula del voto popular, y por eso impulsó su destitución en la Asamblea Nacional con CREO y otras bancadas afines. La salida de Cruz se dio por temas de carácter legal. Y en febrero pasado se tomaron por asalto las instalaciones del Consejo por orden de Alexandra Vela. Y mediante una figura que no existe en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, la autoconvocatoria, cuatro consejeros sesionan y designan a Ulloa como presidente. Se ve claramente la intromisión de la Función Ejecutiva…”, comenta.

El analista político Fausto Camacho sostiene que, a más del cambio en la forma de elegir a los consejeros, que finalmente no les dio la legitimidad que se buscaba ni una pertenencia frontal a una organización política, en la inestabilidad del Consejo ha incidido la crisis institucional que en general experimenta el país.

“Esta crisis alcanza al Ejecutivo, a la Asamblea Nacional, a la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura... Quizás la que medio se salva es la Corte Constitucional. Pero los Consejos de Participación en general han actuado con mucha arbitrariedad. Los anteriores lo eran, pero respondían a una misma línea política; el de ahora, a varias. Han hecho concursos tramposos, procesos con falta de transparencia; no investigaron casos de corrupción... Se sometieron con tal de ser parte del proyecto político”, expresa. (I)

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