Aún es incierta la votación que obtendría el proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo por violación en Ecuador, pues las fuerzas políticas se mantienen a la espera del texto final sobre la temporalidad que presentará la Comisión de Justicia al pleno.
El anuncio formulado por la Izquierda Democrática (ID) de segmentar en tres grupos el plazo máximo para la interrupción del embarazo tuvo eco en un sector de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), pues su coordinadora, Paola Cabezas, señaló que ella fue quien planteó en el segundo debate que se debe pensar en una diferenciación entre niñas hasta 14 años, niñas entre 14 y 18 años y mayores de 18 años.
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Que incluso esa diferencia de edades ya la hizo la Corte Constitucional en una sentencia sobre consentimiento para mantener relaciones sexuales, entendiendo que personas entre 14 y 18 años de edad tienen la posibilidad de decidir bajo ciertos criterios. Lo mismo podría ocurrir en el caso de la interrupción del embarazo, bien se puede acceder a la decisión libre e informada de las adolescentes, apuntó.
La mayoría de legisladores de la Izquierda Democrática (ID), en rueda de prensa, planteó que se establezca en la ley que las niñas menores de 14 años podrían interrumpir su embarazo por violación hasta las 20 semanas; las adolescentes entre 14 y 18 años de edad, hasta las 18 semanas de gestación; y, las mujeres mayores de 18 años de edad, la interrupción podría darse hasta las 16 semanas de embarazo.
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Cabezas resaltó que la ID haya aceptado una sugerencia de un sector de UNES, pues dijo que esa debería ser la vía para encontrar consensos alrededor de la temporalidad, ya que esta posibilidad de segmentar por grupos la interrupción del embarazo por violación da un margen de maniobra para obtener los votos de muchos asambleístas indecisos.
La Comisión de Justicia espera reunirse el viernes 11 de febrero en la mañana para conocer los cambios que recogió la legisladora ponente, Johanna Moreira (ID), durante el segundo debate, y ese texto será expuesto al pleno de la legislatura.
En el sector de Pachakutik, según su coordinador Rafael Lucero, se mantienen en su posición inicial de dejar en libertad a los asambleístas del bloque para que decidan su voto de acuerdo con su conciencia y convicciones.
La bancada socialcristiana también no ha cambiado su posición, sus legisladores están liberados de la disciplina partidista en este tema, según comentó su coordinador, Esteban Torres, quien sostuvo que no es recomendable para la legislatura que en un tema delicado se someta a una especie de regateo de semanas de gestación para viabilizar el aborto. Personalmente, dijo, votará en contra de cualquier propuesta que motive el aborto.
El oficialismo a través de la legisladora Nathalie Arias (CREO) advirtió que en esta última etapa de trámite de la ley no se pueden aplicar cambios adicionales a los que se plantearon en el debate, si la segmentación que sugiere la ID no fue propuesta en el pleno, no podría incorporarse en el documento final.
Este sector político espera conocer el texto definitivo para resolver su postura, y Arias no descarta la opción de respaldar el informe de minoría donde se establecen plazos menores a las doce semanas de gestación para la interrupción del embarazo por violación.
El primer vicepresidente de la legislatura, Virgilio Saquicela (BAN), dijo que la sentencia de la Corte Constitucional respecto del aborto por violación conmina a establecer una especie de tabla para la interrupción, pero no dice que debe hacerse hasta seis meses de gestación.
Aquí también es importante que en la ley se establezca la necesidad de una denuncia para castigar al agresor, para de esa forma evitar que siga abusando de la víctima, sostuvo.
El plazo para la interrupción del embarazo no debería ir más allá de las cinco semanas de gestación, porque se sobreentiende que es un tiempo prudencial, dijo. Igualmente, habló de la posibilidad de conciliar con otras fuerzas políticas alrededor del informe de minoría. (I)