La comisión que estructuró la Asamblea Nacional por las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural insiste al gobierno central a sumarse al diálogo para llegar a un acuerdo en torno a la huelga de hambre de los maestros que este 2 de agosto cumplió tres semanas.

La mesa de concertación se reunió la semana pasada tres veces, en ninguna de ellas estuvo el representante del Ejecutivo y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Quienes participaron fueron los delegados de la Asamblea Nacional, de la Defensoría del Pueblo y de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

Los delegados de estos tres sectores resolvieron otorgar un nuevo plazo al Gobierno para dialogar sobre una salida a las demandas de los maestros que se encuentran en huelga de hambre. Mientras tanto, la UNE se comprometió a no incrementar nuevos huelguistas en ninguna de las provincias del país hasta el 6 de agosto. Al momento, en once provincias existen 80 personas en huelga, de las cuales quince fueron trasladadas a casas de salud por quebrantos en su estado.

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Acordaron mantener la mesa de concertación, donde a más de la invitación al Ejecutivo se acogerá el ofrecimiento de otros organismos como la Unesco, Unicef, Conferencia Episcopal, entre otras entidades públicas y privadas que han manifestado su voluntad de participar en el diálogo que contribuya a que los maestros depongan la medida de hecho, hasta que la Corte Constitucional resuelva la apelación a la reforma a la LOEI.

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Hasta observar los resultados de la próxima convocatoria de la mesa de concertación, la delegada de la Asamblea Nacional, Isabel Enríquez (Alianza por la Dignidad), y el representante de la Defensoría del Pueblo, Marco Pacheco, acordaron con la presidenta de la UNE, Isabel Vargas, que no se sumen más maestros a la huelga de hambre, incluso podría caber la posibilidad de que revisen la vigencia de la medida.

Contrato Social por la Educación hace un llamado al diálogo para superar la huelga de hambre de maestros en Ecuador

La asambleísta Enríquez reveló que si no se llegaba a un entendimiento con la dirigencia de la UNE y se suscribía este acuerdo, este lunes 2 de agosto, cinco provincias más se sumarían a la huelga de hambre. Por ello, se insistió al Gobierno a incorporarse al diálogo que podría ser el miércoles, cuando se reanuden las sesiones de la mesa.

Si en esta semana, advirtió la legisladora de Zamora Chinchipe, el Ejecutivo no se incorpora al diálogo, podría radicarse la medida de hecho que llevan los maestros desde hace 22 días.

Isabel Vargas, dirigente de la UNE, reclamó a la Corte Constitucional por no dar celeridad y urgencia a la demanda de inconstitucionalidad presentada a las reformas a la LOEI, pues afirmó que cada día se agrava más la situación de salud de los maestros y de algunos estudiantes que se sumaron a la medida de hecho.

Insistió en que la UNE se compromete, con este acuerdo, a no instalar huelgas de hambre en otras provincias del país, hasta conformar la segunda mesa de concertación por el bien de los maestros y estudiantes que demandan la vigencia de las nuevas reformas que están suspendidas desde el 20 de mayo por parte de la Corte Constitucional, al acoger una petición de medidas cautelares mientras resuelve una demanda de inconstitucionalidad.

Acuerdo

Este 2 de agosto, las asambleístas Isabel Enríquez (Alianza por la Dignidad), Rocío Guanoluisa (ID), Marco Pacheco, delegado de la Defensoría del Pueblo, e Isabel Vargas, presidenta de la UNE, suscribieron un acuerdo en el que reiteran el llamado al gobierno central al diálogo, en tanto que los maestros se comprometen a no incrementar el número de huelguistas hasta el 6 de agosto próximo.

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Asimismo, exhortan a la Corte Constitucional a resolver con celeridad la demanda de inconstitucionalidad presentada a las reformas a la LOEI. El documento suscrito señala lo siguiente:

Primero: Ratificar que la Ley Reformatoria a la LOEI garantiza y desarrolla de manera progresiva los derechos de la comunidad educativa, en ese sentido es importante resaltar que:

  • Establece espacios libres de acoso y violencia en las unidades educativas, lo que viabiliza tutelar primordialmente el derecho de niños, niñas y adolescentes, conforme lo determinado en el artículo 44 de la Constitución de la República.
  • Establece un nuevo bachillerato que permite la articulación de la educación superior, la inserción laboral y la construcción de proyectos de vida.
  • Garantiza e implementa una educación intercultural y la etnoeducación, como parte del desarrollo y conservación cultural del pueblo montuvio y afroecuatoriano, al igual que la educación bilingüe.
  • Garantiza una educación inclusiva, que permite a los estudiantes con discapacidad por primera vez y de forma obligatoria la atención psicológica, clínica y pedagógica.
  • Propende a la entrega oportuna de recursos económicos necesarios para el sistema educativo, por parte del Estado, tomando en cuenta que la educación constituye un área prioritaria de la política pública y la inversión estatal.
  • Equipara y reconoce a los docentes remuneraciones que les permitan garantizarles una vida digna.
  • Garantiza la revalorización docente integral: ingreso, formación inicial, capacitación y evaluación.
  • Viabiliza el reintegro de docentes desvinculados en el contexto de la pandemia por COVID-19, así como la reapertura de las unidades educativas que cumplan con parámetros técnicos mínimos.
  • En conclusión, la mesa de concertación considera que la Ley reformatoria de la LOEI garantiza los derechos de la comunidad educativa y que la misma se enmarca dentro de las normas constitucionales.

Segundo: Convocar a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional en coordinación con la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales de la Asamblea Nacional a la participación de otras instituciones tanto públicas como privadas, así como de otros actores sociales y organismos internacionales de Derechos Humanos, como Unicef, Unesco, entre otros; de igual manera a la Defensoría del Pueblo, Presidencia de la República, Ministerio de Educación, Ministerio de Finanzas, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Consejo de Igualdad Intergeneracional, y demás entidades, con el objeto de integrar un diálogo que permita el pleno ejercicio de la tutela de los derechos de la comunidad educativa.

Tercero: Debido a la conmoción social producida por la sustanciación del proceso de acción pública de inconstitucionalidad en contra de esta norma, que derivó en la huelga de hambre propiciada por la UNE, se insta a la Corte Constitucional a resolver con la debida celeridad esta causa.

Cuarto: La Unión Nacional de Educadores una vez que se instale la nueva mesa de diálogo con los actores gubernamentales y no gubernamentales enunciados en el numeral segundo de este instrumento, podría revisar, en caso de creerlo oportuno, deponer la medida de hecho (huelga de hambre).

Quinto: La Unión Nacional de Educadores conviene no incrementar nuevos huelguistas en ninguna de las provincias del país hasta el 6 de agosto de 2021, reservando su derecho a rever en cualquier tiempo.

Sexto: La Asamblea Nacional cumplirá con sus atribuciones establecidas en los artículos 9 numeral 9, y 104 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que trata sobre el control de la proforma anual y la programación cuatrianual, misma que se debe adecuar a la Constitución de la República, a la Ley y al Plan Nacional de Desarrollo.

La Asamblea Nacional vigilará y verificará la aplicación de criterios de progresividad y no regresividad en derechos y reducción de las desigualdades.

Séptimo: La Asamblea Nacional reitera la invitación al diálogo al gobierno central toda vez que aquello no atenta al principio de independencia de funciones y de ninguna manera interfiere en las competencias de la Corte Constitucional. (I)