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Gustavo Jalkh y exvocales del CJ buscan mediante una acción de protección volver a los cargos de los que fueron cesados en 2018

Los cinco exintegrantes del Consejo de la Judicatura Elena Jiménez, Karina Peralta, Rodrigo Subía, Néstor Arbito y Gustavo Jalkh, fueron cesados en 2018.

Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y Julio César Trujillo, titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio que decidió cesar en funciones a cuatro entonces vocales y presidente del CJ. (ARCHIVO)

Desde las 09:00 de este lunes, en una Sala de los Civil en Quito se empezó a analizar la acción extraordinaria de protección planteada contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) por los exintegrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) Elena Jiménez, Karina Peralta, Rodrigo Subía, Néstor Arbito y Gustavo Jalkh, quienes fueron cesados en sus funciones en 2018 por el Cpccs transitorio.

La diligencia se instaló a la hora fijada y estará a cargo de la misma la jueza Cecilia Simbaña. En la sala dispuesta no se encuentra ninguno de los cinco demandantes y solo ha llegado el abogado que los representará en la argumentación del recurso constitucional.

El objetivo de la demanda sería que se declaren vulnerados los derechos constitucionales de los cuatro ahora exvocales y de Jalkh que fue su presidente y se ordene la reparación integral que entre otras podría incluir la restitución a los cargoso una reparación económica, como se establece en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

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El artículo en mención explica que en caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial.

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La reparación integral, se indica en la Ley, procurará, que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten el derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, ...

Además, la norma señala que la reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso.

La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de vida.

Los demandantes aseguran que se les habría vulnerado derechos como el debido proceso en relación a la garantía de presunción de inocencia, en relación al derecho a no ser privado de la defensa, en relación a ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones, en relación al derecho a replicar los argumentos de las partes, en relación al derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial, en relación al derecho a contar con resoluciones motivadas y en relación al derecho a la seguridad jurídica.

La decisión de cesar en funciones y dar por terminado al el periodo constitucional de los cuatro vocales y el presidente del CJ que ahora demandan lo adoptó en 2018 el Cpccs de transición, presidido por el ya fallecido Julio César Trujillo. Para a diligencia de hoy, por ello se convoca a la actual presidenta el Consejo de Participación, Sofía Almeida y al procurador del Estado, Iñigo Salvador.

A su ingreso al Complejo Judicial, Almeida dijo que en la audiencia defenderá la institucionalidad del Estado, las decisiones del Consejo de Participación y la consulta popular que se dio en el 2018, la cual dio la potestad al Cpccs de cesar en sus funciones a todas las autoridades que ellos evaluaron.

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La presidenta Almeida adelantó que de tener una decisión contraria apelarán y seguirán los procesos hasta las últimas consecuencias hasta que se respete la decisión del pueblo ecuatoriano en las urnas.

“Regresar a sus cargos es lo que están intentando, pero vamos a defender la decisión del país de avaluar a las autoridades y de ser cesados de los que no debieron haber estado ahí. Como presidenta me voy a parar firme y voy a defender al país y su institucionalidad”, señaló la presidenta del Consejo de Participación.

El actual integrante del Cpccs, Hernán Ulloa, escribió en su cuenta personal de Twitter: “Gustavo Jalkh y sus exvocales presentaron una Acción de Protección para retornar al CJ” y convocó “a todos los exservidores judiciales y ciudadanos víctimas de la Metida de Mano en la Justicia” para que acompañen al actual Consejo de Participación en la diligencia. Ulloa al momento se encuentra en la sala de audiencia en la que se ventila la demanda.

La audiencia se dará en el quinto piso del Complejo Judicial Norte, ubicado al norte de la capital. (I)

Redacción
Redacción

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