En 90 días de instrucción fiscal por el delito de concusión, el fiscal provincial de Pichincha, Miguel Flores, deberá conseguir los elementos de prueba que le permitan demostrar su teoría de que el exalcalde de Cayambe Guillermo Churuchumbi y cuatro personas más participación en el cobro de “diezmos”, es decir, de un porcentaje del salario de los funcionarios del Municipio de Cayambe, cuya relación laboral era la de contratos ocasionales de servicios.

El 5 de diciembre pasado, el fiscal provincial presentó contra Churuchumbi, quien es el actual coordinador nacional del movimiento político Pachakutik (PK); Segundo Ramón Lanchimba, como coordinador de PK en Cayambe; Milton Patricio Moncayo, como presidente de la Asociación de Empleados del Municipio de Cayambe; Mónica Carolina Salazar, empleada pública; y Carlos Gabriel Sánchez, empleado privado, 85 elementos de convicción que revelarían la intervención de los cinco en los hechos investigados.

Para Flores, el exalcalde de Cayambe participó en calidad de autor directo; Salazar y Sánchez habrían sido coautores; mientras que Lanchimba y Moncayo fueron cómplices. Los rubros cobrados a modo de diezmos, los cuales sumarían aproximadamente $ 90.000, se habrían recaudado entre julio de 2017 y marzo de 2019, cuando Churuchumbi era alcalde, mediante un convenio suscrito entre la Asociación de Trabajadores Municipales del Gobierno Autónomo Descentralizado, Intercultural y Plurinacional de Cayambe y una organización política a la que pertenece el hoy exalcalde.

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Guillermo Churuchumbi dirigirá la línea política del movimiento Pachakutik

El fiscal provincial de Pichincha explicó en la audiencia de formulación de cargos que el entonces alcalde, aprovechándose de sus funciones, habría dispuesto a la Dirección de Talento Humano del Municipio de Cayambe que solicite a la Asociación de Servidores Municipales se realice el débito de un porcentaje de sus remuneraciones.

Para ello, según se señaló en la audiencia de formulación de cargos, a los servidores se les hacía suscribir unos documentos en los que autorizaron los descuentos. Según la teoría de la Fiscalía, estos dineros se entregaban en cheques a Segundo Ramón L., representante de la organización política.

Según el acta de la audiencia, el expediente del caso se inició por una denuncia presentada por exconcejales del Municipio de Cayambe para que se investigue la gestión de Churuchumbi. Se refirió en la denuncia que los diezmos se daban por el 5 % de la remuneración para quienes tenían la modalidad de contratos ocasionales.

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Se habían realizado descuentos a los servidores por disposición del alcalde Luis Guillermo Churuchumbi, se ordenó a través de Talento Humano el descuento del 5 %, para lo cual era el director de Talento Humano quien presuntamente realizaba los débitos y les hacía suscribir un acta de manera involuntaria. Cada servidor solicitaba este trámite para entregar al financiero y se entregaba el dinero al director de Pachakutik”, se sostiene en el documento subido en el sistema electrónico de causas, Satje.

Versiones de los procesados, de funcionarios y exfuncionarios del Municipio de Cayambe, copias certificadas de contratos por servicios ocasionales, oficios, pericias, informes económicos y balances financieros, entre otros documentos, son parte de los elementos de convicción que le sirven a la Fiscalía como base para el procesamiento penal.

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La defensa del exalcalde aclaró que no se ha manifestado que en las versiones dadas dentro de la investigación que existió una coerción o disposición expresa para el cobro del 5 %, por ejemplo, a policías metropolitanos. Criticó a la representante de la Procuraduría General del Estado por solicitar como reparación integral $ 100.000, pese que no existe una pericia contable que lo defina o demuestre.

El juez Lauro Sánchez Salcedo, de la Unidad Especializada en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, ordenó para los cinco procesados la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. Luis Guillermo Churuchumbi y Milton Moncayo deben hacerlo ante las dependencias de la Fiscalía Provincial de Pichincha, en el cantón Cayambe; mientras que los otros tres imputados lo tendrán que hacer en las oficinas de la Fiscalía en Quito. (I)