La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori (Pachakutik), además de pedir a Contraloría General del Estado que realice una auditoría del contrato que ha sido cuestionado por los precios de alimentos, dispuso que se suspenda su ejecución, y pidió la renuncia a 21 colaboradores de libre remoción que prestan sus servicios en su despacho y forman parte de su equipo de trabajo.

El propósito de esto último es entrar a un proceso de evaluación respecto a la tarea que viene cumpliendo su equipo, por eso pidió que “pongan a disposición sus cargos de libre nombramiento y remoción; así como la renuncia a los contratos de servicios ocasionales”.

El pedido de renuncia se realiza luego de la publicación en medios respecto a la suscripción del contrato de servicio de logística para reuniones, eventos, actos y ceremonias protocolarias y conmemorativas de la Función Legislativa por $ 100.000, cuyo proveedor es Fredy Godoy Proaño, con fecha 10 de septiembre de 2021. En un rueda de prensa del pasado 20 de septiembre, tres funcionarios administrativos de la legislatura trataron de justificar la suscripción de este contrato que incluye la adquisición de empanadas de $ 6 cada una.

Funcionarios legislativos justifican la compra de empanadas a $6 para eventos protocolarios de la Asamblea Nacional

Llori, ante medios legislativos, afirmó que hasta ahora no se ha cancelado un solo centavo del contrato, y que ha dispuesto que se suspendan todos los procesos administrativos y financieros que se encuentren en marcha y planificados, para que lo revise minuciosamente un equipo especializado y se valore su continuidad o terminación.

Entre los 21 colaboradores consta la administradora general encargada, Janneth Puetate Preciado; Cecilia Velasque Tigse, coordinadora general de Participación Ciudadana y además es dirigente del movimiento Pachakutik; María Paulina Moreno Ruiz, secretaria encargada de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, quien suscribió el contrato de servicios de alimentación para eventos protocolarios para la Asamblea Nacional por el monto de $ 100.000.

Igualmente, consta Gustavo Isch Garcés, secretario de comunicación; Verónica Zapatier, jefa de despacho de la Presidencia; Rut Durango Estrada, coordinadora general financiera; Alba Sánchez Gómez, coordinadora general de Talento Humano; Diego Almeida Valencia, coordinador general de Planificación; Santiago Salazar Armijos, coordinador general encargado de Asesoría Jurídica; Ángel Medina Lozano, coordinador general de Relaciones Interinstitucionales.

En la lista de las personas que deben presentar su renuncia están Digna Gutiérrez Ruiz, coordinadora general de comunicación institucional; Andrea Brito Chapi, coordinadora general de Medios legislativos; Francisco Suasti Salazar, coordinador general de Relaciones internacionales; Paúl Abad Cordero, coordinador general de Protocolo; Tito Silva Reyes, coordinador de Escuela legislativa; Eddy Peñafiel Izquierdo, exasambleísta y asesor institucional; Óscar Sánchez López, asesor de Presidencia; Diana López Mariño, asesora política; Julio César Sarango, asesor jurídico; Vander Rodríguez Abarca, asesor de Logística y avanzada; y, Paulo Gaibor Iza, coordinador general encargado de la Unidad Técnica Legislativa. (I)