El Gobierno oficializó la presentación del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública. Tal como se había anunciado, la tarde de este martes 25 de enero la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, junto con el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, entregaron el documento a la Asamblea Nacional.

Vela y Pozo acudieron al palacio legislativo alrededor de las 18:00. Una hora antes, en Carondelet, el presidente Guillermo Lasso firmó el proyecto de ley y comentó que tiene como objetivo fortalecer a la fuerza pública y respaldar su labor.

No volverán a sentirse desprotegidos en el cumplimiento de su deber. Proponemos un solo cuerpo normativo que permita desarrollar acciones y mecanismos para la labor conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el fin de dar una respuesta integral a la seguridad”, mencionó el presidente.

El cuerpo legal tiene 24 páginas con 46 artículos que están divididos en un título preliminar y siete títulos, dos disposiciones generales y dos transitorias.

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Dentro de la parte preliminar se detalla que el objeto de la ley es el uso de la fuerza por parte del Estado y los agentes que conforman la fuerza pública, así como reformar las disposiciones relativas a la seguridad pública y del Estado y al derecho penal y procesal penal en cuanto afecten la seguridad ciudadana.

A continuación se establecen cinco definiciones. Una de ellas es el uso progresivo de la fuerza: “Es el empleo de fuerza física por parte de servidores policiales, militares o del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria para cumplir su misión constitucional y legal de protección de derechos y libertades. Este empleo de la fuerza física se regula según lo preceptuado en el título primero de esta Ley y debe someterse a la graduación y adecuación de los medios y métodos a disposición del servidor público de acuerdo a los niveles de riesgo, ataque, resistencia o cooperación”.

Los siete títulos adicionales que componen el proyecto de ley son los siguientes:

  1. Normas que regulan el uso progresivo de la fuerza
  2. Reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado
  3. Reformas al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y de Orden Público
  4. Reformas al Código Orgánico Integral Penal
  5. Reformas a la Ley Orgánica de Extinción del Dominio
  6. Reformas al Código Orgánico de la Función Judicial
  7. Reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público

En la parte de exposición de motivos del cuerpo legal se señala que “el problema de inseguridad que ha aquejado al Ecuador desde hace varios años es multifactorial. No tiene una causa única y por tanto tampoco tiene una solución única. Requiere que las distintas instituciones públicas y la sociedad emprendan juntas, cada una desde sus atribuciones, una variedad de políticas y acciones”.

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Así mismo, se muestran estadísticas de la Policía Nacional que retratan la situación que atraviesa el país.

Por ejemplo, en 2021 la tasa anual de homicidios fue del 14,06 %, con 2.496 casos; cuando en 2020 el índice fue del 7,83 %, con 1.371 crímenes. En lo que va de enero de 2022 ya se cuentan 237 muertes por homicidio intencional, mientras que el año pasado fueron 89.

En cuanto a denuncias de delitos, las cifras revelan que en diciembre de 2020 fueron 4.676; para diciembre de 2021 subieron a 5.816.

Una vez que se entregó el proyecto de ley, la ministra de Gobierno expresó que “se cumplió” con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. “Espero que el Legislativo pueda tratarlo de manera urgente, teniendo en cuenta las necesidades del país”, dijo Vela. (I)