A través del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes, el Gobierno busca incrementar la pena de cárcel hasta 26 años a quienes cometan este delito.
Abogados, un sociólogo y asambleístas expresan sus consideraciones sobre la propuesta del Ejecutivo, la cual determinan positiva, aunque observan que se debe trabajar también en la prevención para evitar que los grupos de delincuencia organizada coopten a niños y adolescentes.
Actualmente, el reclutamiento de menores está tipificado en dos artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP): el 127 y el 369.1.
El primero establece que “la persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, o independientemente de este, reclute o enliste a niñas, niños o adolescentes en las fuerzas armadas o grupos armados o los utilice para participar en el conflicto armado será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”.
Mientras que el siguiente artículo señala: “La persona que, de manera individual o como parte de una estructura delictiva, reclute o enliste a niñas, niños o adolescentes con el propósito de que comentan conductas tipificadas como delitos será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. La sanción será de trece a dieciséis años si el reclutamiento tiene relación con el cometimiento de delitos de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, contra la integridad sexual y reproductiva, delincuencia organizada, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, sicariato, extorsión, robo o terrorismo”.
En cambio, el proyecto de ley propone reformar el artículo 127 del COIP con el aumento de pena de 22 a 26 años.
A su vez, sugiere reformar el artículo 369.1 para que el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes con fines delictivos sea sancionado con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. “Si el reclutamiento tiene relación con el cometimiento de infracciones penales, la persona será sancionada con pena privativa de libertad de 22 a 26 años”, dice la iniciativa.
Para la abogada litigante en derecho penal Dominique Dávila, la propuesta presentada por la vicepresidenta María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg, refleja un trabajo constante y cercano con la niñez y la adolescencia, pero observa que si bien la iniciativa es viable, no es imprescindible.
¿Por qué? Dávila considera que el problema no es la inexistencia del tipo penal, sino una aplicación deficiente en cuanto a la estructura del Estado. “El COIP, en el momento de tipificarlo, nos da una lógica constitucional y penal; no hay un vacío normativo real. Lo que existe es un déficit de política criminal, de prevención y de persecución”, aclara.
La jurista sostiene que con el incremento en la pena para este delito el régimen buscaría la advertencia o la disuasión. Resalta que detrás de esta intención hay un mensaje político de firmeza: posicionar que se está trabajando por la niñez con penas duras y firmes, implementando nuevamente el discurso de que quien no esté de acuerdo tiene alguna relación con el crimen organizado.
“Penas de 22 a 26 años, que se aproximan a las del asesinato o el homicidio, rompen de manera teórica la graduación lógica que mantiene el Código Orgánico Integral Penal, que es lo que se conoce como la racionalidad del sistema penal”, añade.
Dávila señala que, más allá del incremento de los años de cárcel para quien incurra en este delito, se debe atender el problema estructural mediante la implementación de mecanismos de prevención del reclutamiento o asignar una fiscalía especializada para este tipo de delito.
El abogado y exasambleísta Jorge Peñafiel observa que, en primer lugar, se debe evaluar si este tipo de reformas son o no útiles para la sociedad, pues argumenta que hay cientos de proyectos de ley en la Asamblea Nacional para endurecer penas. Por tanto, recalca, una propuesta para endurecer las penas por el reclutamiento de niños sigue siendo un proyecto de ley común y corriente.
Al igual que Dávila, Peñafiel examina que la propuesta debe apuntar a un cambio estructural para atacar este problema.
“El endurecimiento de las penas no necesariamente reduce la tasa de cometimiento del delito; se pueden imponer mil años de sanción, pero si esto no viene acompañado de medidas socioeducativas, de resolver los problemas de la gente y de acercar el Estado mediante educación, salud y mejores condiciones de vida, la situación no va a mejorar”, analiza.
La lectura de Jorge Peñafiel sobre el proyecto no es alentadora, pues puntualiza que “hablar de endurecer las penas y presentar la propuesta con bombos y platillos no reduce este delito”.
“El delito se reduce con otro tipo de acciones sumadas a las reformas. No creo que esto tenga un resultado de cambios verdaderos y generales en la sociedad; las tasas de estos delitos seguirán incrementándose si no se actúa directamente para evitarlo”, estima.
Como exasambleísta, Peñafiel precisa que al ser un proyecto de ley ordinario puede demorar años en tratarse y no atender con urgencia el problema de reclutamiento. Frente a esto, dice el jurista y político, el Gobierno debe buscar otras vías.
Al analista en seguridad y derechos humanos Ismael Bernal le llama la atención que el Ejecutivo apunte a penas duras y no a la prevención.
“En los últimos tres periodos se ha vendido discursivamente que las penas más duras resuelven problemas estructurales, lo cual es falso. Desde la sociología, hemos visto que este reclutamiento forzado no ocurre estrictamente mediante el uso de la violencia y de la fuerza, sino que existen otros mecanismos que el Estado no está revisando, como la seducción por redes sociales”, repasa.
Para Bernal, cuando no se atacan las bases estructurales y el Estado abandona a las infancias, estas quedan más propensas a ser reclutadas.
El sociólogo también observa algunos vacíos en la propuesta del Gobierno, como un “populismo punitivo” sin garantías reales de que se vaya a dar con el paradero de quien recluta a los niños y los adolescentes, cayendo en la criminalización de las infancias y adolescencias.
“No han mencionado cómo van a identificar a los menores que están siendo reclutados. Hay sospechas en los planteles educativos y en los sectores, pero el Estado no ha desarrollado un instrumento que posibilite identificar los parámetros de ese reclutamiento”, precisa.
Otra de las falencias, agrega, es que desde el Estado no se ha construido un indicador con cifras exactas para categorizar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con Ismael Bernal, actualmente cerca del 90 % de los homicidios totales de niños, niñas y adolescentes se concentra en Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas, El Oro y Pichincha. Esto, puntualiza el analista, significa que debe haber una articulación interinstitucional, ya que este proyecto no puede ser solo una propuesta del Estado central, sino que debe realizar acercamientos con las instituciones y gobiernos locales.
Qué dicen los legisladores
Andrés Castillo, asambleísta suspendido de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), respalda el proyecto de ley y argumenta que el incremento de penas se justifica en el hecho de que el reclutamiento es tan grave como un asesinato porque se está consumiendo la niñez de los jóvenes.
“Considero que después de la violación, para mí, es el segundo delito más grave. Si se viola a una persona, se la marca de por vida. De igual forma, si se recluta a un joven para que aprenda a matar, violar, secuestrar o extorsionar, se le está destruyendo la existencia. Es matarlos en vida”, resalta.
El legislador y abogado precisa que la idea no es aumentar la pena del reclutamiento en sí misma, sino establecerlo como una circunstancia agravante frente a la comisión del delito.
“En el derecho penal existen circunstancias agravantes y atenuantes que los jueces analizan en cada caso; la intención es que el reclutamiento de menores sea un agravante”, especifica.
Castillo recuerda que no es la primera vez que el Ejecutivo plantea incrementar penas para ciertos delitos que también pueden cometer menores de edad. Repasa que se lo hizo en la Ley de Integridad Pública, declarada inconstitucional por la Corte Constitucional por la forma, mas no por el fondo.
“En dicho proyecto, planteamos que a los menores de edad se les impongan hasta 16 años de medidas socioeducativas, con la ventaja de que si delataban al reclutador, la pena se reducía hasta en un 50 % (...). Partiendo de ese principio de atacar al reclutador, ahora se ha incluido una norma presentada por María José Pinto. Ese proyecto ya se entregó, yo lo voy a apoyar, seguramente la bancada también”, anticipa.
Por su parte, Mireya Pazmiño, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) e integrante de la Comisión de la Niñez, recuerda que el reclutamiento de niñas, niñas y adolescentes es un delito ya tipificado en el COIP y considera que el problema no está en una mayor pena para los reclutadores, sino en las alternativas que la sociedad les da a la niñez y la juventud.
“Mientras que desde el Estado no se presente un programa de educación, deporte y de cultura de calidad, nuestros niños, niñas y adolescentes, en muchos lugares del país, están a expensas de las mafias, y sancionaremos a un reclutador, pero aparecerán diez más”, opina.
En este sentido, la legisladora recalca que lo que se debe hacer desde el Estado y la sociedad es dar alternativas a los niños y los adolescentes y sacarlos de las garras de la delincuencia.
El proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes fue presentado en el Legislativo el pasado 21 de enero.
La iniciativa ya fue admitida por el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) y pasó a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, presidida por la oficialista Rosa Torres, aunque la mesa legislativa, con mayoría de asambleístas de ADN, aún no ha sesionado para avocar conocimiento y arrancar con el procesamiento de esta propuesta. (I)